Los representantes sindicales de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), que agrupa más de 50 gremios del sector público, continúan con las medidas de presión contra el proyecto Ley Marco de Empleo Público.
Consideran que la consulta constitucional donde se detectaron al menos 30 roces con la Constitución Política sería una evidencia de lo inconveniente de aprobar el texto.
No obstante, se debe recordar que el Ejecutivo defiende el proyecto porque es una de las principales garantías para obtener el desembolso del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.778 millones.
El Ministerio de Hacienda estima que se registraría un ahorro del 0,80% al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Uno de los aspectos más polémicos que incluye el texto es que le entrega al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) la rectoría del empleo público, lo que a criterio de los sindicalistas se prestaría para intereses políticos.
Los miembros de la CTRN en entrevista con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA, hablaron de esos y otros temas. A continuación, un extracto de la conversación.
¿Cómo ven el avance del proyecto?
-Lo que solicitamos a los diputados es que se archive el proyecto. Consideramos que eso sería lo ideal porque este proyecto es nefasto para los trabajadores. No solo va a perjudicar sus condiciones laborales, sino que también va a afectar la economía porque los funcionarios tendrían inclusive menos capacidad adquisitiva. Hasta hoy seguimos en contra del proyecto y queda en evidencia que no es conveniente su aprobación porque la propia Sala IV dice que hay más de 30 inconstitucionalidades en el texto.
¿Cuáles son los principales riesgos de aprobarlo?
-El principal es la afectación que se le va a provocar a todo el sistema de empleo público al darle la rectoría al Mideplan. Eso se puede prestar para favores políticos: si el partido de turno en el gobierno decide despedir y contratar a sus adeptos, lo haría. Es decir, se pondría inclusive en riesgo la estabilidad laboral de todos los trabajadores públicos, también el derecho a la negociación colectiva porque limita en gran manera a los sindicatos. Así lo determinaron la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
¿Han tenido algún acercamiento reciente con los diputados?
-No. Una de las acciones que más reclamamos es que este proyecto no contó con el acuerdo de todos los sectores sociales. Una vez que el texto llegó a la Comisión de Consultas Constitucionales para ser corregido enviaron consultas a las instituciones y sectores que a ellos les convenía y quisieron, a nosotros como organizaciones sindicales no nos tomaron en cuenta. Nos parece que existe toda la intención de no tomarnos en cuenta porque hasta a la Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado) le preguntaron, pero a nosotros nos dejaron por fuera del diálogo.
¿Qué pasaría si se aprueba el texto?
-Creemos que este proyecto no va a pasar. Esperamos que los diputados sean conscientes del daño que les provocarán a los trabajadores y al sistema. En caso de resultar aprobado acudiremos a las instancias que sean necesarias.
¿Los diputados han respondido a la solicitud de diálogo?
-Tampoco. Enviamos una carta donde no solo estamos solicitando, sino también exigiendo que nos integren a las consultas del texto modificado en la Comisión de Consultas Constitucionales, pero no hemos tenido ninguna respuesta. El gobierno se encuentra completamente cerrado al diálogo social, que es muy importante, más en una democracia como la costarricense, donde se supone que los acuerdos se obtienen mediante acuerdos sociales.
¿Qué consideraciones o aportes harían sobre el texto?
-En varias ocasiones hemos hecho recomendaciones, sin embargo no se han tomado en consideración, solo algunas cuantas y mediante presión en las calles. Por ejemplo, la exclusión de los regímenes de municipalidades y las universidades, aunque no es cierto que van a estar del todo eximidos del proyecto de ley. También hemos dicho que no estamos de acuerdo con la rectoría del Mideplan sobre todo el sistema de empleo público, inclusive pensamos que no se ha delimitado bien el tema del salario global y cómo esto puede hacer que se precaricen las condiciones laborales de los trabajadores.
¿Por qué dicen ustedes que el proyecto es antidemocrático?
-Porque consideramos que no cumplió con el debido diálogo social, no se consultó a todas las personas involucradas, ni se nos quiso tomar en cuenta. Nos parece que solo se busca imponer el proyecto, como parte de la presión que tiene el gobierno por obtener el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Quieren responsabilizar al funcionario público de la crisis y del déficit que los políticos han provocado. Sin ser nosotros los culpables nos quieren recortar derechos sin ellos tomar medidas directas para atacar la crisis.
¿Y Pilar Garrido?
-Cuando surgió la idea de crear el proyecto ella se reunió con nosotros e incluso nos invitaron a una mesa de diálogo. Se suponía que en un inicio el texto que iban a discutir sería el que se construyera con el aporte de todos los sectores, sin embargo el texto que realmente enviaron para ser discutido resultó ser otro.
