Diario Extra - Vuelven a cuestionar bonos de conectividad

La Contraloría General de la República (CGR) nuevamente cuestionó el proyecto de ley que propone la creación de bonos de conectividad para que las personas de escasos recursos puedan tener acceso a internet.
Tal como lo informó DIARIO EXTRA, actualmente la iniciativa se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 22.106, que es impulsado por el liberacionista Wagner Jiménez.
La idea del diputado es que se cree un bono que se les entregue a los estudiantes en condición de extrema pobreza mediante el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
Datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) destacan que al menos 500 mil estudiantes tienen alguna de dificultad para acceder a los medios virtuales.

DUDAS

En setiembre, la Contraloría emitió un informe donde puntualizó una serie de cuestionamientos al proyecto, ya que consideraba se genera una duplicidad con las normas que ya existen para esos fines, inclusive la administración de Fonatel también apoyó esa posición.
Recientemente fue presentado un texto sustitutivo para impulsar la propuesta.
“Instamos a que se promuevan actuaciones a partir del orden jurídico vigente y así ejecutar ágilmente soluciones a los problemas ampliamente conocidos, los que efectivamente somos conscientes que no nacen con la pandemia, pero sí se magnifican, afectando sobremanera a la población más vulnerable”, menciona el documento de la CGR.
La Contraloría pide que, a la hora de emitir una propuesta, se determine que realmente es necesaria, va a subsanar un “vacío” legal existente y pueda llevar solución a un problema de interés público.
“Insistimos en la importancia de valorar si la causa alertada en la iniciativa de ley (falta de recursos financieros en educandos) puede ser abordada de mejor manera únicamente a partir de medidas paliativas y temporales como las propuestas, y así asegurar definitivamente el acceso de los estudiantes más necesitados al derecho fundamental de acceso al internet y a tecnologías de la información o realmente esta temática merece un abordaje más amplio”, agrega la CGR.

ACTUAL LEY

El órgano supervisor nuevamente pidió que se valorara si realmente se necesitaba aprobar una ley para tratar el problema de la brecha, tomando en cuenta que la normativa existente ya permite que el Estado emita política pública para esos fines.
“Debe ponderarse que el objetivo perseguido en la propuesta legal es asumido ya en el ordenamiento jurídico vigente, bajo métodos de abordaje aplicables desde los principios, normas, competencias públicas, programas y proyectos derivados de la propia Ley General de Telecomunicaciones”, explica.
Incluso, la institución de Sabana Sur ejemplificó este argumento con iniciativas como Red del Bicentenario, Hogares Conectados, Centros Públicos Equipados y otros.
“Debe contemplarse que la definición y ejecución de los proyectos financiados con el Fonatel corresponden a la Sutel y no directamente al Micitt. De tal forma, se solicita valorar si las condiciones pretendidas se ajustan estrictamente a las competencias que cada uno de los sujetos de derecho público aludidos mantiene en relación con las modificaciones pretendidas”, acotó la entidad supervisora.

AGREGADOS

El nuevo texto también propone la inclusión de estudiantes de centros universitarios y parauniversitarios como parte de los beneficiados.
“Esto no da certeza de la vigencia de la subvención, ni sobre qué pasará con la continuidad del derecho de acceso a internet y a las tecnologías de información para la población meta de la propuesta de reforma legal”, añadió el análisis.
Finalmente, la CGR cuestiona que el nuevo texto sustitutivo no señale aspectos técnicos de importancia.
“El proyecto de ley no aclara cuál será el método para otorgar el subsidio, ni sobre las condiciones técnicas que se estarían financiando a los estudiantes, ni se especifica si sólo se financiará el servicio de acceso o también las terminales de uso, ni brinda mayor detalle sobre los mecanismos por los que Fonatel participará cancelando ‘los costos de conectividad a internet’ a favor de los estudiantes identificados por el MEP y el IMAS”, concluye la Contraloría.