El Ministerio de Hacienda discrepa del criterio de la Contraloría General de la República con relación al cumplimiento de la regla fiscal (limite del gasto) dentro del presupuesto nacional.
La divergencia se centra en el crecimiento del gasto corriente. El órgano fiscalizador cree que se debe cortar aun más hasta quedar en un 1,96 %, mientras que la tesis de Hacienda es que el límite de crecimiento es de un 2,23 %.
La Contraloría hace la salvedad de que esto es lo que dispone la Ley 9635 y así se lo hizo saber a Silvia Hernández, presidenta del Congreso, y a Ana Lucia Delgado, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
En criterio del ente contralor, a las municipalidades y las juntas de educación se les está girando más dinero de la cuenta.
Para Elián Villegas, ministro de Hacienda, el presupuesto nacional sí se ajusta al cumplimiento de la regla fiscal. Así lo manifestó ante una consulta de DIARIO EXTRA.
Contestó que su posición se basa en el inciso d del artículo 11 de la Ley 9635 donde se establece el supuesto de crecimiento del gasto total.
“El articulo 11 lo que hace es definir que ante determinado crecimiento de la deuda el crecimiento del gasto va a tener un límite y el límite mayor está en el inciso d”, manifestó.
Desde la perspectiva de Hacienda cuando la deuda pública supera el 60 % del PIB (Producto Interno Bruto), el limite debe ser sobre el gasto total, no se diferencia entre gasto corriente (giros de dinero para sostener las operaciones del gobierno) y gasto de capital (inversión).
Entretanto, los incisos a, b, c sí hablan de gasto corriente, es decir, que en esos casos el límite sí estaría en función del gasto corriente. “Si el inciso d habla de gasto total y no distingue entre gasto corriente y de capital, donde la Ley no distingue nosotros no podemos distinguir y, por tanto, el límite es al gasto total”, explico el jerarca.
PREOCUPACIóN POR RECORTES
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el presupuesto de la República se mantiene dentro de los márgenes de aplicación de la regla fiscal, sin embargo, también externó su preocupación por los recortes y modificaciones realizadas por los legisladores, que afectarían programas prioritarios para la población, así como la operación de las instituciones.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la no inclusión de recursos adicionales para el PANI, lo que afectará la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y a los Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral (Cidais), así como los fondos para el programa Avancemos y las pensiones del Régimen No contributivo de la CCSS, sobre todo cuando la incorporación de estos recursos se mantenía dentro los límites de la regla fiscal y no implicaba una afectación.
También destaca el traslado de ¢21 mil millones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a las municipalidades para la atención de obra pública, así como el recorte del presupuesto asignado a distintos ministerios para brindar más recursos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El proyecto aprobado para 2022, asciende a los ¢11,5 billones, el 52,8 % será financiado por medio de ingresos corrientes y de capital y el restante 47,2 % proviene de financiamiento externo.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Lunes 29 Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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