Privilegios públicos que se han vuelto inconstitucionales

Osvaldo Corrales Jiménez

En el sector público, se pagan muchos millones en anualidades, sin embargo, implican una prebenda odiosa, o sea, un privilegio que en cambio los trabajadores del sector privado no gozan. Quienes defienden las anualidades (los sindicalistas) lo justifican como un estímulo a los funcionarios que desempeñan sus puestos o en teoría por la experiencia adquirida con los años. Pese a lo anterior, debe ser una obligación de todo empleado dar un buen servicio, independiente de la experiencia laboral, aspecto que lo estipula en parte el mismo artículo 11 de la Constitución Política. Además, en el Código de Trabajo, no se contemplan las anualidades en el sector público ni en el privado, empero, ese beneficio sí se estipula en la Ley de Salarios del sector público.
Otros privilegios irritantes son las altas pensiones del Régimen del Poder Judicial y el “derecho” de acogerse a la pensión a los cincuenta o cincuenta y cinco años. Además, según una resolución de la Sala IV de hace unos años, se rompió el tope de pensiones en materia de contenido económico, o sea, ciertos jubilados del sector público pueden gozar de altos ingresos, que llegan hasta varios millones de colones mensuales, según sea el caso. Entonces, lo malo del asunto es que la Sala IV modificó la ley para darle esa gollería a sus funcionarios cuando se pensionen, pese a que según el artículo 121 de la Carta Magna solo la Asamblea Legislativa tiene poder de: “dictar leyes, reformarlas, derogarlas y darles la interpretación auténtica…”. Entonces, en este caso, la Sala Constitucional cometió una inconstitucionalidad, ¡qué ironía!
Lamentablemente, los sindicalistas del Poder Judicial aducen irónicamente que, los jueces, por ejemplo, merecen pensionarse a temprana edad, dado el gran desgaste emocional que tienen en sus ocupaciones. Pero si eso es lo justo, ¿entonces por qué a los educadores y policías no les dan la pensión a menos edad?
Por otra parte, es una anarquía que en Costa Rica haya muchos regímenes de pensiones, pues esto fomenta el goce de tantos beneficios desmedidos. Si no se crea un régimen único, dejemos entonces de pensar que el despilfarro del gobierno se detendrá, así como la desigualdad social que favorece solo a ciertos grupos de “tagarotes”.
Otra cosa, en dado momento, la Cámara de Industrias de Costa Rica planteó una acción de inconstitucionalidad contra una polémica convención colectiva de Recope. Y es que ocho rubros que implicaban un desembolso de 5 mil millones de colones pretendían ser cargados a las tarifas de los combustibles. Ese tipo de cosas, al parecer implican la trasgresión del artículo 46 de la Carta Magna. En detalle el enunciado expresa:
“…Los consumidores y usuarios, tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos…”.
En tanto, el artículo 33 estipula, que toda persona es igual ante la ley y no puede o debe ser discriminada en el sentido que atente contra la dignidad humana, pero eso no se cumple, pues los privilegios públicos crean una amplia brecha con respecto a los salarios del sector privado. A pesar de lo anotado, y como ya se dijo, los sindicatos se alzan en huelgas, sin importarles el menoscabo del bienestar del resto del pueblo. Y es que harta ver cómo los sindicalistas se la pasan en el planteamiento de más privilegios para sus agremiados.
Por otra parte, es atinado lo expresado hace un tiempo por el exministro Fernando Berrocal en un comentario en un medio de prensa escrita, cuando dijo que las instituciones autónomas están por la libre, ya que nadie las controla ni en lo presupuestario ni en lo político. También agregó que debería darse una revisión constitucional, para lograr “un Estado moderno, eficiente y al servicio de la gente.
De todas maneras, según un reportaje de un medio digital del 3 de octubre de 2014, el ICE, la CCSS y Recope son tres de las instituciones donde sus empleados gozan de más privilegios. Tan solo en el caso del ICE, a la fecha de ese reportaje se permitía a los trabajadores que estudiaban en una universidad pública hacerlo en horario laboral y con el salario completo.
En lo tocante a la CCSS, a los médicos se les ha dado un incentivo por la antigüedad del puesto, y un porcentaje por la carrera hospitalaria y un “incentivo” si labora en la consulta externa, entre otros beneficios. En síntesis, las cosas no podrán mejorar si no se eliminen esos privilegios.

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Jueves 22 Julio, 2021

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CRÉDITOS: Osvaldo Corrales Jiménez