Diario Extra - 3 versiones de ¢78 mil millones pondrían Cochinilla en duda

Un monto de ¢78 mil millones, que sostiene la acusación y acciones ejecutadas en el caso conocido como Cochinilla, podría ser la piedra en el zapato para las actuaciones policiales.
En torno al gigantesco monto existen tres versiones que podrían poner en duda todo el caso, pues en distintas etapas procesales se han utilizado las tres explicaciones.
El caso arrancó basándose en la recomendación de que se debería investigar la presunta corrupción que había en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), luego de una denuncia planteada por el Grupo Orosi en el año 2017.
Pese a que el Ministerio Público dejó de lado dicho expediente por algún tiempo, en el año 2019 abre la causa 19-000025-1218-PE, iniciando con la solicitud de Crimen Organizado sobre el mismo expediente “olvidado” del 2017.

PRIMERA VERSIÓN

Fue así como el 14 de junio del 2021 se realizaron una serie de allanamientos que acapararon los ojos de los costarricenses, quienes criticaron el hecho de la presunta malversación de ¢78 mil millones, de acuerdo con las declaraciones dadas por Walter Espinoza, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Como consecuencia de estas regalías o de estos favorecimientos se han trasladado fondos de proyectos que ya tenían contenido presupuestario para obras que pretendían favorecer a estas empresas, esto lo hemos detectado del 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020 y hemos detectado que hay una laguna o un hueco de la naturaleza presupuestaria generado por esos traslados irregulares que rondan los ¢78 mil millones, eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído, sino que lo han malversado, lo han utilizado para fines diferentes sin autorización”, comentó Espinoza el día de los allanamientos.
Erick Ramos, abogado de Carlos Cerdas, dueño de la empresa MECO, sostuvo que “el problema es que a don Carlos cuando se hace la audiencia de medidas cautelares la jueza Carolina Lizano le otorga la libertad e impone cinco medidas cautelares, entre ellas la famosa fianza de $5 millones, el problema viene cuando se hace la apelación del Ministerio Público”.

SEGUNDA VERSIÓN

En dicha apelación, el ente fiscal no solicita prisión preventiva, sino que pide que se declare ineficaz y que se vuelva a hacer la audiencia de medidas.
Esto llevó a la revocación de la resolución y a que el juez Hugo Porter decida interponer prisión preventiva, basado en la segunda versión sobre este monto.
“Por lo que la Aquo establece un alto grado de fuga amén de la continuidad delictiva y la posibilidad de obstaculizar el procedimiento; pero igualmente es necesario tomar en cuenta la magnitud del daño o del beneficio económico que presuntamente se obtuvo como producto de estos quehaceres delictivos (Javier Llobet, La Prisión Preventiva pág. 314), el cual fue fijado en la suma exorbitante de ¢78 mil millones, lo cual sería equivalente a $123 millones. Que existió dentro de las diferentes participaciones de los defensores de los acusados, oposición a dicho monto, sin especificar argumentación alguna sobre el tema, pero para efectos de comprobación lógica del fallo, si se redujera dicha suma en un 50% el beneficio económico se fijaría en la suma cercana a los $62 millones. Siendo entonces la caución fijada en el caso del señor Cerdas, representa un 8,5% del total antes reflejado”, cita la resolución del juez Porter del 19 de julio anterior de la cual DIARIO EXTRA tiene copia.
Continuó diciendo que la fianza ofrecida no era suficiente ante el análisis monetario realizado, por ende, se cambió la medida cautelar del dueño de MECO y de Mélida Solís, propietaria de H Solís, para prisión preventiva.
“Hay dos aseveraciones hechas por funcionarios públicos, ambos del Poder Judicial, que las dos son absolutamente equivocadas. La primera de don Walter Espinoza, quien dice que se malversaron ¢78 mil millones y la otra de Hugo Porter que dice que las empresas H Solís y MECO defraudaron al Estado y obtuvieron ganancias por ¢78 mil millones. Y es esa circunstancia por la cual don Carlos Cerdas está detenido desde el 19 de julio”, añadió Ramos.
Este monto surge de un informe del agente judicial Randall Castillo, en el quinto punto de este se incluye un cuadro que se refiere al déficit fiscal en Conavi, se trata de un informe provisional, no concluyente.
“El mismo Randall Castillo dice lo siguiente ‘por lo tanto y hasta no contar con la documentación requerida y citada en cada uno de los objetivos desarrollados, esta Sección no puede realizar a plenitud el peritaje requerido, sin embargo, se mantiene a disposición y atento para retomar el estudio, en cuanto se disponga del indicio material, el cual se recomienda obtener’, lo más grave de esto es que el jefe del OIJ da por hecho que hay una malversación de ¢78 mil millones, el oficial que tiene a cargo la investigación lo que está diciendo es ‘necesito material para ver qué pasó’”, comentó Ramos.
Incluso, el propio agente judicial acudió a la audiencia más reciente de medidas cautelares del caso Cochinilla para aclarar el tema del informe por solicitud de la defensa de Mélida Solís, allí reconoció que el informe no era concluyente. “Este señor rinde en enero este informe y nunca ha determinado ningún monto de daño ni siquiera por asomo, él lo que está pidiendo es el material para procesar y sacar el informe”, añadió el defensor.
Además, desde hace tres meses la defensa del imputado Carlos Solís presentó una solicitud al Juzgado para que se entreviste en las audiencias a la exministra de Hacienda Rocío Aguilar.

TERCERA VERSIÓN

La tercera versión sobre estos montos surge justamente de la exministra Rocío Aguilar y la comparecencia que tuvo el martes en la comisión legislativa que investiga el caso Cochinilla.
En dicha audiencia, la exministra de Hacienda indicó que los recursos nunca se giraron.
“Yo no conozco en detalle, porque no he estudiado en qué consiste esa acusación. Sí he visto lo que los medios de comunicación han retransmitido y lo que puedo fehacientemente afirmar es que si se tratara de un “faltante”, lo que no hubo durante el año 2018 fue una transferencia que por ley le correspondía al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que a su vez procediera a hacer la transferencia de Conavi, que es básicamente la ausencia de setenta y resto mil millones de colones y que, como digo, lo genera fundamentalmente la imposibilidad de girar esos recursos”, dijo la exministra.
Y añadió que “ese no giro de los setenta y siete mil millones de colones efectivamente es un giro que estaba previsto en el presupuesto, pero por todas las razones que he apuntado no fue posible realizar. Y no fue posible realizar no solo al Ministerio de Obras Pública y Transportes, sino a una cantidad importante de otras instituciones, que durante todo el año 2019 le demandaba al Ministerio esos recursos”.
La exjerarca señaló que como el presupuesto tiene una vigencia anual transcurrido y vencido el 2018, a pesar de que los fondos ingresaron, no se pudieron transferir.
Para el licenciado Ramos, la gravedad radica en que las detenciones de los dos empresarios se basan en la presunta malversación de fondos, pero la exministra de Hacienda reconoce que los fondos nunca se giraron.