El desastre ambiental y social en Crucitas parece pasar desapercibido para las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial.
El Colegio de Geólogos de Costa Rica denunció que la Presidencia de la República ignoró una solicitud con 325 firmas de vecinos para que les dejen aprovechar el mineral.
Las firmas se presentaron desde marzo de 2019, sin que a la fecha se tenga una respuesta satisfactoria que brinde soluciones para solventar la problemática.
La organización señaló que la administración se la pasó a Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, luego a la entonces viceministra Celeste López y de ahí se trasladó a Ileana Boschini, directora de Geología y Minas.
Argumentaron que ni el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ni el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) se toman con seriedad las acusaciones para investigar cada una de las problemáticas.
La institución aportó datos, fotografías y el acta notarial a las autoridades del TAA sin que a la fecha se evidencie un avance satisfactorio sobre las acciones planteadas.
La organización colegial expuso en reiteradas ocasiones que lo más preocupante es la magnitud y el impacto tanto nacional como transfronterizo que se puede producir si la situación persiste con el paso del tiempo.
La denuncia original ante el Tribunal Ambiental se presentó en 2018 sin que actualmente se cuente con una respuesta satisfactoria.
Al respecto se envió una denuncia el 16 de marzo de 2021 con el fin de determinar el estado y el avance sobre el desastre en Crucitas.
IMPEDIMENTO DE DRON
Fernando Nietzen, fiscal del Colegio de Geólogos de Costa Rica, dijo a DIARIO EXTRA que a finales de 2019 la institución recibió denuncias de vecinos de Cutris, San Carlos.
Dichas acusaciones tuvieron relación con la inseguridad que se vive a nivel local y regional con violencia, gente macheteada, robos, crímenes diversos, maquinaria sospechosa que cortaba árboles.
Expuso que ante la construcción de un camino dentro de la zona de mayor impacto en Cutris, se procedió a hacer un estudio de campo, sin embargo recibieron trabas para efectuar los trabajos.
“Entonces el Colegio de Geólogos contrató una empresa profesional para que fuera a hacer tomas aéreas de lo que se estaba realizando y ver cuál fue el avance que se había logrado ilegalmente de los oreros y de los daños que se habían acrecentado.
La sorpresa nuestra fue que la policía no permitió que nuestro técnico profesional elevara un dron, no se le permitiera hacer las tomas, a pesar de que estaba en calle pública y que tenía permiso del Colegio para hacer esas tomas. Sin embargo, lo que vemos es un patrón de falta de transparencia”, señaló.
El experto indicó que a la fecha nadie les da respuestas y la problemática viene agravándose a vista y paciencia de todos.
Sobre el caso ante la Fiscalía General de la República, apuntó que recientemente les indicaron que se encuentra en investigación.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Martes 04 Mayo, 2021
HORA: 12:00 AM
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