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Nacionales

“Nombramiento en Fondo de Pensiones está en regla”

Arnoldo Hernández, presidente Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones:

Arnoldo Hernández y Oslean Mora (de lentes), presidente y director de Junafo, respectivamente, en entrevista con Iary Gómez (izq.), gerente general del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de DIAR

 

 

 

 

 

 

 

La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo) salió al paso de críticas sobre el nombramiento de Ana Romero Jenkins en la dirección de dicho órgano judicial.
Después de que los sindicatos cuestionaran el nombramiento de Romero, esposa de Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala II, Arnoldo Hernández y Oslean Mora, presidente y director de Junafo, respectivamente, dijeron que todo está en regla porque la directora ejecutiva del Poder Judicial cuenta con los atestados y la experiencia para el puesto.
Asimismo, precisan que a corto plazo se contemplan inversiones a nivel internacional.
A continuación, un extracto de la entrevista que Hernández y Mora dieron a DIARIO EXTRA.
¿Cuándo se funda la Junafo?
-Hernández: En 2018, cuando modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial y cambiaron el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Entre esas, se propuso la creación de la Junta Administradora del Fondo. Después de ese complejo proceso empieza a funcionar formalmente en enero de 2020. La ley le da a la Junta autonomía absoluta para crear sus propios reglamentos y tomar decisiones pertinentes.
¿Es un órgano autónomo?
-Hernández: El órgano tendrá independencia en lo que la ley le compete específicamente. Para todo lo demás sigue siendo parte del Poder Judicial. En su momento hubo confusión a lo interno del Poder Judicial porque se decía que era independiente y que se debía hacer casa aparte, que nos convirtiéramos en una operadora de pensiones, pero no es así. Si la intención del regulador hubiera sido esa, no se hubiese modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial.
¿Como en el caso de otros regímenes de pensiones?
-Hernández: Hay otros. Nos comparan mucho con Jupema. En el caso de ellos reciben recursos de la totalidad de instituciones del sector educación y tiene una alta gama de patronos que contribuyen a su formación. En nuestro caso somos unipersonales (un patrón y una relación). No podemos aceptar a gente que trabaje en otra institución del sector público. Se conserva la relación con el Poder Judicial, pero hay independencia de la Junta, principalmente respecto al Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
-Mora: Una vez que se trasladan los aportes al Régimen son naturaleza privada: pertenecen a sus afiliados y cotizantes. Es un recurso privado administrado por un órgano público.
¿Tienen supervisión de la Superintendencia de Pensiones (Supen)?
-Mora: Completamente. Nos fiscalizan todas las semanas y tenemos comunicación constante con ellos. La revisión de documentos siempre se da porque todas las semanas se dan inversiones y entonces nos dicen: ¿por qué escogieron esto?, ¿por qué hicieron aquello? Una operadora como nosotros tuvimos que aprendernos todo.
¿Esa independencia incluye magistrados y fiscal general?
-Hernández: El fiscal general es completamente independiente de Junafo. Lo mismo pasa con los magistrados. Las decisiones de la Junta tienen completa independencia, incluido el nombramiento de su personal. Es más, la ley orgánica dice que el tema del régimen disciplinario y despido de personal no es competencia del Poder Judicial, sino de la Junta.
-Mora: Todas las personas que se contraten se hará bajo la Ley de Empleo Público, la estructura formal y procedimientos del Poder Judicial. A los que se nombre se les pagarán los salarios del Poder Judicial.
¿Cuántas personas se necesitan para operar el Fondo?
-Hernández: Hay un estudio de una empresa que contratamos para que nos hiciera el diseño de la estructura administrativa que ocupaba el Fondo (…) El detalle nos dice que ocupamos 38 personas. Teníamos dinero para contratar a esa gente, pero Hacienda nos dice que no se pueden crear nuevas plazas. Luego de mostrarles criterios de la Procuraduría y la Contraloría ellos entienden que ocupamos las plazas y se llega a un arreglo con Hacienda, donde la Junta le va a dar la plata a Hacienda, ellos la inyectan al presupuesto del Poder Judicial y autoriza la creación de 20 plazas. Tenemos 18 personas pagadas con el presupuesto del Poder Judicial y 20 pagadas por el Fondo.
¿Y al Poder Judicial no le faltan esas 18 personas que pasaron a Junafo?
-Hernández: No. El plan es que en 2022 entren esas 20 plazas. Entre esas viene un director, un subdirector, un asesor jurídico, jefes de procesos. Eso ocupa también comités (…) Si queremos contratar personal tenemos que cumplir todos los procesos. En el Poder Judicial trabajamos alrededor de 13 mil personas, de las cuales el 25% son interinas.
¿Cómo se llega a la escogencia de Ana Eugenia Romero Jenkins en la dirección del Fondo de Jubilaciones?
-Hernández: La persona idónea para el puesto es la señora Ana Romero. Los seis miembros de la Junta consideramos que, hoy por hoy, la mejor directiva que tiene el Poder Judicial es ella. Ana Romero tiene conocimiento sobre inversiones. Ella hacía pagos, planillas, cobros (…) La que sabía el papeleo de todo era ella. No hay persona con más experiencia y quien maneja todo al dedillo es Ana.
