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Nacionales

Norma presupuestaria golpea Poder Judicial

26 plazas perdidas, 17 de ellas son de jueces

El Poder Judicial ha perdido la posibilidad de volver a nombrar 26 plazas desde la aplicación de esta norma.

La llamada norma 12, que los diputados de oposición incluyeron en el Presupuesto Nacional 2021 para limitar la reposición de plazas, también está haciendo estragos en el Poder Judicial y deja en la cuerda floja la aplicación de justicia en el país.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), hasta el momento la norma ha hecho que este poder de la República haya perdido 26 plazas, 17 de ellas en nombramiento de jueces.
Mario Mena Ayales, presidente de Anejud, presentó el sábado una acción de inconstitucionalidad contra la norma 12.
Mena calificó la norma como una barbaridad, además dijo a DIARIO EXTRA que al aprobar este tipo de restricciones no se piensa antes en el daño que se le puede hacer a la sociedad y en este caso a la administración de justicia.
“Un tribunal se conforma por tres jueces, si uno de ellos se jubila, no puede reponer la plaza y entonces quedan en el aire, sin poder trabajar, creo que son tonterías, que se toman decisiones sin asesoramiento”, afirmó.
Recordó que la medida no es transitoria, como se ha querido decir, porque si los códigos se cancelan a futuro las plazas se terminan cerrando.

MOTIVOS

En la justificación para presentar la acción de inconstitucionalidad a la Sala IV, se indica que la norma causa afectación a la ciudadanía al afectar el principio de acceso a la justicia pronta y cumplida.
También porque afecta a los funcionarios en su derecho al trabajo, pero también tiene un vicio de procedimiento porque los diputados la incluyeron en el proyecto como una moción, sin consultar antes al Poder Judicial si la eliminación de plazas afecta su funcionamiento, además de ser una violación al principio de división de poderes.
“El objeto de la presente acción de inconstitucionalidad radica en la manera arbitraria e inconstitucional en que el Estado ha determinado, en contra de lo dispuesto por la Constitución Política, el desfinanciamiento de un ente público estatal como lo es un Poder de la República, cuya ejecución material implica la desatención de los fines que la propia Constitución ha ordenado, con directa afectación a los derechos fundamentales de los habitantes de la República”, indica el documento.
RETROCESO

La jueza penal del Primer Circuito Judicial de San José, Laura Lara Erramouspe, explicó al Diario del Pueblo que normas como esta echan atrás el avance que ha tenido el Poder Judicial, a pesar del costo presupuestario, para tener sedes y juzgados en zonas alejadas del país.
Recordó que obligar a los ciudadanos a tener que desplazarse largas distancias para poner una denuncia judicial sería una negación del acceso a la justicia, y esto podría darse cuando no se vuelva posible renovar plazas en estos juzgados, obligando a cerrar oficinas.
“Por ejemplo, Siquirres tiene dos jueces, si se quita uno, qué hacemos solo con uno, sería imposible trabajar, y eso recae en la población. Si hoy día tenemos una mora judicial importante que se ha luchado para disminuir, qué va a suceder si nos quitan plazas. Tal vez en el corto plazo el impacto no se vea tan grande, pero en unos años veremos cómo se cierran esos juzgados en zonas rurales que son vitales para esa población”, mencionó la jueza.
Otro ejemplo del impacto es San Marcos de Tarrazú, donde hay dos fiscales y un juez penal. Si ese juez se pensiona habría que cerrar el juzgado y las personas de ahí tendría que ir hasta Cartago para resolver sus diferencias legales.
La acción interpuesta por el sindicato incluye además una medida cautelar para que se deje sin efecto inmediato la norma, mientras los magistrados resuelven.
Ya el presidente Carlos Alvarado prometió que enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la norma, porque al tratarse de un tema presupuestario solo el Poder Ejecutivo puede presentar reformas.
La norma 12 se aplica desde el presupuesto de 2020, pero para este año la Comisión de Hacendarios agregó una modificación impulsada por el socialcristiano Pablo Abarca, para incluir a los poderes de la República.
Incluso el Gobierno propuso otro proyecto, que presentó como parte de las propuestas en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ampliar la disposición de esta restricción por cuatro años más.
Hoy, en la sesión de Corte Plena, se presentaría un informe de la asesoría legal de la Corte, que analizó la situación a lo interno sobre esta normativa.

IMPACTO

- La norma 12 ha hecho que el Ministerio de Educación Pública (MEP) haya perdido 816 plazas, como lo informó DIARIO EXTRA la semana anterior.
Según la norma, el MEP solo puede reponer 2 plazas de cada 10 que pierde.
Esto ha hecho que muchos docentes no puedan ser nombrados y ha provocado que en el regreso a clases se conformen grupos de hasta 50 o 60 estudiantes en algunos centros educativos, lo cual ya afecta a 24 mil estudiantes en todo el país.
Si la norma no se corrige, las autoridades del MEP estiman que podrían perder hasta 2 mil plazas en este año.
Ahora el Poder Judicial ya da sus primeras cifras de afectación con 26 plazas, 17 de ellas en jueces en juzgados de todo el país.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

CRÉDITOS: (Foto: Archivo).

EMAIL: [email protected]

Lunes 08 Febrero, 2021

HORA: 12:00 AM

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