Diario Extra - PAC se pronuncia contra Empleo Público

La Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC) emitió un pronunciamiento donde analiza cinco aspectos del proyecto de Empleo Público que se discute en el Congreso. Concluye que su eventual aprobación “sería un tropiezo lamentable y un daño a nuestro modelo democrático que no debemos permitirnos”.
DIARIO EXTRA conversó este jueves con Federico Picado, miembro de la Comisión Política de esta agrupación, quien indicó la versión a la que tuvo acceso El Periódico del Pueblo no es la oficial, pues se decidió hacerle cambios ya que hubo “factores imprevistos”.
Se intentó hablar con la presidenta del PAC, Marta Solano, sobre el tema, pero no respondió las llamadas al cierre de edición.
Dado que el documento circuló y el asunto es de alta trascendencia para el país, este medio decidió hacer públicos los señalamientos que la comisión acordó.

OTROS INTERESES

El documento señala que, si bien el PAC ha apuntado a transformar la gestión del empleo público para mejorar los servicios de las instituciones públicas, el proyecto 21.336 “ha terminado respondiendo a otros intereses y agendas programáticas”.
“El debate sobre esta iniciativa tiene lugar en un ambiente político donde predomina la idea de que lo público es un lastre improductivo que debe ser alivianado a cualquier costa, sobre todo a expensas de las remuneraciones de las empleadas y empleados públicos. La decisión de enmarcar esta discusión dentro de las negociaciones del empréstito con el FMI ha servido para desnaturalizar este necesario y urgente debate”, agregó el texto.

CINCO ASPECTOS CUESTIONADOS

“1. La norma que permitiría a servidoras y servidores públicos anteponer la objeción de conciencia para rehusar capacitaciones sobre a la observancia de derechos humanos en la gestión pública. Esta norma, además de inconstitucional, es un lamentable precedente contrario al avance de nuestro país en materia de derechos humanos.
2. Este proyecto violenta el principio constitucional de autonomía universitaria, uno de los pilares sobre los cuales descansa el modelo democrático de nuestro país. Sin pasar por alto la urgencia de que las comunidades universitarias revisen y corrijan abusos inaceptables en su modelo de remuneraciones, la defensa de esta garantía constitucional está muy por encima de las motivaciones presentadas por los defensores de este proyecto.
3. En igual sentido, esta iniciativa golpea la independencia del Poder Judicial y del régimen municipal frente al Poder Ejecutivo. Con la rectoría del empleo público en manos del Mideplan, el Ejecutivo adquiere una peligrosa capacidad para interferir las condiciones de empleo en todo el sector público, politizando los mecanismos de selección del personal, los criterios de evaluación y la aplicación del régimen sancionatorio.
4. Mediante el artículo 43 del proyecto de ley, se impide la negociación colectiva de las personas trabajadoras, cuando las mejoras en las condiciones de trabajo negociadas impliquen erogaciones para el Estado. Nuestro partido no ignora la necesidad de corregir los excesos cometidos en negociaciones pasadas, bajo gobiernos del bipartidismo tradicional. Sin embargo, eso no justifica vaciar de contenido y limitar desproporcionadamente el ejercicio real de un derecho constitucional que debe servir para llevar cada vez mayor justicia a las condiciones de trabajo de las y los servidores públicos.
5. Lejos del discurso que justifica esta iniciativa de ley para alcanzar la equidad entre las remuneraciones de unos y otros trabajadores y trabajadoras públicas, la aplicación del salario global únicamente a los funcionarios de nuevo ingreso, deja a cerca de 29.000 funcionarios y funcionarias en condición de desigualdad durante años, al mantenerlos con un menor salario según las reglas del actual salario compuesto, hasta alcanzar el monto del salario global. Además de representar una contradicción con el principio constitucional que garantiza igual salario por igual trabajo, esta inequidad confirma que, en esta versión del proyecto, las únicas transformaciones posibles en el balance de las remuneraciones, son aquellas que afectan a las personas trabajadoras del sector público”.
El proyecto continúa en discusión en el Congreso durante toda la próxima semana.