Diario Extra - Nuevo juicio contra chinos por lavado de dinero

Tres hombres y una mujer, de apellidos Weng, Feng, Hu y Li, respectivamente, deberán ir a juicio nuevamente luego que el Ministerio Público apelara la absolutoria que recibieron en el primer debate al que acudieron por lavado de dinero.
Se trata del caso que está en el expediente 18-000029-1322 PE, que ahora deberá agendarse en el II Circuito Judicial de San José, fuera apelada. El único problema que tiene este caso para las autoridades es que estas personas, después del fallo a su favor, abandonaron el país, lo que dificultará la realización del juicio.

LA ACUSACIÓN

A las personas implicadas en este caso se les acusa del delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.
En allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial, junto con el Ministerio Público, a los imputados, se les incautaron las sumas de 3,5 millones de dólares y 240 millones de colones en efectivo, además de una automóvil de lujo recién adquirido.
El automotor, placa HYQ168, modelo Mitsubishi Outlander, todavía aparece a nombre de una persona de apellidos He Feng y que figura como implicado en el caso.
He Feng, de 57 años, naturalizado costarricense, y un acompañante portaban una bolsa de regalo, donde los oficiales hallaron $80 mil en efectivo al momento de ser detenidos.
Los movimientos judiciales se realizaron en 2018 en Paseo Colón y en 2019 en un establecimiento en el Barrio Chino.
FALLO DESESTIMADO

Para el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José la absolutoria a los asiáticos fue un error y anuló el fallo que dejó en libertad a las personas imputadas.
En el fallo anterior se habían determinado como ilegales los allanamientos realizados por el Ministerio Público y el OIJ, ya que en el lugar no había alguien que hablara el idioma de las personas detenidas, que no entendían español.
Esto fue descartado por el tribunal de alzada basado en que dicha figura no es requisito para realizar una diligencia de allanamiento y, más bien, solo es procedente cuando se toma la declaración indagatoria de la persona imputada, lo cual se hizo en presencia de su defensor y de la persona intérprete.
También se descartó que el OIJ actuara de forma ilegitima al detener a una persona extranjera que intentaba ingresar $70.000 por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y que estaba ligada al caso.
Además, se desechó rotundamente la tesis del Tribunal Penal de que el Ministerio Público violó los derechos fundamentales de los coimputados al obtener su declaración y colaboración en el proceso, puesto que ambos contaron con asesoría legal al negociar y declarar, por lo que no existió elemento alguno para señalar una práctica desleal o ilegítima como coaccionar a los acusados para obtener su confesión.
La fiscalía sospecha que el grupo criminal trasladó, convirtió, almacenó y custodió al menos $19.342.071 y ¢261.120.290.
Ahora la fiscalía trabajará en encontrar la manera de poder notificar a los implicados y que estos puedan cumplir con sus cuentas pendientes con la justicia del país.