Líderes comunales reclaman 15 años de negligencia del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para el desarrollo del proyecto habitacional Duarco-Cocorí, en Cartago.
Denuncian que intereses políticos están por encima del bienestar social de las familias y que se maneja un “chorizo” para beneficiar a algunas empresas ligadas con el Poder Ejecutivo.
La polémica surge en relación con algunos acuerdos adoptados por la junta directiva del Banhvi, donde le estarían haciendo una zancadilla al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), según denunciaron los vecinos.
Al respecto se refieren a una interpretación que hizo el Banhvi sobre el artículo 73 (bis) de la Ley No.7052, que crea el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), donde señalan que el INVU no puede ser la entidad autorizada en proyectos de construcción de vivienda de interés social.
La molestia surge porque desde 1983 el INVU construye en terrenos propios y no entienden por qué hacen la interpretación a la ley a este proyecto, que aún no empieza ni los movimientos de tierra.
DOCUMENTOS
El Banhvi envió un oficio a Marco Hidalgo Zúñiga, gerente general del INVU, donde por medio del acuerdo 7 de la sesión 19-2021 del 8 de marzo de 2021 se autorizó al INVU para que elevara al órgano el respectivo dictamen sobre la razonabilidad técnica y financiera de las obras de dicho proyecto “para la eventual aprobación de la reserva de recursos que le permitirá al INVU proceder a la correspondiente licitación de construcción”.
No obstante, los directivos adoptaron el artículo 11 de la sesión 23-2021 del 22 de marzo de 2021, donde deja sin efecto el acuerdo alcanzado dos semanas atrás con el argumento de que se debía revisar la viabilidad legal.
Dagoberto Hidalgo, gerente general del Banhvi, envió un documento a Erick Solano Coto, presidente ejecutivo del INVU, el 31 de mayo, para indicarle que tras un análisis legal, la junta directiva se separa del criterio de que el INVU tramite directamente el desarrollo del proyecto habitacional.
Al respecto comunicó al INVU para que se tramite el financiamiento de Duarco-Cocorí con alguna entidad del SFNV.
Fuentes cercanas a DIARIO EXTRA indican que se escuchan dos opciones, una de ellas es la Fundación Costa Rica-Canadá, mientras que la otra sería la Compañía Asesora de Construcción de Ingeniería S.A. (Cacisa), empresa que es objeto de cuestionamientos por el caso Cochinilla y cuyo dueño hasta el 2018 fue José Manuel Sáenz, quien estuvo casado con la precandidata del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcia González.
PREOCUPACIÓN
Roberto Romero, presidente de la Asociación de Vivienda de Cocorí, dijo a DIARIO EXTRA sentirse molestos ante los recientes acuerdos de la junta directiva del Banhvi.
Aseguró que tras una manifestación el 1 de diciembre, el gerente del Banhvi se mostró como una persona abierta y de apoyo total al proyecto, sin embargo recalcó que los directivos lo manejan como si fuera un títere.
Señaló que Irene Campos, ministra de Vivienda, conoce el proyecto desde hace 15 años, durante la segunda administración de Óscar Arias, y que siempre les dio la espalda.
“Mi pregunta va dirigida hacia la señora ministra: ¿por qué tanto silencio? Es que acaso tiene compromisos políticos con empresas constructoras y que debe pagarles con una tajada del presupuesto de ¢8.045 millones algún compromiso que quedó pendiente para algún familiar de ella que quería un puesto en el gobierno o un compromiso con ella.
Si no es así, la invito a que renuncie al cargo porque verdaderamente no está haciendo nada por el sector vivienda. Más bien estando de acuerdo con que se aplique la Ley No.7052 al INVU es un atropello, es una ofensa para el pueblo de Costa Rica de ella como ministra. Debería dejar el cargo”, sentenció.
Romero enfatizó que el Banhvi le cierra las puertas al INVU por dar “tajadas a empresas privadas”.
DIARIO EXTRA buscó la posición del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y desde su oficina de comunicación nos remitieron al Banhvi y el INVU.
¿Qué dice la Fundación Costa Rica-Canadá?
“En la Fundación Costa Rica-Canadá a la fecha no tenemos ninguna comunicación formal sobre la función que pudiéramos realizar en el proyecto Duarco-Cocorí.
Si nos fuera ofrecida la posibilidad de realizar alguna función con relación al mismo, procederíamos a analizar la conveniencia o no de participar, tal como lo hacemos con cualquier proyecto donde se nos ofrezca participar.
En la misma línea, no hemos tenido conversación alguna con la señora ministra de Vivienda, Irene Campos, ni la primera dama Claudia Robles, respecto de este proyecto”.
VECINOS PREOCUPADOS
Rafael Romero
Líder comunal
“Vean por dónde va el chorizo. Queremos sacar al INVU, que es una institución de gobierno, para meter a una entidad privada como Costa Rica-Canadá. Ahí es donde viene el trueque, que me den este proyecto a mí y yo te paso algo. Ahí es donde vienen los negocios por debajo de la mesa, es donde Costa Rica debe abrir los ojos y despertar, no permitir más estos atropellos. No vamos a permitir que se lo den a Costa Rica-Canadá ni a ninguna otra organización”.
