Poner la casa en orden

Editorial

El Gobierno anterior vendió la idea del bono Proteger como el salvador económico de las familias que vieron sus bolsillos golpeados como producto de la pandemia por Covid-19.
La propuesta, si bien fue muy loable, resultó muy mal encausada pues cuando estaba en manos de ellos hacerlo de la mejor manera, salió un arroz con mango por el cual el Estado perdió un montón de plata.
Sí, la pandemia cayó como balde de agua fría y por ella a miles de trabajadores les disminuyeron los ingresos, además hubo decisiones empresariales como despidos, suspensiones de contratos y reducciones de jornadas que afectaron a miles de familias costarricenses.
Desde el día 1 en que el Poder Ejecutivo anunció la propuesta de los subsidios para beneficiar a las familias, la gente en Tiquicia no lo vio mal, sin embargo, desde el principio hubo situaciones que a claras luces iban a generar problemas.
Y lo peor: dichas situaciones fueron denunciadas por los medios de comunicación, pero muchos prefirieron hacerse de oídos sordos, no sabemos si por no dar el brazo a torcer o porque a priori ya se sabía que sería posible aprovechar los portillos para hacerse de un dinero que no les correspondía.
La verdad, desde el puro principio se observó que su manejo se tornaría en un enredo y en una misión titánica con muchos errores, que a la larga tendría severas implicaciones a la hacienda pública.
Aun cuando los funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hicieron su esfuerzo para que los más golpeados tuvieran pronto sus recursos, no es justificación la prueba-error que realizaron en los procesos de depósito.
El problema con esta manera de hacer las cosas, como al chancho chingo, es que abrió un portillo para que recibieran el dinero muchos que no ocupaban la ayuda, no la merecían o hasta para que llegara a personas muertas, reos y hasta empleados públicos que sin tener ningún perjuicio salarial quisieron hacerse de plata fácil.
Por eso, el pueblo en general se siente satisfecho con la iniciativa del actual Poder Ejecutivo, el cual les anunció a los empleados públicos que recibieron este dinero que tienen un mes para devolverlo.
Y es que haciendo cálculos no son 5 pesos lo que se dejaron, sino nada más y nada menos que ¢490 millones, así que quienes se compraron cosas con este bono o se fueron a pasear posiblemente hoy en día se estarán arrepintiendo.
Lo más preocupante es que bastantes funcionarios se quisieron pasar de vivillos, en total 1.309 empleados del sector público optaron por el bono lo obtuvieron, tal vez dejando sin este dinero a personas que no tenían trabajo, o a quienes estaban a media jornada.
Muchos pensarán que no es tanto el dinero que se dejó cada uno, sin embargo, no podemos pasar por alto que pudo servir para dárselo a personas que realmente lo ocuparan.
Esperemos que la conciencia y la prudencia se hagan presentes en estos funcionarios públicos que recibieron ese dinero sin merecerlo o, peor aún, hasta sin necesitarlo, porque, como todos sabemos, ellos no fueron parte del sector afectado.
Muchos podrán tratar de escudarse en que su familia sí tuvo perjuicio, pero vale dejar claro que solo tenían permitido pedirlo quienes sufrieron rebajo de jornada o fueron despedidos, pero ellos a título personal, no sus familiares, menos si eran funcionarios públicos.
Se torna muy lamentable pensar que con este dinero mal entregado pudo haberse ayudado a casi 4 mil familias más, porque también de buena fuente conocemos casos en que, a pesar de que todos los miembros de un núcleo familiar se quedaron sin trabajo o les rebajaron sus jornadas, no recibieron un solo cinco.
Asimismo, no entendemos para qué las autoridades pidieron tantos datos si al parecer quienes solicitaron la ayuda y no debían optar por ella ahora son ilocalizables. Se puede decir que esa plata es casi irrecuperable.
El tema es que los recursos no se les dieron a 10 o 100 familias; en total se vieron beneficiadas 724.330 personas, a quienes les repartieron ¢244.151 millones.
Cuando vemos este tipo de situaciones, no queda más que darle la razón a la Contraloría General de la República, pues en varias ocasiones ha denunciado una serie de anomalías con el bono Proteger y todos aquellos que se hacen los indignados cuando les toca dar la cara, porque al parecer les quedó grande el puesto y no supieron ejecutar sus funciones.
Los recursos del Estado no se pueden manejar como si no fueran de nadie, alguien debería hacerse responsable y no solo tirarse la bola o esperar a que algunos se dignen a tener vergüenza para devolver el dinero que no les correspondía.