El concurso para elegir al nuevo fiscal general de la República cerró su proceso de inscripción el pasado viernes 3 de setiembre con veinte aspirantes al cargo, en donde figura un juez que se ha declarado en contra de las uniones de parejas del mismo sexo.
Se trata del juez notarial abogado Francis Porras León, quien intentó anular el matrimonio de Rodrigo Campos Hernández y del activista LGTBI Marco Castillo Rojas.
En dicho caso, habría señalado que la unión era “inconstitucional” y, además, ocultando su posición de juez, pues llegó presentándose como abogado y notario, Porras anuló el matrimonio del activista.
La instancia fue rechazada por las autoridades judiciales.
El mismo juez, que hoy busca ocupar el puesto que dejó Emilia Navas, habría desinscrito el matrimonio de Jazmín Elizondo Arias y Laura Flórez-Estrada.
Todo eso, violentando, en apariencia, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual prohíbe a todos los funcionarios del Poder Judicial ejercer su profesión fuera de la institución.
Porras León, quien es máster en Derechos Humanos (DDHH), ha manifestado abiertamente su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, el cual lo tacha una “falacia”, y que “el diseño biológico no establece un matrimonio homosexual”.
Incluso, considera que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el de Sala Constitucional, en relación a las uniones de parejas del mismo sexo “carecen de técnica” y, además, son “anticientíficos”.
“(…) (decir que) el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho humano es una falacia (…) y realiza una deconstrucción del concepto de familia que los constituyentes de 1948 establecieron”, plantea un fallo emitido por Porras.
De acuerdo con el sitio del Poder Judicial, Porras presentó la documentación respectiva el jueves anterior.
En su presentación, el abogado asegura que es una persona “asertiva, conciliador, apasionado de la ciencia jurídica y de la filosofía, honesta, trabajadora y con la facilidad de trabajar en equipo”.
“Atesoro los principales valores del ser costarricense, solidaridad, amante de mi trabajo y de la búsqueda de la excelencia en el mismo, de mi familia y de mi patria”.
Porras sostiene que, en caso de llegar a la Fiscalía General de la República, se dedicaría a combatir el principal problema que tiene el país: la corrupción.
“Los casos de corrupción de funcionarios públicos y privados, la aparente infiltración del narcotráfico en partidos políticos, en el sistema bancario y financiero, y el crimen organizado, entre otros delitos, han golpeado a un país que ya no aguanta más. He luchado contra la corrupción a lo interno de mi querido Poder Judicial y desde la Fiscalía General, daré prioridad a la lucha contra los delitos de cuello blanco, la lucha contra la corrupción en la función pública.
He ejercido la judicatura por catorce años de manera, honesta, eficiente y eficaz, al día de hoy y espero que nunca se me ha atribuido ni probado ninguna acusación de corrupción de ningún tipo. Si se me nombra, mi prioridad la daré a la lucha contra la corrupción en la función pública, el narcotráfico y todo tipo de crimen organizado, dentro y fuera de los tres Poderes del Estado, incluyendo el Tribunal Supremo de Elecciones si hubiere delitos que perseguir ahí”, precisa su presentación.
¿QUÉ DICE CASTILLO?
Marco Castillo, activista de la comunidad LGTBI y afectado por Porras, aseguró que si bien tiene derecho a participar, “con sus antecedentes tan arbitrarios e ilegales, será complejo que sea electo como fiscal general de la República”.
“El tema no es que sea conservador, sino que se ha brincado la ley. Ha actuado de oficio en cosas que no le corresponden y, además, hecho resoluciones en contra de lo que dice la CIDH. Ha fallado diciendo que la Sala Constitucional se equivocó (sobre el matrimonio de personas del mismo sexo). Eso no garantiza una posición acorde con la legislación y ordenamiento jurídico”, dijo a DIARIO EXTRA.
¿Y QUÉ SIGUE AHORA?
El grupo de personas inscritas se encuentra en proceso de revisión documental por parte de la Unidad de Reclutamiento de Gestión Humana, para constatar que cumplen con la totalidad de los requisitos publicados en el cartel del concurso CN-06-2021.
A quienes cumplan lo correspondiente, se les calificará según las bases de selección previamente establecidas, que incluye los siguientes rubros: experiencia laboral en el ejercicio del Derecho, en supervisión de personal y estudios universitarios complementarios, los cuales son adicionales a los parámetros mínimos exigidos por ley.
La persona que obtenga una nota ponderada de al menos 80.00% aparecerá en un nuevo y definitivo listado de personas que se estará publicando oportunamente en el sitio web, momento en que se habilitará un buzón para comentarios, opiniones o información de interés que desee aportar el público en general.
Esas personas serán llamadas a realizar un conjunto de pruebas utilizadas en el proceso de selección de personal y una entrevista donde se evaluarán sus competencias laborales. Asimismo, se les realizará un exhaustivo estudio socio-laboral y de antecedentes.
Como etapa final, se convocarán a una entrevista pública, que estará a cargo de la Comisión de Nombramientos de Puestos de Elección de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez completa esta etapa, se asignará una nota de elegibilidad a las personas aspirantes que aprueben dicha entrevista y se elaborará la nómina que la Comisión de Nombramientos trasladará a la Corte Plena para la elección final de quien ocupará el cargo de fiscal general de la República.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Martes 07 Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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