La Contraloría General de la República considera que no es conveniente la iniciativa de ley que se planteó en la Asamblea Legislativa para que se permita el pago fraccionado del monto del marchamo.
Se trata del expediente 22.234, propuesto por 10 diputados de diversas fracciones, con el objetivo de aliviar el pago del derecho de circulación a las personas que resultaron afectadas por la crisis pandémica.
LA PROPUESTA
Este expediente legislativo es distinto al que se encuentra en el plenario y pretende reducir el monto del pago del impuesto a la propiedad de vehículos, rubro que se cobra como parte del marchamo.
La iniciativa en cuestión plantea una dinámica mensual para el pago del marchamo en forma fraccionada, de manera que lo cancelen de acuerdo con su último número de placa, similar a la revisión técnica.
Es decir, las terminadas en 1 lo pagarían en enero, las en 2 en febrero y así sucesivamente hasta noviembre con las que terminan en 0.
“De esta forma, en términos fiscales no se afecta el ingreso al fisco de los recursos provenientes de este rubro y se elimina la práctica de que los costarricenses siempre acumulan el pago del marchamo con el aguinaldo y puedan programar a lo largo de todo el año su pago”, justifica el proyecto.
Adicionalmente dice que en el caso del servicio de transporte público podría pagar el derecho de circulación en dos tractos, el primero antes del 31 de junio y el segundo antes del 31 de diciembre.
La propuesta establece que la aplicación del pago fraccionado entraría en vigencia en 2022, si así lo determina la Asamblea Legislativa.
“Quienes deseen podrán pagarlo en el mes de diciembre, como hasta ahora lo han venido haciendo los costarricenses. Se reitera que el proyecto no pretende disminuir los ingresos del fisco, pero sí busca ayudar a los costarricenses a poder pagar el marchamo”, concluye la justificación del proyecto.
El texto se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales.
NEGATIVA
Sin embargo la propuesta no es bien vista por el ente contralor porque considera que hay razones por las cuales el pago de rubros como el Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores (SOA) se cancele anualmente y en las fechas establecidas.
“El control policial comprende el de todos los conceptos de pago, lo que es positivo al reducir costos y dificultades en la gestión de ingresos fiscales y de obligaciones como la mencionada del SOA, sin diferenciación del mes en curso, como sería necesario bajo la presente propuesta”, indica la Contraloría.
Inclusive menciona que si la Comisión de Asuntos Sociales considera pasar el texto al plenario que se evalúe la forma en que se regularía el pago en dos tractos en el caso de los medios de transporte público.
“Sugerimos, finalmente, consultar con las autoridades hacendarias y de otras entidades, como el Instituto Nacional de Seguros y otros perceptores de ingresos cuyo pago es simultáneo en la actualidad, así como con la Policía de Tránsito”, concluye el criterio contralor.
