Diario Extra - 'Avanzaremos contra la elusión y evasión en C.R.'

Impulsar políticas contra el fraude y evasión fiscal, además de generar reactivación en las comunidades.
Esa es parte de la propuesta del candidato del Partido Frente Amplio (FA), José María Villalta Flórez-Estrada, quien señala que, en caso de llegar a Casa Presidencial, impulsará políticas en defensa de las instituciones del Estado y desarrollo social con perspectiva de género.
Este es un extracto de la entrevista que brindó Villalta a DIARIO EXTRA.
¿Qué propone en materia de reactivación económica?
-Deben ponerse a trabajar los recursos de Banca para del Desarrollo. Hay más de $100 millones que no se usan en créditos. Hay que poner a andar el Fondo de Avales. En zonas rurales: proyectos de maricultura y reactivación del sector pesquero, darle valor agregado a la producción. Además, deben democratizarse las compras públicas, cambiar el modelo que solo beneficia a dos o pocas empresas. Los contratos deben hacerse de forma regionalizada. Además, debe haber distribución de cargas tributarias: exonerar de renta a empresas pequeñas e impulsar medidas para combatir el fraude fiscal. Daremos incentivos por empleo joven, direccionar programas del Ministerio de Trabajo pensando en las regiones y avanzar con perspectiva de género.
¿En qué consiste?
-Hay fondos para capacitación de mujeres que están dispersos y hay que ponerlos en acción. Debemos ampliar la red de cuido: hay recursos ociosos del PANI y deben usarse. Todo eso se debe empatar con una política educativa para que las labores de cuido no solo recaigan sobre las mujeres. Se debe remunerar el trabajo doméstico y convertir varios programas de Fodesaf en una renta mínima feminizada que dé un ingreso a todas las jefas de hogar en pobreza.
Usted heredaría la agenda del FMI. ¿Qué hará con ella?
-Plantearíamos una renegociación con ellos. Les expondríamos que este gobierno no hizo su tarea y esa agenda no tiene viabilidad política y social. Construiríamos una agenda sin impuestos, con un énfasis contra la evasión y elusión fiscal. El gobierno decía que, si la agenda no se aprobaba, iba a ser el apocalipsis, pero ya han reconocido que su propuesta es inviable.
¿Cierre de instituciones?
-Hay que hacer una reforma del Estado en muchas instituciones. Algunos candidatos hablan de cerrar instituciones para ahorrar plata, aunque la gente quede peor. Lo que hay que hacer es reformarlas para que cumplan a la gente y si hay gente que no cumple, promoveremos su sanción. Debe haber clima de diálogo, pero alcahueterías no. En algunas hay que recortar gasto superfluo, pero en otras se necesita mejorar los servicios.
¿Qué pasará con la Ley de Empleo Público?
-En cualquier momento, podría salir un voto de la Sala IV diciendo que se ocupan 38 votos. Si quieren cumplir lo que buscan, se necesita otro proyecto. Ese proyecto está lleno de desastres. Nosotros tenemos una serie de reformas y esa ley no es la solución.
¿De qué forma le va a entrar al tema de evasión y elusión?
-Hay que reordenar cargas tributarias a pequeñas empresas e independientes. Esa gente paga impuestos y está hasta el cuello. En contraparte, hay que cerrar portillos que favorecen evasión en aduanas y desde las zonas francas. Con los regímenes de exoneraciones, se han dado abusos en donde sectores que podrían contribuir tratan de usarlos de portillo para no pagar. Si cerramos portillos, bajamos impuestos a los pequeños. El fraude y evasión podrían ser equivalente al monto de déficit fiscal del Estado.
¿Cuál sería el futuro del Cosevi en su gobierno?
-Hay que eliminar los consejos del MOPT y hay que devolverle sus competencias en infraestructura y transportes. Los consejos han servido para que el zorro cuide a las gallinas. Cuando hay broncas, se tiran la bola y nadie asume responsabilidades. El CTP es el mejor ejemplo: los usuarios son los más afectados. No hay servicio de calidad, buses deficientes, no se protege a la gente.
¿Aresep?
-Hay que hacerle cirugía mayor: intervención urgente. No es posible que no fije. No hacen análisis, sino que aplican fórmulas automáticas que se podrían hacer hasta por computadora. No se necesita una institución para aplicar fórmulas automáticas. Aresep archiva prácticamente todas las denuncias y hay que transformar esa institución. En el transporte público es peor: diluyeron responsabilidades con el CTP. Nunca atienden las necesidades de la gente.
¿Regulación de plataformas?
-En el modelo actual solo ganan las plataformas. La marea roja está sufriendo y lo que se debe hacer es la formalización y respeto de derechos laborales. Los rojos quieren indemnización, pero hay que ver la viabilidad.
¿Recope?
-Hay que transformarlo.
¿Qué reformas haría en la Caja?
-Hay que defender el presupuesto y el gobierno debe pagarle a la Caja. La CCSS se ha visto obligada a ampliar servicios, pero sin presupuestos y el Estado debe cumplir sus compromisos. Otro tema: en el 2000, se aprobó la Ley de Protección al Trabajador. Ahí se indica que un 15% de las utilidades de empresas públicas tiene que destinarse para el seguro de trabajadores independientes. Si se hubiera hecho, la vida útil del IVM se hubiera extendido en 12 años y se hubiera creado un fondo para subsidiar el seguro para trabajadores independientes de bajos ingresos. Por más de 12 años no lo hicieron y hay que ordenar las finanzas de la Caja. También se deben hacer figuras de seguros colectivos.
¿Y de dónde va a agarrar el Estado para pagar todo lo que debe?
