Diario Extra - Denunciante de caso Cochinilla tiene demandado al Estado

El principal denunciante del caso Cochinilla tiene interpuesta una demanda contra el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Estado por ¢32.534 millones.
Así lo indican documentos en poder de DIARIO EXTRA referentes al expediente 20-0034060-1027-CA. Se trata de Eladio Araya Mena, quien está citado hoy a comparecer en la causa con el mismo nombre en la Asamblea Legislativa.
Entre los argumentos está que la suspensión del contrato sobre la carretera a Monteverde en conjunto con la cobertura noticiosa y declaraciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habrían puesto a la empresa en apuros, tanto con el financiamiento bancario como con la ejecución de otros proyectos.
No obstante Édgar May, exgerente de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, quien se apersonó al proceso, pone en duda las pruebas en que se sustenta el proceso, según consta en el expediente.
May es uno de los imputados en la causa conocida como Cochinilla y en la que vuelve a coincidir con Araya Mena, pues el expediente 19-000025-1218-PE acumula una mezcla de causas sobre proyectos similares de obra vial, que incluso se denunciaron de manera anónima a la Fiscalía en el pasado.
Justamente en estas denuncias anónimas se hablaba de corrupción en la adjudicación de proyectos viales y desde ese momento se mencionaban empresas como MECO, H Solís y Sánchez Carvajal, y se pedía la intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Para hacer estas denuncias anónimas pudo utilizarse documentación falsa como el uso del nombre de la empresa “Ingeniería Sismo Resistente” y de la Asociación de Empresarios de Occidente.
En estas denuncias anónimas hay una repetición constante de documentos e incluso en el pasado las propias autoridades judiciales pudieron ir desacreditándolos.
El OIJ encontró que una de las supuestas denuncias llegó a nombre de Ingeniería Sismo Resistente, pero posteriormente sus representantes aclararon que se hizo uso indebido del membrete de la empresa, mientras que en el caso de la Asociación de Empresarios del Occidente no se encontraron bases de su existencia.
Además en una de las denuncias se incluyó un número de fax que no existe y se supone que hace varios años perteneció a una persona que está fallecida.
Esto lo respaldaría un oficio de la Sección de Fraudes del OIJ de setiembre de 2018, del que El Diario del Pueblo tiene una copia, el cual indica: “Concluimos el presente informe porque no fue posible obtener indicios o testigos fidedignos que aporten información de interés a la investigación, además por tratarse de denuncias sobre licitaciones públicas se recomienda realizar el estudio de las mismas mediante criterios técnicos…”.
Los casos que se denunciaron en forma anónima justamente coindicen con las licitaciones cuestionadas en el caso Cochinilla y también se incluye lo alegado por el Grupo Orosi. Se trata de los concursos 2014LN-000017-OCVOO y la 2014LN-0000180CV00.