Un proyecto de ley pretende exonerar el Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal.
La iniciativa, impulsada por diputados de distintas bancadas, se tramitó después de que la directora del Sistema de Emergencias, Elena Amuy, señalara que la regla fiscal los estaba ahogando e incluso el servicio podría dejar de operar a mediados de diciembre de este año.
Para este año, al 9-1-1 se le destinaron poco más de ¢5.450 millones, sin embargo la regla fiscal le frena el presupuesto y no pueden pasarse de ¢4.477 millones, lo cual, según la institución, limita los servicios de atención.
Asimismo, el superávit de ley no puede ser transferido al Estado para el pago de deuda.
De acuerdo con la propuesta, el Sistema de Emergencias 9-1-1 tiene una fuente de financiamiento propia que le provee los recursos básicos necesarios para cumplir con sus obligaciones y, por tanto, no contribuye con la crisis fiscal que está afectando el presupuesto del Gobierno Central, en cuanto al endeudamiento necesario con el fin de obtener los recursos que se requieren para financiar la operación y cumplir sus obligaciones.
“La aplicación de la regla fiscal sobre el presupuesto del Sistema de Emergencias 9-1-1 genera afectaciones graves a las posibilidades de brindar los servicios, dado que, aunque se cuente con recursos provenientes de una tasa tributaria, el límite que impone la regla fiscal puede impedir que se utilicen parte de esos recursos”, detalla el texto de ley.
“Todos estos recortes ocurren a pesar de que el Sistema cuenta con los ingresos suficientes para sufragar estos gastos, provenientes de la tasa que sirve de fuente de financiamiento, como se ha señalado previamente. Así, aunque se cuenta con recursos, la aplicación de la regla fiscal genera un gravísimo impacto sobre el funcionamiento del Sistema de Emergencias 9-1-1”, agrega.
AFECTACIONES
Con o sin proyecto de ley, lo cierto es que la regla fiscal ya está causando afectaciones en el servicio del 9-1-1.
De acuerdo con datos del Sistema, en oficio 911-DI-2021-4141, el recorte que alcanza los ¢405,82 millones implica el faltante de 17 plazas operativas para el 9-1-1, la disminución de tiempo extraordinario en operaciones, la suspensión, creación y mejoras en despachos (CCSS, MSP, CNE), además del congelamiento de salarios y plazas administrativas vacantes.
También, ejecutar un recorte de ¢237,18 millones implica directamente “la suspensión del servicio que brinda el Sistema de Emergencias 9-1-1 a toda la población a partir del mes de diciembre del 2021”.
¿QUÉ DICE HACIENDA?
En declaraciones a distintos medios, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, aseguró que respaldará la medida.
“Es algo que se puede solucionar fácilmente. A veces le damos muchas vueltas a los temas cuando la solución es más simple de la cuenta”, dijo el titular de Hacienda.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Casa Presidencial
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Miércoles 20 Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM
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