¿Ella desapareció en el proceso?
-Después de los diálogos sociales se ha tenido poca comunicación con Garrido. Ha sido el Ejecutivo el que más ha abogado ante los diputados para insistir en la aprobación del proyecto y de parte del gobierno no se ha llegado al diálogo, han sido renuentes en Zapote. El año pasado hicieron una mesa de diálogo multisectorial, sin embargo no se obtuvo ningún resultado porque el gobierno ni siquiera tomó en cuenta las más de 700 alternativas que recibió para trabajar la crisis sin afectar el bolsillo con más impuestos.
La Corte Plena de nuevo se opuso porque considera que afecta al Poder Judicial. ¿Ustedes creen que esto provocaría que el proyecto pierda apoyo?
-Con ello se obliga a que el proyecto requiera de 38 votos para ser ley. Sabemos que las posiciones en la Asamblea están dividas, hay diputados que son conscientes de que el empleado público no es el culpable de todo y no debe pagar los platos rotos, pero hay otros que apoyan ese corte fiscalista del proyecto.
Se habla de calificar el rendimiento de los funcionarios. ¿Qué opinan al respecto?
-Desconocemos en qué parámetros se basará la calificación, no se nos ha indicado cómo y quién la haría. Creemos que esto puede poner en riesgo el derecho a que los trabajadores tengan estabilidad laboral, ya que la calificación se haría de manera subjetiva. Si ponemos un ejemplo, ¿qué pasa si al jefe le cae mal uno de sus trabajadores? Le da dos calificaciones malas y, según el proyecto, esto es motivo de despido sin responsabilidad patronal.
¿Les han dicho cómo se haría la calificación?
-No nos han dicho cómo lo van a hacer ni cada cuánto tiempo, ni siquiera se habló o nos enseñaron algún modelo piloto de cómo sería la calificación. Una persona podría calificar a otra y viceversa. Es decir, no tienen nada definido y aun así quieren dejarlo en firme en el proyecto.
¿Podrían explicarnos por qué el proyecto es de corte fiscalista?
-Porque se centra solo en la reducción de plazas, en recortes. No se menciona realmente cómo se aplicaría el salario global y de qué manera esto no afectaría las condiciones que actualmente tienen los trabajadores.
¿El tema quedaría para el próximo gobierno?
-El Ejecutivo insiste en que esto se debe aprobar sí o sí. Ya hemos visto algunos candidatos que han dado el apoyo al proyecto, lo cual nos preocupa. Si esto queda para el próximo gobierno, hay que estar atento a quién llegará a la presidencia.
¿Consideran que este tema marcaría tendencia en las elecciones o en los primeros meses del próximo gobierno?
-Sí porque hay candidatos que han mencionado el tema en sus discursos. Algunos de ellos hasta le han dado su apoyo, como es el caso de Figueres, por ejemplo.
Aprovechando a los representantes del SEC, ¿qué opinan de lo sucedido con las pruebas FARO?
-Siempre nos opusimos a la aplicación de las pruebas FARO, empezando por el contexto que enfrenta la educación nacional en la actualidad. Nunca estuvimos de acuerdo y creemos que fue una imprudencia lo que se cometió con los alumnos y con los propios profesores.
¿Creen que la respuesta y las acciones que tomó el Ministerio de Educación Pública (MEP) fueron tardías?
-La disculpa fue tardía, sin embargo insistimos en que nunca estuvimos de acuerdo con la aplicación de las pruebas.
¿Creen que esta sea la razón por la cual el MEP insistió en la aplicación de las pruebas?
-El MEP insistió e incluso se está haciendo una inversión de más de ¢2.000 millones. Nos preocupa realmente la manera en que se aplicaron estos cuestionarios y realmente por qué se hicieron.
¿Ustedes sabían de este formulario y cómo lo iban a aplicar?
-Cuando estaba Édgar Mora de ministro nos llamaron y nos enseñaron lo que iban a hacer. Ellos lo impusieron, no dejaron siquiera que opináramos.
NOTA EXTRA
Como parte de los movimientos de presión en contra de la aprobación de la iniciativa de ley, los 50 sindicatos que conforman la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum hicieron un llamado a una manifestación.
La protesta se realizará mañana a las 2 p.m. Los grupos saldrán del Parque Central, sobre la avenida 2, y llegarán a la Asamblea Legislativa. Esta será la primera marcha de protesta contra el proyecto desde que la Sala Constitucional emitió su criterio.
PERIODISTA: Mario Taboada
CRÉDITOS: Foto: Carlos Borbón
EMAIL: [email protected]
Lunes 29 Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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