Hellen Molina
“Tenemos 15 años de estar en el proyecto Duarco-Cocorí. Nos han llevado en hablada tras hablada. El 1 de diciembre fuimos a una manifestación pacífica, nos dijeron que todo iba bien, no nos dieron la cara. Se le han mandado correos a la ministra de Vivienda, ella no se digna ni siquiera mandar a decir que hablará con nosotros. No pasa nada”.
Saskia Clunie
“Nuestra lucha ha sido muy fuerte porque somos familias que pagamos alquiler, tenemos hijos, trabajamos, algunas somos madres jefas de hogar y lo que se nos ha dado hasta hoy no ha sido gratuito. Hemos pagado permisos, estudios de suelo, año con año renovando permisos que cuestan dinero, pagando lo que las instituciones públicas nos digan para ir avanzando con el proyecto”.
Alexander Calvo
“Soy una persona con discapacidad y pago alquiler. Tengo que velar por mi hermana y mi sobrina, además tengo que pagar todos los servicios y si no trabajo, no se puede pagar. En parte le pedimos al gobierno que nos ayude con una solución de vivienda, que es realmente lo que queremos. Los del gobierno tienen su casa y no casitas humildes, no deben vernos por debajo del hombro sabiendo que somos seres humanos”.
Carmen Durán
“Que se pongan la mano en el corazón para que tengan piedad y misericordia de nosotros. Vivo arrimada con una hermana que me presta las piecitas, pero soy muy sufrida. Ella me maltrata mucho con palabras y padezco de depresión. Pido a Dios que les toque ese corazón duro y que tengan piedad de este proyecto, que por favor nos den ese sueño que le he pedido tanto a Dios”.
• Dagoberto Hidalgo, gerente general Banhvi:
“Especificaciones técnicas están en análisis”
Dagoberto Hidalgo, gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), dijo que en la actualidad los parámetros del perfil del proyecto, planos constructivos, presupuesto y especificaciones técnicas están en análisis.
Aseguró que dichos procesos se encuentran a cargo de los equipos técnicos del Banhvi y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Al consultarle sobre el estancamiento dijo que los proyectos habitacionales deben cumplir con una serie de trámites institucionales preliminares, diseños y elaboración de planos constructivos para determinar su viabilidad técnica.
Detalló que se debe tener bajo la lupa el cumplimiento de los requisitos formales, legales y sociales, con el fin de que puedan ser eventualmente financiados con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda. “En el caso particular de Duarco-Cocorí, el terreno es propiedad del INVU, y este instituto presentó al Banhvi, hacia el último cuatrimestre del año anterior, la información inicial para el registro de parámetros del proyecto y valoración del esquema de financiamiento que se podría aplicar al mismo. En la actualidad, como indicamos anteriormente, tanto el INVU como el Banhvi se encuentran en la fase de evaluación técnica”, manifestó.
Hidalgo defendió el acuerdo de junta directiva donde el proyecto debe tramitarse por medio de otra entidad que no sea el INVU y que el análisis del proyecto continúa su curso mientras se definen aspectos técnicos.
Negó hacer asignaciones a dedo y que en la actualidad no existe ninguna adjudicación. La primera etapa del proyecto Duarco-Cocorí consta de 225 viviendas y las posibilidades de financiamiento se determinarán cuando se cumplan los requisitos correspondientes y se cuente con el contenido presupuestario respectivo.
• Érick Solano, presidente ejecutivo INVU:
“Nos están cortando las alas”
Érick Solano, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), relató que con la reciente interpretación del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) sobre el proyecto le están cortando alas a la institución.
Indicó que a partir de la interpretación que se hace en el proyecto Duarco-Cocorí el INVU ya no podría ser la entidad autorizada para la solución habitacional.
“Quisiéramos saber la razón de fondo, lo demás sería especulativo. Llama poderosamente la atención que luego de 18 años de que ese artículo esté en la ley se venga a hacer una interpretación de que el INVU como entidad autorizada no puede desarrollar proyectos en terrenos propios, entonces nos meten en el mismo saco de todas las entidades autorizadas, cuando el INVU es una entidad autorizada por mandato y designio de la ley. Nos están cortando las alas.
Si no vamos a ser nosotros desde el INVU, si lo que tenemos es una amplia cantidad de reservas, de propiedades, de tierra para poder impulsar los proyectos de vivienda de interés social, que también es un mandato que tenemos en nuestra ley orgánica, que dice que una de las principales razones de nuestra existencia es dotar de vivienda a la sociedad costarricense.
Entonces tenemos los terrenos y ahora en una interpretación del Banhvi nos dicen que ya no podemos desarrollar. ¿Entonces en qué pretenden que nos convirtamos? ¿En tenedores de tierra y que otro sea la entidad autorizada?”, denunció.
Solano enfatizó que les están quitando el espíritu por el cual debe existir la institución, siempre dentro de la aplicación del Sistema Financiero Nacional.
Agregó que ya al Banhvi se le hizo ver que la interpretación es ilegal y que a la fecha existen dos aspectos que no se valoran: la oportunidad y la conveniencia por los 15 años de rezago.
“Esta interpretación que aparece de un día para otro y es en los efectos, no solo jurídicos, sino reales, inconveniente e inoportuna. No hay peor momento que cuando ya está por iniciarse el proyecto como tal, donde nosotros como entidad autorizada ya íbamos a solicitar los recursos para iniciar los trámites de contratación administrativa para iniciar las obras”, detalló.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Fotos: Francisco Herrera
EMAIL: [email protected]
Lunes 21 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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