El abogado del Estado pidió embargar una serie de bienes a nombre de los implicados en el caso Cochinilla como una garantía para el proceso.
Se trata de una garantía que piden mantener por un plazo de 10 años y ascendería a más de ¢45.000 millones.
“La Procuraduría de la Ética Pública, dentro de la causa conocida como ‘Cochinilla’, presentó ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en condición de actor civil, solicitud de embargo preventivo contra los demandados civiles, con el fin de garantizar las resultas del proceso”, confirmaron en la Procuraduría ante la consulta de DIARIO EXTRA.
En la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) añadieron que la solicitud no ha sido resuelta por el juez penal encargado de la gestión.
“La solicitud de decreto lo fue hasta por la suma de cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos noventa y dos colones con dieciséis céntimos. (¢45.183.969.392,16)”, indicaron.
Este embargo es sobre los bienes registrales y cuentas bancarias a nombre de los demandados civiles.
No obstante, al tratarse de un trámite aún no resuelto no pueden brindar mayores detalles al respecto, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal.
Si el proceso penal por Cochinilla concluye con una condena, estos bienes pasarían a favor del Estado. No obstante, en caso de una absolutoria, el embargo se levantará y los bienes regresarán a sus dueños.
Sobre los dueños de H Solís y MECO S.A., los cuales no son parte de la solicitud de embargo, aclararon que estas empresas ofrecieron medios alternativos al embargo para garantizar el proceso, en los cuales trabajan.
El caso Cochinilla se tramita bajo el expediente 19-000025-1218-PE, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), donde se incluyen los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Salió a la luz a partir de la investigación que realizaron las autoridades judiciales sobre presuntos malos manejos en la adjudicación y realización de obra pública a través del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El expediente indica que funcionarios del Conavi en apariencia habrían pedido dádivas a cambio de beneficiar los intereses de algunas empresas privadas.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Jueves 25 Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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