La urbanización La Campiña, compuesta por un complejo de viviendas de interés social, colindante con el cantón de El Guarco, en Cartago, es escenario de una serie de incidentes delictivos que siembran el terror entre sus habitantes.
Ante esta situación, DIARIO EXTRA acudió al llamado de vecinos, quienes no quieren salir de sus casas por el temor a tener un altercado con antisociales que se adueñan cada vez más de pueblos catalogados como tranquilos.
Tras escuchar el suplicio que viven (ver notas aparte) consultamos al Ministerio de Seguridad Pública el plan que se ejecuta para frenar la violencia, pues los vecinos aseguran que escuchan balazos todos los días en una comunidad que históricamente fue muy pacífica.
Ericka Madriz, subdirectora regional de Fuerza Pública de Cartago, conversó con El Diario del Pueblo sobre los patrullajes en la zona por la incidencia de actos delictivos.
“Esta no es una zona prioritaria, pero sí se refuerzan los patrullajes con un trabajo interinstitucional entre OIJ y Fiscalía de Cartago, quienes por ahora están investigando el caso”, manifestó.
REFORZARÍAN
De acuerdo con la jefa policial, en situaciones como esta en algunas ocasiones se procede a reforzar los patrullajes. El tema se aborda por franjas horarias y dependiendo de las localidades perfiladas como zonas prioritarias así se hacen las visitas.
Entre los puntos de alta incidencia se enumeran San Diego, La Unión, Cartago centro y Paraíso, que por sus casos tienen prioridad para ser vigilados.
Ante de la denuncia de vecinos de que los incidentes los protagonizan personas que no son de la zona, Madriz argumenta que la información es incorrecta al afirmar que los casos los generan personas de la provincia, quizás no vecinos cercanos, pero sí cartagineses.
Pese a que la subdirectora regional de Fuerza Pública indica que la presencia policial en la zona se mantiene, los delincuentes aprovechan los espacios que no se brinda vigilancia para cometer delitos.
El caso más reciente enlutó a la familia de Kevin Núñez González, de 25 años, y su primo Esteban González Durán, de 26, quien resultó herido y trasladado muy grave tras el tiroteo, cuando conversaba en una esquina del barrio, cerca de la última parada de autobuses.
De acuerdo con la versión de los vecinos, minutos antes los sospechosos abrían estado merodeando la zona para posteriormente atacarlos a quemarropa.
Trascendió que el ahora fallecido, quien vivía con sus abuelos, fue sepultado este miércoles en el centro de la provincia.
Pero la violencia no termina ahí. El fin de semana anterior otro joven de 25 años, identificado como José Humberto Martínez, falleció tras recibir nueve impactos de bala en el sector de El Guayabal.
Otro intercambio de balas entre Los Diques y El Guayabal se produjo el martes el mediodía, cuando dos hombres resultaron heridos y trasladados en condición delicada al Hospital Dr. Max Peralta, en Cartago.
Al cierre de edición la Fuerza Publica reportó una balacera en La Campiña, sin embargo se desconocía si hubo detenidos o heridos durante el incidente.
VECINOS CON MIEDO
Vecinos de La Campiña externaron su impotencia al tener que enfrentarse al miedo de salir a la calle por la inseguridad que viven, por ende prefieren encerrarse para no ser víctimas colaterales.
Uno de los lugareños comentó su preocupación por lo vivido en los últimos días, ahora lo piensa dos veces antes de salir de su casa, incluso para ir a la pulpería.
“Yo no sé para qué tienen cámaras si ni siquiera funcionan. Un día mataron a alguien y precisamente ese día no sirvieron los artefactos”, denunció.
“Para mí es pura politiquería del momento para decir que pusieron las cámaras. Uno sabe quiénes son los que hacen daño, pero da miedo decir algo”, expresó.
• Según especialista Gerardo Castaing
Nuevo modo de vida pasa factura
DIARIO EXTRA consultó a Gerardo Castaing, exjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), su criterio sobre la violencia que experimentan estas barriadas.
Asegura que la tensa situación se debe a una nueva modalidad de vida que les está pasando la factura a los ciudadanos, quienes optan por vivir en barrios más aglomerados, inclusive con personas y lugares que desconocen por completo.
