¿Banca para el Desarrollo o para el Estado?

Editorial

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) nació como una herramienta para ayudar a las personas de escasos recursos y que buscan contar con fondos que les sirvan como un salvavidas para iniciar algún negocio mediante el acceso a crédito.
Sin embargo, observamos cómo ese dinero destinado para las pequeñas y medianas empresas está quedándose en los bonos de gobierno, según detalló la Defensoría de los Habitantes.
Este asunto es sumamente preocupante porque entonces los dineros no están llegando a la población que realmente los necesita.
Ante un desempleo del 19%, lo cual significa en números absolutos que 468.000 costarricenses están en búsqueda de trabajo sin alcanzar el éxito en sus intenciones, muchos se ven obligados a emprender en negocios informales.
Pero prevalecen dos grandes problemas, los cuales impiden que se distribuyan los fondos en cuestión como corresponde: el primero es el exceso de tramitología y burocracia dentro del aparato estatal, mientras que el segundo, que inquieta más, comprende la falta de apoyo por parte del Estado costarricense.
Estadísticas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) muestran que el promedio de vida de una pyme es de apenas tres años, lo cual genera temor e incertidumbre para quienes quieren empezar, pues sin haberse lanzado en el emprendimiento ven como ciertas y cercanas las posibilidades de fracasar y que su esfuerzo no sea rentable.
La Defensoría de los Habitantes, institución que está detrás de este asunto, citó que el Banco Central, por medio del Sistema Bancario Nacional (SBN), aumentó en cerca de ¢395.000 millones su disponibilidad de fondos para créditos en los sectores productivos.
Eso suena muy bien. Pero la cosa cambia cuando se conoce que la mayoría de los dineros fueron devueltos al Banco Central de Costa Rica debido a que los bancos comerciales optaron por invertirlos en bonos del ente emisor o en títulos del Ministerio de Hacienda.
Entonces, ¿cuál es la finalidad del Sistema de Banca para el Desarrollo? ¿Ayudar al emprendedor, al pequeño agricultor, o simplemente complicarles la vida aún más con el exceso de burocracia?
Ya es suficiente con los laberínticos enredos de tramitología. Escuchamos cada vez más a los arroceros, a los pescadores, a los productores de leche, a los frijoleros, al chayotero, en fin, a los que necesitan los fondos que se supone están a su disposición, que relatan el calvario y las trabas impuestas por los bancos comerciales para acceder a la cacareada Banca para el Desarrollo.
El Banco Central puso a disposición de los intermediarios financieros a inicios de setiembre de 2020 una facilidad especial de crédito hasta por cuatro años por un monto máximo de ¢700.000 millones, lo que equivale a un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y a una tasa de interés del 0,8%.
La intención era que los bancos comerciales prestaran recursos en condiciones favorables al sector privado y así mitigaran el efecto económico de la pandemia en relación con la producción y el empleo.
Sin embargo, es importante saber que, aun cuando se informó sobre esas condiciones favorables, estas no se aprovecharon porque su existencia no se tradujo en mayor cantidad de créditos ni tampoco en apoyo para el micro, pequeño o mediano emprendedor.
La Defensoría de los Habitantes había realizado un sondeo de opinión pública en 2019 mediante el cual los ciudadanos reconocieron contar con dificultades para obtener información, externaron que había requisitos complicados y existía una tendencia a facilitar información de otras líneas de crédito que fueran propias de las operadoras cuando intentaban acceder a los recursos del SBD.
Dicho estudio de los créditos otorgados entre 2015 y 2018 mostró que, de ¢136 mil millones, el 51% de los préstamos se colocó en cooperativas, el 26% en el sector de mujeres y el 9% en zonas de menor desarrollo.
Tanto que se habla de reactivación económica y pareciera que nadie hace nada por alcanzar dicho objetivo. El SBD, lejos de contribuir con la función asignada, al final de cuentas se convierte en una traba burocrática más que genera desconfianza y figura como otro desincentivo a la actividad económica en Costa Rica.
Es urgente que el Estado costarricense emita las directrices necesarias para que los fondos se utilicen como se tenía propuesto y al final no se hable de que no hay dinero. Existen disposiciones para acceder a este empujón estatal al emprendimiento, de modo que resulta indignante ver cómo, por negligencia, inoperancia o exceso de trámites, el asunto se complica aún más.
Se debe fortalecer la Banca para el Desarrollo y no permitir que se convierta en una Banca para el Estado.