Los vecinos de la Ciudadela Calderón Fournier en San Martín de Nicoya, Guanacaste, manifestaron su disgusto con el trabajo de la Fuerza Pública porque alegan que su barrio sigue siendo dominado por el hampa y las autoridades brillan por su ausencia.
Por esta razón 27 miembros de esa comunidad se organizaron y se pusieron de acuerdo para equiparse con armas de fuego, machetes y cuchillos para su propia defensa.
De acuerdo con una fuente cercana al caso, los lugareños afirman que ante la inacción de los uniformados tendrán que tomar la justicia en sus propias manos porque se ha incrementado la ola de delitos.
DOS ANTECEDENTES
Uno de los dos incidentes que acabaron con la paciencia de los habitantes de esta ciudadela fue cuando un hombre intentó prenderle fuego a una casa cuyos habitantes al parecer hacían llamadas anónimas a las autoridades para denunciarlo por cometer actos ilícitos.
El segundo fue cuando los uniformados detuvieron a cuatro sospechosos que intentaron asesinar a un hombre dentro de un vehículo, propinándole al menos 12 puñaladas en diferentes partes del cuerpo.
Ante estos acontecimientos las autoridades regionales indicaron que esa barriada se ha convertido en una de las más conflictivas del cantón, pero la Fuerza Pública asegura que trabaja arduamente en la protección de los nicoyanos.
Prueba de ello es que cada noche llevan a cabo operativos de vigilancia para brindar seguridad a los lugareños, sin embargo los habitantes de la Ciudadela Calderón Fournier no pueden confirmar que las autoridades hagan su trabajo.
SEGURIDAD CIUDADANA
DIARIO EXTRA habló con Mauricio Alvarado, miembro de la Asociación Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana, para saber qué opina sobre la decisión que tomaron los vecinos de esa barriada nicoyana.
“Siempre hemos instado a que la población que decide tener armas de fuego para la defensa de su vida y de su patrimonio lo haga por las vías legales.
Eso significa cumplir con todas las normativas que el país ha establecido al respecto, de manera que el arma sea comprada en una armería debidamente inscrita y que se cumpla con todos los requisitos para garantizar a la persona que no solo está protegida por un marco legal, sino que al haber cumplido esa serie de requisitos hay un conocimiento mínimo para el uso del arma en su defensa”, explicó.
Alvarado agregó el punto legal y su perspectiva ante ese caso. “Es entendible que la población se sienta obligada a tener cada vez más herramientas para la defensa de su vida y su patrimonio.
Las armas de fuego son un recurso valioso, importante, pero también lo son las cámaras de seguridad, la contratación de seguridad privada, las cercas perimetrales, las alarmas y el monitoreo, entre otras.
Entendemos el comportamiento que manifiesta esta comunidad, pero es importante hacer todo esto dentro de las vías legales y recordar que en los últimos años la seguridad ha sido un tema que ha venido a menos en el país. Los últimos dos gobiernos nos han llevado a tasas de delincuencia y homicidios sumamente elevadas, eso explica el fenómeno que se está viendo en Nicoya, también que la gente se siente desprotegida y que el Estado no está cumpliendo con el deber de proteger a la población”, expresó.
DOS DÍAS SIN RESPUESTA
El Periódico de más Venta en Costa Rica trató de conocer la posición del Ministerio de Seguridad Pública, pero al cierre de edición no recibimos declaraciones como ya es habitual, pese a que se había hecho la consulta por dos días seguidos.
PERIODISTA: Josué Castro Chavez
EMAIL: [email protected]
Sábado 18 Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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