De acuerdo con el experto, el problema de la zona se debe a la venta de drogas local y el cuido de los mercados, por lo que a la hora de ingresar en territorios ajenos surgen los asesinatos.
“Hay situaciones que responden a una mala política o planteamiento en rodear a ciertas ciudades o lugares tranquilos históricamente, proyectos en los que en ocasiones se involucran delincuentes. Claro está que no todas las personas son malas, pero rodean a ciudades como estas, por lo que se pierde la tranquilad en estos barrios”, explicó el exjefe del OIJ.
Estos barrios relativamente nuevos enfrentan la problemática de ser proyectos de uso político “y no se tiene el cuidado de planificar bien estas actividades de tipo gubernamental”.
Según Castaing, el gobierno y las instituciones correspondientes deben pensar en otros tipos de soluciones porque si no se va a perder la paz social, entendiendo que es un asunto tanto de gobierno local como central.
Al consultarle si es posible sanear un sitio que llegó a un punto de violencia tan alto indicó que la policía todavía puede hacerlo, pero con más recursos.
“Vea ahora el caso del Ministerio de Seguridad Pública, que giró una orden limitando el patrullaje solo en casos necesarios. En estas zonas la Fuerza Pública actuará solo si sale algo; es decir, la función preventiva no se va a dar”, comentó con preocupación.
• Álvaro Ramos, especialista en seguridad:
“Llevan el conflicto a otros lugares”
Álvaro Ramos, especialista en temas de seguridad, también externó su preocupación ante la inseguridad que afecta al sector sur de Cartago.
Aduce que detrás está una posible batalla campal entre bandas dedicadas al narcotráfico que compiten por territorios, personas que no son del lugar, pero que vienen a adueñarse del control de estos poblados.
Para Ramos esta se está convirtiendo en una zona conflictiva, a lo cual los lugareños no están acostumbrados porque son personas conservadoras y religiosas que ante los cambios se ven amenazadas, mientras que las bandas se afianzan conforme suceden los eventos sangrientos.
Además explicó que uno de los fenómenos que no se han estudiado en Costa Rica es el reasentamiento de zonas conflictivas del centro del país en áreas rurales, “tales son los casos de Esparza y Guápiles”.
“Llevaron el conflicto que hay en el centro del país a lugares que no están acostumbrados y fue donde reventó la violencia en Guápiles y Esparza, pero no dejemos de lado los casos en Alajuelita”, manifestó.
“Esta es una de las peores políticas públicas del país y la causante de los problemas que vivimos ante la falta de seriedad y la culpabilidad por parte del gobierno”, sentenció.
De acuerdo con el experto, el problema es que se generan nuevos puntos calientes de delincuencia cuando no se adecuan estos proyectos sociales, en los que muchas veces los beneficiarios no son de la zona.
Desde su perspectiva el problema puede frenarse desde la administración de justicia evitando que criminales convictos salgan libres para que la gente honrada pierda el miedo.
• José Carlos Chinchilla, sociólogo
Autoridades deben ser más ágiles
El Diario del Pueblo conversó con José Carlos Chinchilla, sociólogo de la Universidad Nacional (UNA), ante el sentimiento de temor que experimenta la población al salir a las calles en El Guarco, Cartago.
A su parecer las disputas criminales han venido robando la paz a aquellas comunidades que envuelven a barrios de los vecindarios, por lo que es común ver asesinatos.
Comentó que el mayor reto gira en torno a las personas que sufren la delincuencia, ya que, si no se denuncia, la situación empeorará.
“Son inconvenientes entre las mismas organizaciones, situaciones que llegan a afectar a personas colaterales a la actividad, generando en muchas ocasiones tragedias, por lo que se debe trabajar lo antes posible”, recomendó.
“Las personas deben llamar y denunciar, pero para eso deben darse los números y que los ciudadanos los tengan a su alcance. Para eso también debe existir una agilidad en los procesos por parte de las autoridades para que las personas tengan esa confianza de hacerlo”, argumentó.
Para el sociólogo la población debe animarse a denunciar porque si no lo hace, con el paso del tiempo la situación se complica.
• Johnny Solano, vecino
Papás sirven de campanas narco
Johnny Solano, quien es padre de familia y abuelo de cinco niños, muestra su consternación por lo que sucede en su barriada.
