La Defensoría de los Habitantes rompió el silencio en relación con la denuncia que investiga la Fiscalía General de la República sobre el presunto manejo irregular de fondos entregados mediante el programa HIVOS.
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, atendió a DIARIO EXTRA en exclusiva y aseguró que su intención es ordenar la casa y que el Ministerio Público determine la relación de hechos presentada en la denuncia.
Aquí la entrevista completa sobre este caso.
¿Usted sabía del convenio entre HIVOS y la Defensoría de los Habitantes?
- Uno de los roles más importantes de un jerarca de cualquier institución pública es poner orden en su institución y eso es lo que he venido haciendo desde que entré el día 1. Estos convenios que tiene HIVOS con la Defensoría están firmados desde 2016 y se hace un adendum en 2018, de los cuales yo no formo parte en esto.
¿En qué momento comienza a detectar el manejo de estos contratos con la organización?
-Entro a la Defensoría y en el Plan Anual Operativo se dice que se están haciendo capacitaciones en temas competentes a la Defensoría como son LGBTI, VIH, pero no sé, hasta principios de agosto que recibo una denuncia confidencial de un funcionario de la Defensoría, donde me recomienda que revise bien lo que está pasando.
¿Qué tipo de análisis se efectuó sobre el tema?
-Inmediatamente empiezo a revisar HIVOS, empiezo a preguntar para ver qué es, veo el marco que se ha firmado en 2016. Lo primero que hice, además, fue mandarlo a la auditora y le pregunté que por favor que desde sus competencias también hiciera y revisara este tema de HIVOS. Ella me contesta un tiempo después y me dice que, como son fondos internacionales y no de la Defensoría, que ella no puede investigar o ver ese caso, pero que, con gusto, si ella tiene un poco de tiempo, puede revisar más.
Una vez que la auditora se niega, ¿cómo se procedió a investigar?
-Ya que me dijo que no, prosigo primero a hacerle preguntas a la persona que había firmado los convenios, que era en aquel momento el defensor adjunto, don Juan Manuel (Cordero), y también la que estaba encargada de los temas, que era la Directora, que en aquel momento era la Divulgación y Promoción que hoy en día es el Instituto de Educación de Derechos Humanos. Les mando un oficio haciéndoles preguntas básicas sobre lo que se estaba haciendo. También llamé a conseguir una cita con la gente de HIVOS, que eran los encargados de ejecutar estas platas. Tuve la reunión con la gente de HIVOS después.
¿Qué tipo de justificaciones le dieron los funcionarios sobre los convenios?
-Don Juan Manuel lamentablemente nunca me contestó. Don Juan Manuel se incapacitó por un tiempo y después, en este momento, él está en un permiso sin goce de salario por temas, según lo que dice la carta, motivos de salud. Doña Jeannette este año se pensionó. Doña Jeannette sí me contesta el oficio donde hice las preguntas un mes después, porque además ella se fue de vacaciones y un mes después me contesta.
¿Cómo se contacta usted o se entera de la existencia de HIVOS?
-HIVOS invita a la viceministra de Salud porque los fondos son fondos que llegan al país, entonces estábamos la directora del programa de HIVOS de Costa Rica de VIH, estaba la directora general de HIVOS que era una señora nueva que estaba cinco minutitos nada más, y luego estaba la viceministra, la directora de despacho y yo. Entonces le empecé a preguntar que me contara la situación, que me contara cómo habían sido esos años del 2016 en adelante. La que hizo la presentación fue la viceministra de Salud, ella muy resumidamente me dijo qué había pasado en esos cuatro años, en qué trabajó y mayoritariamente se concentró en hablarme del nuevo presupuesto que venía o los nuevos fondos, el tercer periodo de fondos que venía de 2021.
¿Se negoció a espaldas suyas o de la institución?
-Como jerarca de la institución no sabía nada y ella lo que me dice es que ya se había negociado, con la Defensoría de los Habitantes ya se había negociado. Muy preocupada les dije que yo era la jerarca de la institución, que no sabía nada de lo que estaba pasando con esto, y que con quién se había negociado ese seguimiento del proyecto. Me dijo que hubo dos reuniones, una en mayo de 2020 y otra en agosto de 2020, recordemos que esta reunión fue a finales de octubre, noviembre de 2020. Ella me dijo quiénes eran las personas que habían ido, que habían accedido a seguir trabajando, entonces le dije que en la Defensoría todo tiene un proceso legal.
¿Qué tipo de proceso legal?
-El proceso legal tiene que pasar por el despacho, por los técnicos y que un funcionario no puede sugerir que sí, que la Defensoría se va a meter. Pido a HIVOS que me dé toda la información relacionada con la Defensoría de los Habitantes, todo, fondos, proyectos y todo. Ese fue mi trabajo de fin de año, agarré Navidad y Año Nuevo para investigar bien y poder saber bien de qué era este proyecto, qué se hacía y qué hacía la Defensoría. Leyendo esos miles de documentos, a fin de año me doy cuenta que la Defensoría estaba haciendo cosas de administración activa.
¿Qué es administración activa?
