El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea acogió el recurso interpuesto por el abogado de 18 estudiantes de la Universidad de Iberoamérica (Unibe) tras estar en desacuerdo con lo establecido por el Tribunal Penal.
El debate en perjuicio del grupo de universitarios se siguió por el delito de estafa tras aparentes problemas en el desarrollo de la materia impartida en dicho centro de estudio, luego de matricular el curso del diplomado Técnico en Microbiología.
Sin embargo, los jueces de dicho tribunal determinaron que la universidad debía pagar ¢2,1 millones (¢1 millón por daño moral y ¢1,1 millones por daño material) a cada uno de los estudiantes.
Cabe mencionar que, tras la resolución de los jueces, los defensores iniciaron la apelación, con la cual buscarían que el monto otorgado a los universitarios sea de mínimo ¢4 millones por los daños económicos ocasionados.
Según supo DIARIO EXTRA, algunos de los afectados tuvieron que abandonar sus estudios debido a la falta de recursos.
En el proceso cuatro imputados de apellidos Blanco, Hernández, Leiva y Grace fueron absueltos por un mal planeamiento de la querella.
El caso se tramitó en el expediente 17-000279-0175-PE.
ADMISIBLE
El Periódico de Más Venta en Costa Rica conversó con Joseph Rivera, abogado querellante, quien dijo que el alegato presentado ante el Tribunal de Apelación se avaló luego de presentar abundante prueba que reafirmaba los hechos denunciados por los universitarios.
“La apelación fue admitida, cumplía con todos los requisitos de admisibilidad, nos están dando cinco días para que nos refiramos a la apelación que presentó el abogado de la Unibe y ellos apelaron en relación de los montos, siguen con la tesis de que no hay que pagarles todo, lo cual es falso”, explicó.
Rivera dijo que el delito de estafa habría sido cometido, por lo cual ante el tribunal de juicio buscarán que a los encartados les impongan alguna pena de prisión.
“Ellos no se refirieron a ese tema, vamos a ir con la tesis que hay que ponerles dos años de prisión a los cuatro imputados, que ellos participaron en el delito de estafa, que la querella sí cumple con los requisitos legales que establece el artículo 76 y 303 del Código Procesal Penal. Presentamos prueba abundante en materia de apelación para que dicho tribunal valore que los estudiantes, con las certificaciones que yo aporté, pagaron entre ¢2.800.000 para los que terminaron ese nuevo diplomado y hasta ¢20 millones que pagó una muchacha que estudió la carrera de Licenciada en Microbiología”, añadió.
REGLAMENTO
El abogado querellante mencionó a este medio que presuntamente la universidad incurrió en prácticas desleales hacia los estudiantes, al no resarcirles sus derechos.
“Eso es improcedente porque la ley de la competencia del consumidor en el artículo 35 y 38 establece que es facultad de estas instituciones privadas resarcir los daños y perjuicios. Ellos se encuentran muy contentos con la aceptación de la apelación, porque quieren justicia y están deseosos que esto culmine para que la universidad pague lo que tenga que pagar y se genere un precedente”, recalcó.
Rivera enfatizó que durante el desarrollo del contradictorio no recibieron apoyo por parte del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), que a su criterio debe ser garante de los derechos de los jóvenes que pagan por los estudios.
“El Conesup está pintado y dicen que no se meten en esas cosas, me parece improcedente por parte de ellos decir semejante cosa, ellos están en la obligación de velar por una buena educación en este país. No hubo ningún apoyo, se lavan las manos, dicen que ellos solo regulan las carreras de diplomado, bachiller, licenciatura, maestrías y doctorados. Podemos decir que cualquiera se puede poner una universidad, abre unos cursos y engañan a la gente”, concluyó.
Las partes involucradas están a la espera de alguna notificación que les indique la fecha de una nueva audiencia.
PERIODISTA: Erick Melendez Delgado
CRÉDITOS: Foto: Daniel Johnson
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Jueves 07 Abril, 2022
HORA: 12:00 AM
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