A su criterio la situación se ha venido complicando en los últimos años por problemas que traen cola y pueden ligarse al narcotráfico.
“Los papás son los alcahuetes porque son los que les avisan a sus propios hijos cuando la policía se acerca para que oculten o bien guarden lo que andan. Muchas de las cosas que pasan, los propios padres dejan que sucedan”, comentó.
“En mi caso no dejo salir a mis hijas solas, inclusive les recomiendo adónde ir por el tema de la inseguridad”, añadió.
Para este vecino esta problemática se debe a un tema de familias grandes que por años se han dedicado a la venta de drogas y ahora crece el flagelo afecta a todo un pueblo.
• Comerciantes cansados de inseguridad:
“Aquí roban un montón”
El comercio en La Campiña y comunidades aledañas es uno de los sectores de la economía cartaginesa más afectados por la inseguridad.
Adrián Chaves, propietario de una frutería y verdulería, dijo que corresponde a la Fuerza Pública velar por la seguridad en esa por el tema de la división territorial entre Aguacaliente y El Guarco, donde las autoridades no asumen su responsabilidad.
“Un Día del Padre me robaron varias cosas, pero la verdad uno prefiere no denunciar porque no van a hacer nada. Se ve ese montón de policías apenas pasa algo, pero después cuesta verlos”, dijo con indignación.
Por su parte, un oriental que cuenta con un supermercado se queja de los constantes robos en esa comunidad, sin embargo todos los días se juega el chance para subsistir con su negocio.
“Aquí se roban todo”, se quejó el extranjero.
• Vecina que vive con miedo:
“Pago taxi para regresar de estudiar”
Una joven identificada como María dice que su temor a salir llegó al punto que prefiere pagar taxi por las noches para regresar segura a casa, aunque no sea lo más conveniente para su economía.
“Pago ¢2.000 por día para regresar del colegio, es pagar eso o poner la vida en riesgo”, narró.
De acuerdo con su familia, tienen que pasar desgracias para que las autoridades hagan algo, situaciones que no han visto en los ocho años que tienen de vivir en el proyecto de bien social La Campiña.
“No sé por qué mataron al vecino porque era un muchacho que no se metía con nadie, de hecho, era un papá responsable. Al día de hoy no sabemos qué pasó con exactitud”, declaró la joven.
• Jessenia Ríos, vecina
“Nos encerramos, estamos con miedo”
Jessenia Ríos vive en una de las alamedas de La Campiña y coincide con varios de sus vecinos al asegurar que la última víctima mortal no tenía historial delictivo, lo cual los tiene más temerosos porque aseguran que los atacan sin motivos.
“La policía viene si hay un problema, sin embargo, en ocasiones nos dicen que solucionemos nosotros. En los últimos días sí han venido, pero apenas pasa todo se pierden”, denunció un grupo de lugareños, entre ellos Ríos, a DIARIO EXTRA.
“Ya no se puede ni andar en la calle, ni los chiquitos pueden salir. Todos pasamos encerrados, estamos con miedo y consternados. Ya los niños no son libres ni de ir a la escuela”, agregó Ríos, quien cuidaba a sus hijos.
• Ileana Calvo, vecina
“Me quiero ir de aquí”
Ileana Calvo Hidalgo, quien vive con su mamá, llegó a La Campiña tras habitar muchos años en Desamparados, San José.
Hace nueve años recibió su vivienda a través de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), pero ahora no tiene paz.
Siempre quiso salir de San José y añoraba una nueva forma de vida fuera de la capital, sin embargo, ambas mujeres ahora quieren cambiar de domicilio.
Para Calvo, según las autoridades, deben vivir al menos 10 años aquí para poder alquilar o vender las propiedades, pero hace un año le dieron las escrituras, por lo que tendrán que vivir bajo la angustia nueve años más.
“Nos queremos ir porque tenemos miedo y esto se está poniendo peor. A cada rato cometen delitos, robos, asaltos y nos preocupa que en algún momento salgamos a la calle y una bala perdida nos impacte”, narró con preocupación.
PERIODISTA: Erick Melendez Delgado
CRÉDITOS: Fotos: Francisco Herrera
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Jueves 25 Febrero, 2021
HORA: 12:00 AM
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