-Por ley, la Defensoría de los Habitantes o en Costa Rica hay dos órganos de control o fiscalizadores y los dos pertenecemos al Poder Legislativo, uno está la Contraloría y el otro la Defensoría, la Defensoría lo que hace es control de legalidad. Por ese lado, la Defensoría una de las cosas que hacemos es pedir cuentas y fiscalizar lo que el Gobierno está haciendo, la Defensoría es parte del Estado, pero no es del Gobierno, entonces nuestro rol es muy importante para que el país pueda preservar la democracia. Entonces me doy cuenta que este trabajo que nos toca por Ley ahí estábamos haciendo cosas de administración activa.
¿Qué implicaciones tiene ese accionar?
-Me preocupé porque, si estamos haciendo cosas de administración activa, el problema es que cuando la Defensoría quisiera pedir cuentas y fiscalizar que estos fondos hayan ido a poblaciones vulnerables y ver qué cosas se estaban haciendo y si de verdad le estaban dando un servicio a la población vulnerable, que en este caso específico es población con VIH y población LGBTI, entonces es difícil pedir cuentas siendo parte. En resumen, uno no puede ser juez y parte.
¿Cuánto se ha gastado en temas de VIH?
-Todos los años se pide cuánto se ha gastado en temas de VIH, todas las instituciones públicas. El último número que yo tengo es el del 2019, en ese 2019, la Defensoría gastó más de ¢30 millones desde salarios, viáticos, choferes, gasolina, parte administrativa y ¢30 millones en un presupuesto tan pequeñito de la Defensoría ese es un montón de fondos. Yo quisiera pasar esos fondos que, nuevamente, que se sigan trabajando con comunidades LGBTI, pero también con adultos mayores, con comunidades indígenas, afro, o sea, con la gran gama de comunidades vulnerables a las que nosotros les damos un servicio.
¿Hubo algún incumplimiento de convenio?
-Habíamos firmado un adendum que terminaba en junio de 2021 de los cuales nos queda solo un producto que no hicimos, pero que es un producto que fácilmente HIVOS lo puede contratar porque es un producto de publicidad, y nosotros no tenemos el equipo. Como jerarca tomé la decisión, vi el análisis, la decisión legal, qué es lo que se tiene que hacer basado en la legalidad, ver nuestro rol y que la Defensoría se saliera de HIVOS.
¿Tiene mayor peso la denuncia ante el Ministerio Público que los mismos análisis técnicos y jurídicos en la salida de HIVOS?
-La gran mayoría de decisiones que se toman no son por una única razón, sino que son multicausales. En este caso es un tema de presupuesto y es un tema de legalidad, pero también en revisión hay una responsabilidad que tenemos todos los funcionarios públicos, desde jerarcas hasta cualquier otro funcionario público, y es que cuando uno tiene cualquier sospecha o que exista una posibilidad de algún delito, uno tiene la obligación por ley de pasar la información ante las autoridades competentes. Eso fue lo que hice, encontré información que legalmente tal vez no cumpla con los requisitos legales que tiene que tener, entonces lo que hice es pasarlo a las autoridades que pueden decidir cuál es el nivel de legalidad.
¿Se sentarán responsabilidades contra los funcionarios involucrados en el programa?
-El tema que salió aquí se mandó a las autoridades competentes y serán ellos los que digan si hay algo legal o ilegal, eso definitivamente se va a hacer. Es en el Ministerio Público donde van a tener que decidir qué es lo que pasó ahí.
¿Cuánto le da la Defensoría a esta organización?
-Nosotros no le damos fondos a nadie. Lo más importante es decir que la Defensoría no puede recibir fondos, entonces nosotros trabajamos con nuestros propios fondos, que nuevamente son fondos del Estado. Hacemos dos trabajos principales, uno es el área de defensa, porque vienen y nos ponen denuncias, y el otro es el área de educación de derechos humanos donde hacemos temas de capacitación, pero siempre con fondos propios.
¿Cuál era la coordinación entre HIVOS con la Defensoría?
-HIVOS quería trabajar con nosotros, según la información que yo he podido recopilar para ser temas de capacitación, pero hay otros temas que a usted le sugiero que hable con HIVOS y con la viceministra de Salud para ver en qué se están usando los recursos y cuáles son los productos que se están utilizando.
¿Cómo se manejaron los fondos a lo interno de la institución?
- Los fondos nunca entran a la Defensoría, pero lo que se hacía era un marco de cooperación entre HIVOS y la Defensoría donde la Defensoría hacía temas de capacitación, HIVOS ayudaba a los subreceptores, que eran las ONG, pero ellos directamente daban los fondos, como un canal de comunicación. Nosotros no tenemos ese acceso a fondos internacionales, ni siquiera fondos propios podemos utilizar.
PIDEN CUENTAS
La diputada María Vita Monge Granados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó una moción ante la Comisión de Derechos Humanos para que se llame a comparecer a Catalina Crespo, defensora de los Habitantes.
La congresista pedirá explicaciones sobre el retiro del órgano defensor del proyecto HIVOS argumentando asuntos presupuestarios.
“No es posible que por “ajustes presupuestarios” se deje desprotegida a una población que ha sido vulnerabilizada históricamente y que requiere el apoyo firme del Estado en la erradicación de estigmas, estereotipos y discriminación, así como la prevención”, expresó.
La diputada espera que sus compañeros legisladores la apoyen con la moción y esperan que la decisión debe revertirse con respecto a los derechos humanos.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Francisco Herrera
EMAIL: [email protected]
Martes 02 Marzo, 2021
HORA: 12:00 AM
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