La Auditoría General del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recomendó despedir a Susana López Rivera, jefa del Departamento Jurídico de la institución.
Dicha solicitud llegó al despacho de Rodolfo Méndez Mata, ministro de la cartera, en agosto de 2019 a través del informe Nº DAG-RH-30-2019, “Eventual Responsabilidad por Incumplimiento del Reglamento sobre las Cauciones que deben rendir los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos”.
El análisis se efectuó como parte de un control interno para verificar el cumplimiento de dicho reglamento sobre las cauciones, es decir las garantías que deben pagar los funcionarios públicos que administran recursos del Estado.
De acuerdo con el informe de Auditoría, del cual DIARIO EXTRA tiene copia, Susana López Rivera se desempeñó como funcionaria encargada de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos desde el 8 de octubre de 2008.
Tras un préstamo interinstitucional, López se desempeñó como subdirectora de Asesoría Jurídica del Consejo de Transporte Público (CTP), profesional jefe de Servicio Civil 3 desde el 20 de setiembre de 2013.
CAUCIONES
Según la Auditoría Interna, en el traslado temporal el 9 de enero de 2017, López remitió el Oficio Nº DAJ2017000012 al director de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MOPT y al jefe de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del CTP sobre el pago anual de la póliza por un monto de ¢14.950 ante la corredora de seguros GSI S.A.
De acuerdo con la Auditoría, no consta la presentación de la copia certificada de la póliza en momentos en que la colaboradora se desempeñaba en el puesto de profesional jefe de Servicio Civil 3.
Según se indica en el documento, una segunda renovación se dio el 19 de diciembre de 2017. Se adjuntó una copia fotostática simple, no obstante tampoco consta la presentación de la copia certificada de la póliza.
Precisamente las consideraciones fáctico-jurídicas de la Auditoría revelan que la funcionaria omitió aportar la copia certificada de la póliza de fidelidad al suscribirla por primera vez y al renovarla.
TRASLADO
El documento resume que el 8 de marzo de 2018 se procedió a la rescisión del Convenio de Préstamo de Susana López entre Germán Valverde, exministro del MOPT, y Mario Zárate, exdirector ejecutivo del CTP.
Ahí mismo se ascendió a López como jerarca interina de la Dirección de Asesoría Jurídica desde el 2 de abril de 2018. Dos meses después, Cristhian Méndez Blanco, secretario de la Comisión de Cauciones, notifica que al ubicarle en el nivel 3, el monto de caución a rendir es de ¢750.000.
El artículo 5 del reglamento establece que a efectos de determinar el monto de caución que debe rendir el funcionario, la Comisión de Cauciones tomará en cuenta el salario.
Tras un informe solicitado por la Auditoría del MOPT el 4 de marzo de 2019, se determinó que la póliza de la colaboradora venció el 11 de diciembre de 2018.
“En ninguna de las bases de datos remitidas por el órgano competente consta la renovación de la póliza de la licenciada López Rivera. Tampoco consta que la funcionaria realizara los trámites para garantizar mediante póliza el pago de ¢750.000 conforme le fue requerido el 8 de junio de 2018 por parte de la Secretaría de la Comisión de Cauciones”, señaló el informe de Auditoría.
Fuentes cercanas a El Periódico del Pueblo adujeron que el motivo por el cual Méndez Mata no quiso firmar la gestión de despido contra López fue porque aparentemente él tenía en ese momento la póliza de caución vencida.
¿QUÉ DICE EL MOPT?
El Periódico de Más Venta en Costa Rica gestionó la consulta con la Oficina de Comunicación del MOPT, la cual facilitó la resolución 2020-000390 del 1º de abril de 2020.
La institución detalló que por medio del oficio DM-2020-0594 del 18 de febrero de 2020, suscrito por Esteban Salazar Valverde, jefe de Despacho del ministro, se solicitó a Cristhian Méndez Blanco certificar si Susana López se encuentra al día con las obligaciones que establece el reglamento.
La petición efectuada por Salazar se realizó 6 meses después del informe de Auditoría General Nº DAG-RH-30-2019.
Méndez Blanco respondió a Salazar el 20 de febrero de 2020 y apuntó que de acuerdo con el expediente 1.812, la base de datos, los archivos y registros que al efecto lleva ese Departamento, constaba que la funcionaria se encontraba al día con fecha 11 de diciembre de 2019 y hasta el mismo periodo de 2020.
“Conforme a lo antes indicado, para que la administración decida iniciar un procedimiento administrativo disciplinario o gestionar el despido como lo recomienda la Auditoría Interna, debe estarse frente a alguna de las conductas u omisiones establecidas supra por la Procuraduría General de la República, además que debe existir un daño para la administración, el cual debe ser producto de esas conductas u omisiones.
No es conveniente y oportuno activar el aparato administrativo para perseguir una conducta que no produjo daño o perjuicio al Estado, tal y como ocurre en el caso bajo examen”, manifestó el ministro Rodolfo Méndez en la resolución.
Consultado sobre si es cierto que el jerarca debía caución y por eso no inició el proceso de despido, indicaron que “en cuanto al cumplimiento de las cauciones, don Rodolfo siempre ha estado al día con el pago de las mismas, la presente le cubre hasta agosto de este año”.
LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA
Artículo 120:
“Las garantías que rindan los funcionarios públicos deberán mantenerse por el lapso de prescripción de la responsabilidad civil o mientras se encuentre pendiente un procedimiento administrativo por daños y perjuicios. La falta de presentación de la garantía será causal para el cese en el cargo sin responsabilidad patronal”.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Martes 29 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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