La Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agroinsumos de Costa Rica (Asoagro-CR) denunció que el gobierno pone una nueva traba para el registro de productos.
Según manifiestan, el Reglamento para el Registro de Insumos Agrícolas, publicado para consulta pública por el Poder Ejecutivo el 7 de enero, contiene mayor tramitología.
Al parecer el “decreto de fondo” contiene un nuevo e innecesario requisito para actualizar y renovar los productos agroquímicos hoy registrados.
La propuesta de decreto establece en un transitorio que los más de 2.200 registros actuales deberán pasar por un proceso de actualización y exige presentar un estudio de eficacia para ser aprobados.
Freddy Solís, presidente de Asoagro-CR, a manera de ejemplo explicó que si el producto actualmente está registrado para el control de la plaga mosca blanca en tomate habrá que hacer un nuevo estudio para verificar que efectivamente aún es efectivo para el control de esa plaga.
“Este es un requisito innecesario. Estos productos tienen años de utilizarse en el campo, cuentan con los vistos buenos de las autoridades y son las herramientas que los agricultores necesitan para brindarnos los alimentos.
Si un producto que está aprobado para un fin en específico no funciona, ¿usted cree que el agricultor lo va a seguir usando?”, manifestó.
A su criterio este nuevo requisito pondría a Costa Rica como uno de los pocos países en solicitarlo y provocará continuar con la inseguridad jurídica de las herramientas para el control de plagas y enfermedades.
Asegura que los estudios de eficacia son útiles y requeridos en todo nuevo proceso de registro, o bien cuando se necesita modificar la autorización para que el insumo se pueda usar en cultivos o dosis diferentes a las que originalmente se autorizaron, pero considera que no debe ser un requisito cuando se trata de un proceso ordinario de renovación.
“El productor agrícola nacional e irremediablemente continuará encareciendo la producción agrícola nacional”, afirmó.
Este decreto nació de una mesa de trabajo en conjunto con las autoridades, que por casi dos años buscó un documento consensuado y balanceado entre el Poder Ejecutivo y la industria agroquímica.
“Hemos sido reiterativos con las autoridades solicitándoles que no incluyan este nuevo requisito. Una y otra vez se les explicó que este provocaría una innecesaria inversión millonaria en estudios de campo y además generaría una carga de revisión que la capacidad instalada de la autoridad competente no podrá atender, provocando irremediablemente nuevas presas y atrasos en el proceso.
Muy a pesar de la inversión enorme en tiempo de trabajo de muchas personas de los sectores público y privado, no logrará mejorar la situación actual”, sentenció.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Martes 18 Enero, 2022
HORA: 12:00 AM
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