Al menos un 60 % del circulante en el Poder Judicial corresponde a casos en materia cobratoria. Eso significa que hay más de 800.000 expedientes activos correspondiente a cobros judiciales.
Así se desprende de los datos suministrados por la Defensoría de Apoyo al Deudor (Defade). Estos reflejarían el fuerte endeudamiento de la población.
“Hemos notado que el tipo de deudas que están recuperando las gestionadoras de crédito y cobro son las llamadas ‘carteras premium’. Lo componen personas mayoritariamente de clase media o incluso de clase alta, y que siempre han mantenido buenas calificaciones crediticias, pero que, debido a la crisis que vivimos, están siendo despojados de sus hogares y pertenencias por medio del cobro judicial”, manifestó Stephanie Portuguez, asesora legal de Defade.
La experta explicó que, a raíz de la pandemia, muchas personas atraviesan una crisis económica grave, derivada de la pérdida de empleos, lo que trae como consecuencia que no puedan hacerle frente a las obligaciones adquiridas, como las deudas de distintos tipos.
Las gestionadoras de crédito y cobro se dedican a comprar las carteras de crédito provenientes de acreedores activos en el mercado o inactivos debido a que han vendido o cerrado sus operaciones en el país.
Portuguez mencionó los casos del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), el Banco Anglo o Financiera G&T.
“Lo que pasa es que muchas de esas deudas ya han cumplido el plazo de cuatro años para prescribir, pero utilizan el portillo legal de que el juez no declara dicho derecho si el deudor no lo solicita”, indicó Portuguez.
EL ACOSO TELEFÓNICO
Estas empresas inician la gestión de cobranza por medio de lo que la experta califica como “acoso telefónico” a terceras personas o a los patronos de los deudores.
“Atropellan e irrespetan sus datos personales, según lo que está establecido por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab). Lo peor es que intimidan, embargan salarios y engañan con mentiras para interrumpir plazos de deudas ya prescritas y, lo peor de todo es que, gracias a esas prácticas, han duplicado sus ingresos y han saturado el sistema judicial utilizando la mayor parte de su presupuesto, mismo que proviene de los impuestos que pagan todos los costarricenses”, dijo.
Portuguez hizo un llamado para que la gente preste atención a lo que dicta la ley para que no entren en este tipo de situación. Puso como ejemplo a una financiera que habría tenido acceso al aguinaldo y bono escolar de algunos trabajadores.
“Tiempo atrás, las instituciones financieras otorgaban períodos de gracia en lo referente al pago de las obligaciones de crédito, no obstante, esto se modificó, por lo que las personas deben estar al tanto de esta situación, ya que, si no prestan atención, no se defienden, no asisten a las citas y llamados, desacatan o desconocen esta situación, no le eximirán de sus obligaciones”, acotó.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Viernes 24 Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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