El proyecto de Ley 22.082 que pretende nacionalizar en el punto de ingreso, toda la mercadería que entre al país, estaría generando una serie de consecuencias económicas sumamente graves para las empresas y los ciudadanos costarricenses.
Las Cámaras de Comercio de Costa Rica y de Exportadores (Cadexco) manifestaron su oposición al proyecto, ya que esta propuesta implica la pérdida de entre 4 y 6 mil empleos directos e indirectos en el Gran Area Metropolitana, que afectaría los almacenes fiscales, agencias de aduanas, agentes de carga, entre otros. Además, se perderían los 235 mil metros cuadrados de patio que hoy se destinan para este tipo actividades.
“Este expediente pretende combatir la defraudación aduanera con la revisión del 100% de las cargas que entran al país, realizando este trabajo en los puntos de ingreso. Por más noble que sea esta intención, es utópica e ingenua. El Sistema Aduanero del país no tiene la capacidad de realizar una labor como esta; de hecho, casi ninguna aduana del mundo es capaz de realizarlo”, señaló Roxana Sosa Ortíz, Directora de la Cámara de Comercio de Costa Rica y Presidenta de la Comisión de Aduanas.
Para enfrentar este problema se utilizan herramientas tecnológicas en conjunto con modelos de riesgo, que permitan identificar las amenazas de fraude. La inversión de $156 millones en “Hacienda Digital” tiene como objetivo brindarle al Sistema Aduanero la capacidad de disminuir la defraudación.
Otro daño colateral de aprobarse el proyecto, sería el aumento de los costos logísticos de las micro y pequeñas empresas que operan en el GAM. La lógica al desalmacenar las mercancías, por partes, obedece a la incapacidad financiera de las micro y pequeñas empresas, las cuales necesitan vender una parte del producto para poder retirar la otra. Esta política pondría en riesgo este tipo de operaciones, y llevaría a la quiebra a muchas de las micro y pequeñas empresas, que representan el 75% del parque empresarial del país.
Paralelamente a lo anterior, se estaría prohibiendo el “Transito Aduanero” interno, el cual figura con regulación internacional; por lo que esta iniciativa, pondría a Costa Rica en una situación complicada en temas de comercio internacional.
Las reformas planteadas en este proyecto de Ley fueron analizadas por todos los actores involucrados en el tema; tanto del sector privado, como la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Comercio Exterior, quienes coincidieron en lo dañino que sería esta política para la economía nacional. Sin embargo, aún con los señalamientos planteados, los diputados encargados de su dictamen, hicieron caso omiso de la opinión de todos los profesionales competentes del país y dictaminaron de manera positiva dicho expediente.
“Es comprensible que las señoras y señores diputados de la comisión de Limón aprobaran este Proyecto de Ley, con la loable idea de llevar desarrollo y empleo a las zonas que representan y combatir la defraudación aduanera. Sin embargo, este proyecto encarecerá el costo de vida de las familias de costarricenses, debido a que las empresas tendrían que incurrir en un gasto adicional que rondaría entre los $500 y $800 por concepto de traslado de las mercancías desde los puntos de entrada, ya sea Peñas Blancas o Limón hasta el GAM. Este costo se tendría que trasladar al costo final del producto, lo cual incidirá en forma directo en el precio final al consumidor”, señaló Sosa Ortíz.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Lunes 25 Octubre, 2021
HORA: 08:45 AM
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