Diario Extra - Obligatoriedad también será vista por contencioso

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) presentó una acción de medida cautelar contra el decreto que obliga a los empleados públicos a estar vacunados contra el Covid-19.
El documento fue llevado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y solicita que se elimine a los empleados del Poder Judicial del decreto 43249-S del Ejecutivo.
Estos funcionarios recibieron la indicación de que tienen hasta el 22 de noviembre para presentar un informe del estado de vacunación, sino serían llevados a Inspección Judicial para que se determine su situación laboral.
Después de esta notificación, los colaboradores han sido acosados por las personas encargadas de fiscalizar el tema, por lo cual acudieron al sindicato a presentar esta acción legal.
“Mediante correos electrónicos constantes se hostiga a todo el personal y se obliga a presentar la información sensible y confidencial médica en relación al Covid-19 para poder conservar el empleo. La amenaza de tener que revelar información sensible y confidencial de naturaleza médica en torno a la vacunación contra el Covid-19 so pena de ser despedidos quebranta grotescamente el ordenamiento nacional y supra nacional vinculante erga omnes, ius cogens y convierte los actos administrativos que se impugnará en el ordinario, y respecto de los cuáles se pide la suspensión provisionalísima prima facie, inaudita altera parte, en ilegales, inconstitucionales e inconvencionales por atropellar derechos humanos inviolables, por lo que asiste a este Sindicato humo de buen derecho, seriedad de la demanda, ya que el contenido de los actos se encuentra viciado, como se esboza de seguido.
Y es que no solo está viciado el contenido del acto, sino que el acto en sí en su formación y procedimiento contiene vicios que lo convierten en un acto jurídico totalmente inconstitucional, violatorio de nuestro ordenamiento jurídico”, menciona la denuncia.

FALTA GRAVE

La molestia del movimiento sindical aumenta, ya que considera una falta grave al Código de Trabajo que los empleados deban asistir al lugar donde laboran sometidos a amenazas o se les coaccione para que se vacunen, sino perderán su trabajo.
“Esto se convierte en un trato cruel, degradante, torturante, de discriminación y exclusión sin haber cometido delito alguno a tal grado que se convierte en un homicidio por hambre vía decreto, ya que deja sin sustento ni posibilidad de hacer una vida normal contrario al derecho de la Constitución, a los derechos humanos ius cogens y al Estado Social de Derecho”, continúa el texto.
De momento el expediente se encuentra a la espera de que se le dictamine una audiencia preliminar para determinar si procede.