La renuncia de un juez de apellido Salazar a su plaza en el Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, luego de una serie de ataques directos, amenazas y afectaciones de salud indigna a las agrupaciones sindicales del Poder Judicial.
Trascendió que a Salazar lo mandaron a matar, por lo cual se le dio protección y se inició una investigación, la cual se suspendió porque no lograron determinar quién dio la orden, por ello le quitaron las medidas de seguridad.
Al juez le fracturaron la mandíbula, las piernas, perdió un tendón de un dedo y le dieron dos balazos, por lo cual estuvo internado dos meses. Pese a esto lo volvieron a enviar al Tribunal de Limón.
María Victoria Salas, secretaria general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), señaló como gravísima la situación y la falta de apoyo que recibió el juez por parte de la institución.
“La falta de protección, el no haberle dado a él las herramientas para poder seguir recibiendo su salario de forma tal que fuera protegido, existen miles de medidas cautelares que se pudieron haber tomado, típicas y atípicas, para garantizarle a él protección a su vida, porque ya su salud física y mental había sido gravemente lesionada, se evidencia lamentablemente la pérdida de un recurso humano. La Corte debe reflexionar y brindarle a este compañero y a cualquiera lo que requieran”, comentó.
También mencionó la falta de liderazgo de la cúpula del Poder Judicial y del programa de protección, luego de que de forma tan pasiva se acepten las renuncias sin luchar por proteger el recurso humano.
INDIGNADOS
Por su parte, Jorge Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), dijo que el caso lo conocieron con la suspensión de la sesión en vivo de la Corte Plena, luego por medio de un contacto conocieron la situación de primera mano.
“Nos indigna estas situaciones que se dan dentro del Poder Judicial porque no es posible que cuando un funcionario o una funcionaria está en estado de vulnerabilidad para su salud y su propia vida, sino también la de su familia, no exista por lo menos alguna iniciativa para salvaguardarlo de estas amenazas; no solamente para evitar que se den, sino para que, si se dan, tener alternativas para poder protegerlo”, mencionó.
Cartín insistió en que no es posible que se vulnere su vida y que la Judicatura lo reasigne en el mismo puesto exponiéndolo a nuevas agresiones, lo cual lo empujó a la renuncia, luego de llevarse la decepción de que la entidad por la que luchó tanto le dio la espalda.
“Estamos muy preocupados por la situación de este juez porque le sucede a todos los jueces, fiscales y defensores públicos, incluso en el Poder Judicial creemos que fue un gran error volverlo a nombrar en el mismo sitio donde le pasó todas estas cosas y creemos que el protocolo de seguridad para nuestros compañeros jueces debe tener variaciones importantes tomando en cuenta que lo que está en juego es la salud, es la vida de las personas, creo que ha sido un error de Corte haberlo nombrado otra vez ahí”, comentó Mario Mena, de la Asociación de Empleados Judiciales (Anejud).
Añadió que esto no sucede solo con este juez, sino que ha ocurrido con otras personas que quizá no han interpuesto una denuncia o no han dado a conocer su caso.
Esto pese a que Costa Rica es un país donde la peligrosidad ha crecido exponencialmente, pero no existe un buen sistema de protección para los jueces, fiscales y defensores públicos, por lo cual todas las agrupaciones sindicales aseguran que la Corte tendrá que hacer cambios, antes de que el personal de la Judicatura decida dejar su trabajo.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Sábado 27 Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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