La Contraloría General de la República criticó el proyecto de ley que impulsa el legislador cristiano Eduardo Cruickshank, con el objetivo de crear un “Gran Parque de Diversiones del Caribe”.
El ente contralor generó varios cuestionamientos, tanto por la falta de claridad que la iniciativa tiene en el manejo de los fondos, como de fiscalización en cuanto al uso de los recursos.
“Dentro de la motivación del proyecto de Ley en mención se carece de información referente a estudios técnicos que respalden la propuesta planteada, así como su viabilidad técnica, presupuestaria, financiera, económica y su impacto social. Por lo anterior, se recomienda que la iniciativa de ley se analice en relación con las citadas disposiciones emitidas por este Órgano Contralor, en las cuales se solicitó la fijación y el establecimiento de parámetros objetivos para el adecuado y transparente uso del canon”, indica la opinión de la Contraloría.
Según menciona el documento, esto se da en medio del proceso de implementación de mejoras que solicitó el ente contralor a Japdeva, tras una auditoría realizada el año anterior.
CARTERA DE PROYECTOS
La Contraloría también hizo un llamado a que cualquier iniciativa que se ponga en ejercicio con el uso de fondos del canon debería estar registrado en la cartera de proyectos de la institución.
“De manera que su elección se derive de un análisis técnico, financiero, económico, ambiental y comparativo con otros proyectos, según el modelo de gestión establecido”, advierte el escrito.
CANON
El ente contralor hace un llamado a que el canon de fiscalización debe ser administrado según lo que dicta el Contrato de Concesión con APM.
“Con lo que la disposición de esos montos para otros fines distintos a los establecidos se haría en quebranto de esa normativa y del propio contrato de concesión, con una clara afectación y debilitamiento del sistema de control de la concesión”, explica la Contraloría.
El canon de fiscalización corresponde a 1% de las ganancias netas de APM Terminals, que paga mensualmente a la institución estatal.
Finalmente, menciona que el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea disminuye las capacidades de supervisión del ente contralor.
“En el proyecto de ley objeto de consulta no se establece un mecanismo de seguimiento, rendición de cuentas o transparencia de los recursos que provienen de los cánones de explotación y fiscalización de la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, siendo que este órgano de control ve disminuidas sus facultades de fiscalización sobre tales recursos”, concluye el informe.
HACIENDA
En diciembre, el Ministerio de Hacienda también brindó su opinión sobre el proyecto, en esa ocasión la cartera señaló:
“No se observa que haya realizado los estudios técnicos de prefactibilidad y factibilidad financiera y económica, necesarios para determinar, la suficiencia de la fuente de financiamiento y, por ende, su sostenibilidad a través del tiempo”, menciona el documento.
La iniciativa también indica que, como un mecanismo de impulso, se exonere del pago de timbres, impuestos por la explotación del parque e inclusive del impuesto de la renta.
“Debe considerarse que la existencia de una norma temporal como la que se pretende, implica una disminución en la recaudación tributaria, situación que podría afectar el déficit financiero del Gobierno Central”, subrayaron.
JAPDEVA
DIARIO EXTRA consultó a la presidenta ejecutiva de la institución, Andrea Centeno, sobre la posición de la entidad ante la propuesta de Cruickshank, a lo que respondió, “el Consejo Director de Japdeva no conoció el proyecto de ley previo a su presentación. Ya fuimos consultados por la Comisión a cargo de su análisis y estaremos brindando criterio oficial en los próximos días”.
PERIODISTA: Mario Taboada
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Lunes 25 Enero, 2021
HORA: 12:00 AM
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