Diario Extra - Órdenes judiciales tendrían colapsadas celdas del OIJ

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) denuncia presuntos hacinamientos en las celdas judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a pesar de que los centros penitenciarios cuentan con los espacios para el traslado de las personas que se encuentran esperando ser llevados a los mismos.
Información que trascendió a DIARIO EXTRA señala que presuntamente en los centros penitenciarios de San Sebastián y La Reforma sería posible mantener a estas personas en lugares con menos hacinamiento.
De acuerdo con lo manifestado a El Periódico de Más Venta en Costa Rica, son pocas las acciones que se están tomando para evitar la concentración de personas en los recintos de justicia, en los que solo deberían permanecer por 72 horas a la espera de que se les asigne un espacio en un centro penal.
Datos a los que tuvo acceso este medio revelan que las celdas judiciales mantendrían poco más de 200 personas a la espera de ser llevadas a una cárcel, sin embargo, la ANEP afirma que la cifra es aún mayor.
Además, desde el sindicato alegan que, en apariencia, el Ministerio de Justicia y Paz cuenta con los mecanismos para evitar que esta situación se presente.
La cartera, por su parte, argumenta que órdenes judiciales les impedirían el uso de algunos recintos que disminuirían el hacinamiento.

SITUACIÓN GRAVE

El Periódico del Pueblo conversó con José Poveda, representante de la ANEP, quien indicó que la problemática atenta contra las personas que están detenidas, al igual que con los funcionarios que ahí laboran.
“El secretario se está refiriendo a una situación de más de 200 personas a nivel nacional en celdas judiciales. Lo que estamos alegando es que ese número de personas se queda corto. Tenemos transitoriamente más personas en las celdas judiciales, se siguen trabajando todo lo que son asuntos de calle, todo lo que detiene Fuerza Pública, Policía Municipal, Policía de Tránsito y OIJ”, añadió.
Según Poveda, la inacción de parte de la ministra Fiorella Salazar provoca el colapso de las celdas, que ya superarían la capacidad permitida.
“La ministra de Justicia está alegando un tema de salud porque no tiene los espacios, para que estos detenidos que están en celdas judiciales sean ubicados o tengan los espacios para que ellos puedan compartir una cuarentena, para nosotros esa justificación es muy corta”, señaló.
De acuerdo con el representante de ANEP, la situación se ha agravado en los últimos días, el panorama actual lo califica de grave ante los constantes casos de Covid-19 que son detectados.
“El sistema en las celdas judiciales está grave, porque no son celdas acondicionadas para tener este tipo de personas y menos a las personas que están sufriendo el problema de la enfermedad de Covid. Se están violentando sus derechos, se les está privando a ellos por gran cantidad de días porque estos privados de libertad permanecen hasta un mes y cuidado no es más en celdas judiciales”, mencionó.
Entre lo explicado por Poveda destacan las condiciones que él cataloga como poco humanas, por lo que llama la atención el poco interés de otras instancias que velan por los derechos de las personas, pero no toman cartas en el asunto.

POCA EJECUCIÓN

Por su parte, el representante de la ANEP comentó que las soluciones para mitigar la problemática son pocas y no llegan frenar la aparente sobrepoblación en las celdas judiciales.
“La ministra lo que tiene es una disputa entre los jueces de ejecución, los que tienen cerrado para decir o tienen restringido el ubicar a estas personas que salen de las celdas judiciales para cumplir una cuarentena en los centros penales, pero que ella los está ubicando en unas pocilgas, en las áreas de los módulos que usa para las visitas conyugales, que los ubica en los gimnasios tirados como perros en unas espumas, en espacios abiertos donde sufren frío, situaciones del clima”, añadió.
El representante de ANEP sostiene que el Ministerio de Justicia y Paz dispone de los espacios que podrían dar un respiro a las celdas judiciales, sin embargo, de acuerdo con los señalamientos sencillamente no se emplean estos recursos y se prefiere pasar necesidades.
“Tiene espacios en módulos. San Sebastián tienen más de 300 espacios en los ámbitos, en La Reforma hay módulos donde pueden ser ubicados, donde ella puede hacer una limpieza general y ubicar a estas personas que cumplan con las cuarentas y que no tengan que revolverse con la gente que esta allá”, enfatizó.
Ante las excusas de las autoridades, el representante sindical argumenta la poca planificación que se tiene para el manejo de los espacios.
“No hay planificación y yo no sé hasta dónde hay un orden jerárquico. Hay una situación de desacato, de desobediencia que tiene la ministra de Justicia con relación a un ente superior como es la Sala Constitucional”, indicó.
Además, Poveda puntualizó que las manifestaciones de días atrás de Fiorella Salazar son del todo contradictorias, luego de que manifestara que el aumento en el presupuesto de la cartera y la apertura del centro penal conocido como “Terrazas” no han generado un impacto positivo en la población del sistema.
“Esto no solo me causa una situación contradictoria, sino que nos llama la atención que es muy pasiva la medida que toman. Estaba viendo declaraciones de ella y está hablando que estas Terrazas hay una probabilidad que se abran hasta finales de noviembre, donde ella está alegando el tema de salud y donde no tiene esos espacios para que estos privados de libertad cumplan las cuarentenas”, concluyó.

PRESUPUESTO RECIENTE

El Ministerio de Justicia y Paz recibirá ¢8 mil millones más en sus arcas para el presupuesto del próximo año, así lo detalló el Ministerio de Hacienda.
En otras palabras, el ente de justicia dispondrá de un total de ¢199.821 millones, dinero que se usará para poner en funcionamiento del Centro Penitenciario Terrazas.
Cabe mencionar que la moderna infraestructura contará con 1.248 espacios para población sentenciada e indiciada, lo cual aliviaría el hacinamiento en el sistema penitenciario.
Cabe mencionar que, en agosto del 2021, la cartera de Justicia recibió ¢191.149,6 millones a su presupuesto.

ÓRDENES

El Ministerio de Justicia y Paz detalló que las presuntas órdenes emitidas por los jueces de la República les impiden movilizar personas provenientes de las celdas judiciales, lo que ha hecho que la situación empeore rápidamente.
“10 de los 11 centros habilitados para recibir hombres provenientes de celdas judiciales están cerrados por orden de jueces y el único habilitado tiene un hacinamiento de 94%. Veníamos advirtiendo una creciente presión sobre el sistema penitenciario que nos impide recibir a las personas provenientes de celdas. Hemos llegado a un momento en el que prácticamente no ha sido posible recibir nuevos ingresos en las últimas dos semanas”, detallaron en la cartera de justicia.
Según precisó la institución, se cuenta con espacios disponibles, sin embargo, no se pueden utilizar hasta que las medidas sean levantadas.
Los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Comando de Atención de la Emergencia (CAE, del Ministerio de Justicia y Paz), la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Ministerio de la Presidencia, así como la Dirección de Policía Penitenciaria, presentaron una propuesta que buscaría el levantamiento de la prohibición de uso del gimnasio de la Unidad de Atención Institucional (UAI) Reinaldo Villalobos como un centro para el aislamiento de personas provenientes de celdas judiciales.
La medida se estaría sumando en apariencia con el recurso de habeas corpus interpuesto por el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Salud para atender la situación que enfrenta el sistema penitenciario del país, recurso tramitado en la causa 21-017649-0007-CO.