Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) reveló las deficiencias que el sistema carcelario tiene en cuanto al acceso a atención médica para la población privada de libertad y el personal de la Policía Penitenciaria.
De acuerdo con lo que se incluye en el informe DFOE-GOB-IF-00005-2021, el sistema penitenciario nacional tiene como uno de sus principios la inserción social de los reos.
Por ello el Ministerio de Justicia y Paz, al ejecutar medidas privativas de libertad, debe realizar acciones que garanticen otros derechos fundamentales, tales como velar por la salud de las personas recluidas.
“En ese sentido, se evidenciaron debilidades en la gobernanza para la atención médica de las personas privadas de libertad, en las dimensiones de coordinación, estrategia y seguimiento. Esto además pone en riesgo la eficacia en la consecución del principio de inserción social y resulta en un desapego a reglas mínimas aceptadas internacionalmente y adoptadas por Costa Rica para el tratamiento de reclusos y la administración penitenciaria”, cita el documento del ente contralor.
De igual forma, se indica que los centros de atención institucional presentan algunas condiciones que no ofrecen un ambiente digno para los privados de libertad y el personal de la Policía Penitenciaria.
“Esta situación pone en riesgo la salud de las personas y atenta contra la continuidad del servicio de ejecución de la pena, con posibles repercusiones negativas a la seguridad ciudadana”, añade el informe.
DEBILIDADES
La CGR menciona que las debilidades que encontraron repercuten negativamente en el valor público generado para garantizar el derecho a la salud de la población privada de libertad.
Mari Trini Vargas, gerente a.i. del Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza de la CGR, explicó que con la auditoría buscaban evaluar la atención médica que reciben los reclusos y el ambiente en que se produce.
"Se evidenció desarticulación en cuanto al flujo de la información relacionada con los servicios médicos prestados por las personas privadas de libertad, tanto por el Ministerio de Justicia y Paz como por la Caja Costarricense de Seguro Social, resultando que parte de las atenciones médicas brindadas constan en los expedientes físicos, mientras que la información médica administrada por la Caja Costarricense de Seguro Social está contenida en el EDUS", dijo.
Agregó que no existe un procedimiento para la prestación de los servicios de salud en los centros penitenciarios que definan indicadores y parámetros para medir la gestión.
"Existen debilidades en cuanto a las condiciones mínimas de la infraestructura penitenciaria, por ejemplo carencia de camas o camarotes y espacios para que la población privada de libertad consuma sus alimentos", añadió Vargas.
En la auditoría, la CGR halló limitaciones en la estructura de alojamiento de la Policía Penitenciaria, en sitios como servicios sanitarios, espacios para esparcimiento y las instalaciones donde descansa el personal.
JUSTICIA RESPONDE
Luego de conocer el informe de auditoría de la CGR, Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz, expresó que lo dicho en el texto va acorde con la línea de trabajo de la cartera que dirige, la cual busca la estandarización de los servicios de salud.
"Incluso el impulso de nuevas etapas como la aplicación del expediente médico digital para toda la población penal, en eso vinimos trabajando desde hace tiempo", indicó.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Viernes 12 Noviembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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