-Va a tener que conciliar. El Estado se ha comportado como un evasor irresponsable que se esconde y no asume lo que debe. Hay deudas que han venido creciendo. Una de ellas es la del MEP, el cual no ha venido pagando las cuotas del seguro de los educadores. En media pandemia, había educadores que iban a la clínica y les decían que no los podían atender porque su patrono no les había pagado la cuota. El Estado tiene que hacer arreglos de pago y se debe hacer un plan que le dé seguridad a la CCSS.
¿Listas de espera?
-Planteamos una ley para sancionar los biombos. En algunos casos, hay que ampliar turnos y hay que mejorar el acceso a especialistas. Establecer dedicaciones exclusivas para los especialistas de la Caja que garanticen el servicio. Hay que tomar decisiones, mejorar la prestación de servicios.
¿Respecto a pensiones?
-Hay que ordenar el desastre que hay en la Dirección de Pensiones de la Caja. Inversión transparente de recursos y no con chambonadas.
¿Tomaría fondos del IVM para obra pública?
-La Caja ya está habilitada. Si se hace bien, es una gran oportunidad, pero depende de que se invierta. Si la Caja fuera accionista en ruta 27 o APM Terminals, tendría mucha plata. Aquí lo que se han hecho son contratos leoninos. En la 27 toda la carga cae al pueblo y el inversionista solo cobra y cobra. Ese no puede ser el modelo. Tiene que haber un comité de inversiones bien estructurado y no puestos en el cargo por temas politiqueros, que decidan qué inversión se pueden hacer.
¿Sicop?
-Hay que cambiar las compras públicas. En obra vial, se demostró que está hecho el sistema para que dos empresas sean favorecidas. Aparte, cobran sobreprecios al Estado y dejan las obras mal hechas. Hay que ampliar Sicop para que todos los contratos entren por ahí y cambiar el modelo de contratación para que las licitaciones también puedan ser ganadas por empresas pequeñas, locales. Los contratos deben ser regionalizados. Incluso, la misma ciudadanía fiscalizaría. Sicop debe ser más amigable y no va a funcionar si no se cambia el modelo de licitación hecha a la medida. Hay que entrarles también a las proveedurías y limitar las compras directas. Las prioridades de obra pública deben ser en función de la comunidad y no deben definirse por un funcionario corrupto que arregla un puente en la finca de Darwin en Corredores.
¿Ventanilla única?
-La ampliaríamos. No hay justificación para que haya trámites en el Estado que no sean en línea. Además, no hay justificación para que gente que está en Guanacaste tenga que venir hasta San José por un trámite. Deben ser descentralizados y se puede coordinar un gobierno digital.
¿Qué plantea en materia educativa?
-Hay que volver a la presencialidad con todas las garantías sanitarias, atendiendo el rezago en infraestructura, declarando emergencia.
¿Ya tienen nombres para su gabinete?
-Se han definido los perfiles de la gente que queremos nombrar en cada ministerio: nada hacemos poniendo a una persona que sepa mucho del tema si no puede dialogar con los sectores. Aparte, deberán firmar compromisos éticos: cero tolerancias al hostigamiento sexual, violencia de género, estar al día con las obligaciones tributarias, publicidad sobre sus intereses patrimoniales, rechazar nombramientos de familiares. Nuestro gabinete será paritario.
Muchos lo critican a usted por su ideología. Algunos dicen que recibe fondos de Cuba y Venezuela.
-Puro cuento. Nunca hemos tenido una denuncia o irregularidad por nuestras campañas. Nuestra campaña se financia por nuestra propia militancia y por préstamos. Algunas instituciones, como los bancos públicos, no quieren financiar la democracia. Cooperativas no quieren financiar tampoco. Hay una directriz a los bancos públicos para que no financien partidos. Nuestra campaña es austera.
Aun así, hay gente que lo sigue asociando con esos países y le da miedo que Costa Rica tenga un camino similar por su visión ideológica.
-Yo soy un demócrata y el Frente Amplio se distancia de cualquier gobierno que siga sendas autoritarias. Más bien, otras fuerzas políticas ponen en riesgo a la democracia. Todas nuestras luchas han sido en el marco constitucional.
¿Qué propone en materia de corrupción?
-Hay un mensaje de impunidad por parte de los partidos que han sido cómplices de la corrupción. Hacen medidas cosméticas: Figueres dice que separó gente de su campaña, pero es para que no le afecte en sus elecciones. Lo mismo cuando se cerró la comisión investigadora del narcotráfico en la Asamblea Legislativa. Ahí se cruzó una línea roja en el país: se alcahuetearon casos y se manda la señal de que los narcos pueden entrar al Congreso o a las municipalidades y no pasa nada. Eso hace mucho daño porque se manda una señal de impunidad. Esperamos que, con la investigación del caso Diamante, siga saliendo gente y nuevos diamantes. Necesitamos que no prescriban los delitos de corrupción y que sean catalogados como crímenes contra el pueblo, ya que afectan a toda la población, limitar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes, controlar puertas giratorias, mayor transparencia con las declaraciones patrimoniales. Todo eso permite transparencia y fiscalización de la ciudadanía.
¿Crucitas?
-Debe darse una agenda de atención y saneamiento de Crucitas. Hay una responsabilidad del gobierno en materia de seguridad y ahora es tierra de nadie. Allí se puede hacer una serie de alternativas: comprar la finca para hacer un centro de investigación que recupere el espacio. Yo estoy en desacuerdo con la minería a cielo abierto. Lo que querían hacer en Crucitas era insostenible porque arrasaba montaña a cambio de pequeñas cantidades de oro. El futuro de Costa Rica está en el turismo, producción agropecuaria, conservación de recursos naturales.