Una apelación impide la revisión de las computadoras y celulares decomisados en los allanamientos que se realizaron por el caso Cochinilla.
Pese a que el Ministerio Público abrió varios paquetes este lunes 4 de octubre, tuvo que volver a guardarlos con cadena de custodia.
La acción se realizó por al menos una hora en los Tribunales de Goicoechea, hasta que el Juzgado Penal de Hacienda postergó la diligencia, luego de aceptar una apelación que plantearon las defensas de los involucrados en el caso.
Los abogados cuestionaron que se diera la apertura de la evidencia ante agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fiscales, es decir sin la presencia de un juez que cumpla como garante de lo que se encuentre en los dispositivos.
La apelación la planteó Jenny Quirós, exjueza y abogada de José Alfredo Sánchez Zumbado, imputado en la causa.
A este recurso se adhirió Juan Marcos Rivero, codefensor de varios implicados de la empresa H Solís.
“En el Juzgado Penal se negó la diligencia de apertura de pruebas en el Ministerio Público y los agentes del OIJ. La regla cuando se hace un acto definitivo e irreproducible como es la apertura de la prueba necesariamente requiere que esté el juez presente como contralor de los derechos de las partes excepcionalmente”, indicó Rivero.
El abogado explicó que solo excepcionalmente se podría delegar la diligencia, cuando se realiza un análisis detenido y fundado de casos que se asignarían al Ministerio Público.
“En el presente caso está impugnada la resolución que permite la apertura de diligencias sin juez y a cargo única y exclusivamente del Ministerio Público. La defensa sostuvo y sigue sosteniendo que no tiene sentido hacer la apertura de evidencias si la resolución que permite la delegación en el Ministerio Público y el OIJ está siendo impugnada, se supone que lo lógico es esperar a que haya un juez que conozca la impugnación”, dijo.
Y añadió que “pretender que pese a la impugnación se va a abrir la evidencia, me parece a mí que es un procedimiento totalmente contrario al debido proceso, a la Constitución y a las leyes”.
La suspensión para ejecutar la revisión de los dispositivos rige en tanto no se resuelva la apelación, por lo que la Fiscalía Adjunta de Probidad deberá esperar para dicha acción.
Rivero expresó que la próxima semana vence el emplazamiento para posteriormente llevar el recurso al Tribunal de Apelación, donde se señalará una audiencia para determinar si se comienza la apertura de las pruebas.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Miércoles 06 Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM
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