Imagine que usted está con su pareja en medio de una relación sexual y voluntariamente se retira el condón sin comentárselo. Esa acción, que para muchos es menor, podría mandarlo 15 años a prisión.
Eso sería una realidad porque los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron el expediente 21.513, el cual plantea una sanción de 9 a 15 años de cárcel a quien se retire o dañe el preservativo, u otro método profiláctico, sin consentimiento expreso de las partes.
Lo anterior se aplicaría para relaciones sexuales por vía oral, anal o vaginal.
La misma sanción recibiría quien use o brinde un preservativo que se encuentra dañado.
Por otra parte, el mismo proyecto de ley sancionará con pena de 11 a 17 años de prisión si dicha acción resulta en un embarazo, contagio de una o varias infecciones o enfermedades de transmisión sexual (ETS) o daño psicológico.
Además se castigará sin perjuicio de las sanciones que competan por contagios sexuales efectivos.
De acuerdo con Paola Vega, impulsora de la iniciativa de ley, el retiro del condón sin consentimiento durante un encuentro sexual expone a las víctimas a graves riesgos, además de que violenta su autonomía y dignidad.
“Al iniciar un encuentro sexual utilizando preservativo, esta se convierte en una decisión consensuada y al removerlo sin conocimiento o consentimiento o, a sabiendas, haberlo dañado a propósito, la relación sexual y sus condiciones pasan a ser no consensuadas.
Por esto consideramos se debe legislar para penalizar este acto por lo que es: una agresión sexual (…) Al no haber consentimiento es violencia sexual, que afecta la libertad de determinación de las personas y puede afectar la salud”, manifestó la legisladora.
“Esta conducta es equiparable con un abuso sexual. Mayoritariamente las afectadas son mujeres y es pertinente que se avance en este tema. Hay que buscar penas proporcionales, pero nuestro sistema judicial tendrá que avanzar con investigación sobre estos temas. La propuesta es necesaria”, agregó José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA).
Los únicos que votaron en contra fueron Walter Muñoz y Mileidy Alvarado, diputados de los partidos Integración Nacional (PIN) y Restauración Nacional (PRN).
“¿Qué pasa cuando la mujer no se toma la pastilla y queda embarazada? Es una ley contra el hombre. Como médico considero que se debe ver cuáles infecciones sí y cuáles no.
Va a aumentar el número de personas en la cárcel y la desintegración familiar. Me parece que en las relaciones sexuales debe haber acuerdos, pero hay que considerar otros aspectos”, dijo el candidato presidencial del PIN.
“Hay asuntos que ya están contemplado en la ley. El daño psicológico está regulado, al igual que la violación. Las penas son desproporcionadas. Hay que analizarlo de forma más profunda. El texto debió construirse de mejor manera”, expresó Alvarado.
A partir del dictamen afirmativo, el texto pasará a manos de los 57 congresistas. No obstante, los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos indicaron que presentarán mociones vía artículo 137 para sugerir penas más moderadas.
Si lo aprueban en dos debates pasará al Poder Ejecutivo para que lo convierta en ley de la República.
¿ES POSIBLE?
El abogado penalista y de familia Arcelio Hernández Mussio considera que la propuesta acentúa desequilibrios.
“Yo mismo he tenido que defender hombres condenados. Por ejemplo, un señor que ante la falta de pago a una servidora sexual fue condenado a 30 años de cárcel por supuesta violación.
No fue sino hasta que la Sala Tercera vio el caso que logramos anular esa sentencia porque todo era una venganza y mentira de la señora. Ahora imagínese una denuncia de estas por supuestamente quitarse o romper un condón sin el consentimiento de la otra parte”, comentó.
“Qué difícil defenderse de algo así, que pasa en la intimidad. Usualmente no hay cámaras ni testigos, de manera que por seguir una moda de unos pocos países estaríamos perpetuando una guerra de los sexos y creando mayores conflictos en momentos que nuestros tribunales ya están saturados, con penas desproporcionadas, insistiendo en la cárcel como la solución a todo conflicto, que es lo que nos tiene con este nivel de hacinamiento y de conflicto social y familiar.
Deberíamos más bien buscar la educación, motivar el diálogo entre las personas, buscar la paz social, en vez de crear cada vez más división en nuestra sociedad”, agregó.
En la misma línea el abogado penalista Dennis Solano dijo que la propuesta es “ajena a la realidad jurídica”.
“Sancionar dicha conducta se puede haber regulado de otra manera. Están metiendo la sanción de violación a esta conducta. Va a ser difícil probar que un individuo se quitó el preservativo. Eso costará mucho a un juez de la República, incluso podría ser un constitutivo como una estafa sexual.
Es un gran paso y pudiésemos haber amalgamado con el Código Penal otro tipo de delitos y no ponerlo en forma individual. Eso fue un poco temerario y desapercibido. Yo hubiera hecho alguna ampliación de tipo penal diferente y de ahí regular esa conducta.
Es necesario regular la conducta, pero con sanciones que vayan acorde a la realidad jurídica, por lo cual estimo que la sanción es ajena a lo regulado en el Código Penal. Uno de los grandes inconvenientes es cómo probar el hecho, ya que previamente hubo un consentimiento”, manifestó.
¿COPY PASTE?
La ley que plantea la diputada Vega guarda muchísimas similitudes con una ya aprobada en California, Estados Unidos.
Precisamente hace dos días ese estado promulgó la ley “stealthing”, en la que la víctima puede emprender acciones civiles contra la persona que se retire el condón sin avisar de forma previa.
Una de las diferencias con la propuesta de Vega es que en California el ofensor sería denunciado de forma civil, mientras que en Costa Rica el agresor sería acusado de forma penal.
Lo anterior implicaría penas de prisión.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Miércoles 13 Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM
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