La deuda del Gobierno central de Costa Rica es la más cara de América Latina. Alrededor de 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) se va en el pago de intereses.
Esto hace que el servicio de la deuda pública representara al menos un 36% del presupuesto de la República durante 2020. Así se desprende de un reciente informe emitido por la Contraloría General de la República.
Se concluye que el alto endeudamiento genera un efecto de estrujamiento presupuestario, limitando la asignación de recursos a funciones sustantivas como salud, educación y vivienda, entre otras.
El costo de la deuda del sector público, medido a través del gasto en intereses, representó el 5,6% del PIB en 2020, siendo el costo más alto en el periodo 2015-2020, mientras que los riesgos de la deuda se han mantenido en niveles altos en los últimos años, donde el riesgo de tasa de interés es el que muestra mayor incremento.
De acuerdo con el informe, el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Gobierno central ha generado que desde el periodo 2008-2010 en promedio alrededor de una tercera parte de los gastos se financie con deuda, situación que se ha profundizado hasta representar poco más del 40% de los gastos en 2020.
Así, a partir de 2018 los ingresos de financiamiento (endeudamiento) como porcentaje del PIB han representado más del 11%. Estos recursos se captan principalmente de títulos de deuda interna de largo plazo del gobierno, que constituyen poco más del 60% del total de financiamiento en los últimos años.
En adición al deterioro en los indicadores de costo y riesgo, esta situación ha ido emparejada con prácticas poco recomendadas, como ejecutar operaciones de canjes, subastas inversas y redenciones anticipadas por parte del Ministerio de Hacienda, sin documentar la justificación técnica que demuestre un beneficio para la Hacienda Pública, según el criterio del órgano contralor.
Se recomienda implementar medidas que contribuyan al desarrollo del mercado de deuda pública, como incrementar el acceso y la apertura del mercado de valores, impulsar la figura de creadores de mercado, consolidar una política de emisión regular en plazos de referencia e impulsar las colocaciones competitivas, entre otras.
Los datos fiscales a octubre de este año revelan que el pago de intereses alcanzó ¢1.650.829 millones (4,26% del PIB), la más alta de los últimos 15 años.
Este monto representa el 85,55% del proyectado para atender este compromiso durante el presente año o un 77,53% si se compara con el monto de intereses presupuestados.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Martes 30 Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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