La medida podría incluirse en un proyecto de ley sobre el aborto destinado a consolidar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos reproductivos, que se espera que sea aprobado por el consejo de ministros el martes.

"Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día", escribió en Twitter el viernes la ministra de Igualdad, Irene Montero, dirigente del partido de extrema izquierda Podemos, socio minoritario de la coalición de gobierno con los socialistas del primer ministro Pedro Sánchez.

Sin embargo, se desconocía si las discusiones en el seno del ejecutivo desembocaron realmente en un acuerdo entre Podemos y los ministros socialistas que ocupan las carteras económicas sobre el alcance exacto de esta "baja menstrual".

Según los medios de comunicación españoles que han tenido acceso a una versión preliminar del proyecto de ley, elaborada por el ministerio de Igualdad, la duración de este permiso sería de tres días, con la posibilidad de ampliarlo en dos días más en caso de síntomas agudos, basándose en un certificado médico.

Desde Podemos insisten en que se trata de cubrir aquellos periodos que provoquen un dolor que incapacite, no "una leve incomodidad", afirmó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, también de Podemos.

- Riesgo de "estigmatización" de las mujeres-

En los últimos años, algunos países han introducido en su legislación el derecho a la "baja menstrual", sobre todo en Asia, pero de momento ningún país europeo lo ha hecho. En Francia, algunas empresas permiten a sus empleadas dejar de trabajar durante la menstruación, pero el "permiso menstrual" no está incluido en la ley ni en los convenios colectivos. 

De este modo, España vuelve a aparecer como pionera en Europa en materia de derechos de la mujer. Pero el debate es intenso porque, mientras el ala más izquierdista del gobierno lo impulsa, algunos ministros socialistas se muestran reticentes, temiendo que una medida así, por su elevado coste, sea en realidad contraproducente, al "estigmatizar" a las mujeres y propiciar la contratación de empleados masculinos.

Así, la ministra de Economía, Nadia Calviño, mostró sus reservas. Se trabaja en "distintos borradores" de esta ley, dijo la número dos del gobierno, antes de advertir que "el gobierno no tomará ninguna medida que estigmatice a las mujeres".

Tampoco hay unanimidad entre los sindicatos. 

"No podemos poner otra vez el foco de atención sobre las mujeres", avisó Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de la UGT (Unión General de Trabajadores), en declaraciones a la televisión Antena 3, expresando su temor a medidas que "van a discriminar o a dificultar nuestra entrada en el mercado laboral".

Para Comisiones Obreras (CCOO), el otro gran sindicato español, en cambio, la baja por menstruación está "perfectamente justificada", según su secretario general, Unai Sordo.

Ana Ferrer, de la Asociación de Afectadas de Endometriosis [ADAEC], una condición ginecológica que tiene entre sus síntomas unas reglas especialmente dolorosas, consideró que, "más que una baja [médica], necesitamos el reconocimiento de nuestra discapacidad en los casos, evidentemente, en que se presente esta discapacidad", explicó a la AFP. 

"Hablamos de reglas en las que las mujeres pierden el conocimiento o no se pueden levantar de la cama, porque verdaderamente no pueden andar, ni orinar, ni ir al baño. Cuando ocurre eso, ya no es una cuestión de una baja médica, es cuestión de ir al ginecólogo y poder encontrar un diagnóstico", explicó Ferrer, lamentando que el proyecto de ley, en los términos en que ha trascendido, está provocando "discriminación y burla".

La introducción del "permiso menstrual" sería una de las medidas emblemáticas del proyecto de ley, pero no la única.

El ministerio de Igualdad quiere incluir la supresión total del IVA en los productos de higiene femenina. 

El texto también prevé aumentar el acceso al aborto en los hospitales públicos y permitir que las menores puedan abortar sin el permiso de sus padres a partir de los 16 años.

El aborto en España se despenalizó en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero la interrupción del embarazo sigue siendo un derecho difícil de ejercer en un país de fuerte tradición católica, donde la objeción de conciencia de los médicos es muy numerosa y donde los movimientos antiabortistas son muy activos.