Urge fiscalizar fondos para VIH

Editorial

El Fondo Mundial (FM) ha otorgado a lo largo de 8 años más de ¢5 mil millones para programas hacia la población con VIH/sida, malaria y tuberculosis en Costa Rica.
Esos recursos han entrado al país por varias vías y se pusieron en manos de dos entes: el Ministerio de Salud como rector nacional e HIVOS, una organización no gubernamental.
A su vez, estas los reparten entre otras oenegés privadas que trabajan materiales y dan capacitaciones del tema e instituciones del Estado como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Junta de Protección Social (JPS), la Defensoría de los Habitantes, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Migración, Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Ministerio de Justicia y Paz.
De hecho, el país está pidiendo un nuevo desembolso para los próximos 3 años, se trata de un financiamiento de $2,2 millones, es decir más de ¢1.350 millones al tipo de cambio del dólar de hoy.
Lo curioso de esta petitoria al FM es que se dice que, de cara al nuevo proceso electoral, existe un temor de que la Presidencia sea asumida por grupos conservadores y que ello afecte los recursos que el Estado destina a estas poblaciones vulnerables tratándose de trans femeninas y hombres que tienen sexo con hombres.
Habrá que ver qué contesta el Fondo Mundial tras conocer que el Ministerio Público abrió un expediente para investigar el aparente tráfico de influencias que existe entre una funcionaria de la Defensoría de los Habitantes, encargada de desarrollar planes de divulgación y otros proyectos para VIH, tras haber promovido el otorgamiento de recursos a una organización donde colaboraba su hija.
Se trata de Jeannette Carillo y Yaruma Vásquez, quienes, de acuerdo con la denuncia interpuesta por la jerarca de la defensoría, Catalina Crespo, se presume violentaron las normas éticas del Fondo Mundial respecto a las contrataciones y sus pagos.
De hecho, Crespo renunció hace algunas semanas a seguir trabajando con HIVOS y pidió explicaciones de los recursos pagados desde el año 2015 a la fecha por el concepto de Convenio Marco para el Trabajo Conjunto sugeridos desde la entidad, así como saber quiénes y cómo resultaron favorecidos, quién hizo las contrataciones y bajo qué modalidad, también solicitó claridad acerca de cómo se tasan los pagos; sin embargo, las respuestas llegaron tardías.
Lo raro de todo esto es que al momento en que Catalina Crespo solicita explicaciones a los encargados y firmantes del convenio que tuvo fecha de arranque el 7 de abril de 2016, incluido el anterior defensor adjunto Juan Manuel Cordero, vinieron las peticiones de pensión, incapacidades y hasta permisos sin goce de salario.
Ni la misma auditoría interna de la institución ha querido entrarle al asunto, por el contrario, la funcionaria a cargo de esa oficina adujo que está recargada de trabajo y quizá podría ser que investigue el otro año.
Tal parece que el mismo HIVOS, en una serie de auditorías a los receptores de los recursos internacionales, ha evidenciado algunas anomalías.
Mientras tanto, los miles de millones que se usan para atender a pacientes VIH están carentes de control y fiscalización, por lo cual sería bueno que HIVOS explicara el mecanismo de entrega de estos y con total transparencia diera detalles de contratistas y beneficiarios, pues se trata de un asunto de salud pública, de vidas humanas y de un proceso de educación y concienciación sobre un padecimiento que está latente a nivel nacional.
De acuerdo con cifras de la CCSS para 2019, que serían los datos más actuales, se registró un total de 10.676 casos en las unidades médicas.
Según datos del Ministerio de Salud, para ese mismo periodo hubo 1.218 nuevos casos de VIH, 1.050 en hombres y 41 en mujeres. El aumento de casos ronda el 11% por año.
Y así como la Defensoría está pidiendo explicaciones, las restantes entidades que reciben este tipo de partidas deben hacerlo, ojalá lo antes posible para dilucidar en qué se gastan tantos millones de dólares, pues para colmo hay pacientes y organizaciones que aseguran estar en el olvido y ser desplazadas de los programas y proyectos nacionales.