Urge que el Ejecutivo convoque proyecto de contratación pública

Ana Lucía Delgado Orozco

En una coyuntura tan extraordinaria como la que vive hoy el país, se torna indispensable promulgar legislación que genere impacto, desarrollo y bienestar general. Costa Rica requiere, con carácter de urgencia, de iniciativas orientadas a transformar la dinámica del Estado y de sus instituciones.
Desde esa óptica, la “Ley General de Contratación Pública”, expediente 21.546, es un proyecto de avanzada, un proyecto que busca renovar todo el sistema de compras públicas sobre la base del ahorro, la transparencia y la simplificación de procedimientos, todo con el propósito de satisfacer de una manera más eficiente las necesidades públicas en materia de obras, bienes y servicios.
No podemos olvidar, bajo ninguna circunstancia, que el fin primordial del Estado costarricense es la satisfacción de las necesidades básicas de la población. No es casualidad, entonces, que la propia Constitución Política señale, en su artículo 50, que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Uno de los instrumentos a través del cual se cumple dicho propósito es, precisamente, las compras públicas.
Tras casi 25 años de vigencia de la actual Ley de Contratación Administrativa, se han venido acumulado una serie de hechos que hacen patente la imperiosa necesidad de modernizar la legislación en aras de responder a los nuevos y crecientes retos en esta materia.
Hoy existe una marcada tendencia de las instituciones de apartarse de los procedimientos ordinarios de contratación y de recurrir cada vez más a las vías de excepción o reglamentos especiales que solo propician la dispersión normativa y la inseguridad jurídica, siendo indispensable la formulación de una propuesta de ley enfocada hacia un cambio de paradigma, hacia un cambio estructural.
Uno de esos cambios estructurales consiste en la utilización de un sistema digital y unificado de compras públicas, lo cual se espera traiga consigo enormes resultados en términos de ahorro, tiempo y dinero. Según datos de la Contraloría General de la República (CGR), si el país lograra incorporar al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) el 100% de los procedimientos de compras públicas, tal como se dispone en este proyecto de ley, el potencial de ahorro total estimado es de un 1,55% del PIB, es decir, cerca de ¢537.000 millones.
Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al país varias acciones para mejorar la eficiencia del gasto público, siendo una de ellas la contratación pública. Según dicha Organización “…la contratación electrónica y las compras centralizadas son herramientas valiosas para mejorar la eficiencia del gasto público…”.
¿Se imaginan que un país como el nuestro, con la grave situación económica y fiscal que enfrenta, pueda ahorrar un 1,55% del PIB solo por digitalizar los procedimientos de compras públicas? Este beneficio es real, tangible y estamos muy cerca de poderlo alcanzar gracias al respaldo político de esta Asamblea Legislativa. No obstante, para seguir avanzando con la propuesta de ley, también necesitamos que el Poder Ejecutivo ponga de su parte.
Respetuosamente, quiero hacer una vehemente excitativa al señor Presidente de la República y a la señora Ministra de la Presidencia, con el propósito de que este proyecto de ley pueda ser convocado en el actual periodo de sesiones extraordinarias. Es un proyecto que se encuentra muy avanzado en su trámite legislativo y que se ha venido construyendo y madurando gracias al aporte de la Comisión Especial encargada de analizar la iniciativa, de muchos diputados y diputadas, así como al asesoramiento y acompañamiento técnico que ha brindado tanto el órgano contralor como el Ministerio de Hacienda.
Sin lugar a dudas, este proyecto de ley representa un cambio estructural en los esquemas de contratación pública. Me atrevo a manifestar que estamos en presencia de una reforma de Estado que tendrá profundas implicaciones tanto para la dinámica institucional como para la calidad de vida de todas las personas. Tenemos la oportunidad histórica de heredar una herramienta normativa que potencie el funcionamiento del Estado para los próximos años. No tengo duda que sabremos culminar con éxito este reto en beneficio del país. Por eso reitero el llamado al señor Presidente para que convoque el expediente N°21.546 “Ley General de Contratación Pública”.

*Diputada Fracción PLN

PERIODISTA:

EMAIL:

Lunes 01 Marzo, 2021

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Ana Lucía Delgado Orozco*