-Mora: Su trabajo es revisar títulos, opciones de compra, rendimientos y ver dónde mete $1 millón, a qué banco lo mete.
¿Entonces por qué los sindicatos están en desacuerdo con el nombramiento?
-Hernández: Porque ellos quieren participar en las decisiones. No sabemos si ellos tenían otro candidato. Recibimos el currículum de cinco personas y los comparamos. De forma unánime la junta directiva optó por Ana Romero. Ella cumple con los requisitos con creces. Antes de 2020 ella manejaba las actividades y tiene una experiencia enorme.
¿Por qué no se trajo una persona de afuera? Los sindicatos dicen que sale más barato.
-Mora: Por el conocimiento de una persona que lleva 29 años en el Poder Judicial. No podemos poner a alguien que no conoce la estructura. Es un riesgo muy grande y por más requisitos que tenga no sabe el engranaje del Fondo y el Poder Judicial.
Se cuestiona por su relación con el magistrado Luis Porfirio Sánchez.
-Hernández: Cuando Ana Romero asume la dirección ejecutiva del Poder Judicial su esposo era juez en Goicoechea, luego la Asamblea Legislativa lo nombra magistrado. El de director ejecutivo es un puesto de confianza. Doña Zarella (Villanueva) la pone ahí, luego Carlos Chinchilla llegó a la presidencia y la deja, después Fernando Cruz y la deja. ¿Eso qué significa? Que está más que demostrada su capacidad y calidad por tres presidentes. Cuando a Porfirio lo nombran, doña Zarella pidió un criterio a la dirección jurídica para ver este tema. Ahí se establece la separación de los procesos jurisdiccionales y la labor sustantiva de la Sala II con cuestiones administrativas.
Pero Ana Romero tendría un ascenso… Los sindicatos dicen que ganará salario doble.
-Hernández: Es el mismo salario y tendrá la misma categoría de plaza. Ella se está moviendo de forma horizontal a un puesto idéntico, ganando exactamente lo mismo. Ella gana ¢4.382.657 y eso es lo que va a ganar.
¿Consideran que no existe un conflicto de intereses porque ella pasará a Junafo y su esposo sea magistrado? Los sindicatos aseguran que es algo similar a lo de Emilia Navas.
-Hernández: Ellos tratan de decir que la cúpula del Poder Judicial nos impuso a Ana Romero para quitarse su problema de conflicto de intereses. Algunos a través de correos han dicho que eso es corrupción. Los seis miembros de la Junta no devengamos ni un solo cinco, ni dietas, ni nada. A veces uno se cuestiona toda esta bronca al manejar gratis ¢728 mil millones.
-Mora: Hoy por hoy no existe conflicto de intereses en su posición porque la administración del Poder Judicial le corresponde al Consejo Superior y no a la Corte Plena. Además el trabajo de Ana Romero es revisar en alzada las sentencias que hay en los tribunales. No tiene que ver con el trabajo que ella ejerce. Es muy injusto hacer una comparación de la situación de ella con la de doña Emilia Navas.
¿Consideran que las decisiones del Fondo se pueden tomar en la mesa de una casa? ¿De qué manera se tomarán las decisiones vitales para el Fondo?
-Mora: Por ley la junta directiva aprueba el tema de inversiones. Existe un equipo de trabajo que estudia los mercados. Ellos lo llevan al presidente, al comité de inversiones, un asesor externo y otros profesionales. Las decisiones se toman de forma técnica. Eso se manda a la junta directiva, la cual recibe un informe técnico y seis personas deciden. Después de todo ese proceso se llamaría a Ana Romero, cuando esté designada, y se le dice sobre la inversión o tema a realizar. Eso muchos magistrados ni lo entienden.
-Hernández: La Corte no ve nada de eso.
¿En qué está invirtiendo el Fondo? ¿Cuáles son los proyectos?
-Mora: El plan más cercano es la salida al mercado internacional. Se estima que se va a sacar un 10% del portafolio, aunque la normativa nos permite llegar hasta un 25% sin permiso, incluso un 50% con permiso de la Superintendencia.
Se ha hecho una hoja de ruta para definir los proyectos. Adicionalmente estamos negociando con el Ministerio de Hacienda la posibilidad de efectuar canjes de instrumentos. En cartera tenemos algunos de vieja data y se procura tener mejores rendimientos.
¿Inversión en bolsa?
-Mora: Bolsa en los Estados Unidos, ubicándonos en bonos corporativos.
¿Inversión en obra pública en el país?
-Mora: La posibilidad existe. Se viene hablando desde hace cinco años, pero viene en puro runrún. Ni siquiera ha arrancado la ampliación de la Ruta 1 en San Ramón. Perfectamente obra pública o privada, fideicomiso de construcciones inscrito en el Registro de Valores Intermediarios, podríamos invertir. Lo que no podemos hacer es inversión directa. No podríamos financiar, por ejemplo, la construcción de escuelas del MEP. Lo que sí podemos es que el Fondo le preste al Poder Judicial para que desarrolle obra. Ellos podrían financiar obra.
-Hernández: Estamos en capacidad de construirle todos los edificios al Poder Judicial. El problema es que los bancos se aliaron para ofrecer una tasa baja al Poder Judicial (4%) para construir edificios, mientras que nosotros estamos en un 6%. Por eso se hacen análisis de costo de oportunidad de los recursos.

 

 

 

 

 

 

 

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Mauricio Aguilar

EMAIL: [email protected]

Lunes 27 Septiembre, 2021

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