Diario Extra - Acuerdo FMI toca lotería, pensiones y salario escolar

Las autoridades económicas plantean un ajuste fiscal del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así lo indicó el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero.
De igual modo se mantiene la meta de lograr un superávit primario (ingresos menos gastos sin incluir intereses) del 1% del PIB al 2023 y bajar la deuda a un 50% del PIB al 2035.
Cubero explicó que las nuevas proyecciones parten del ajuste que se hizo en las cuentas nacionales, que ahora sitúan el déficit fiscal en un 8% del PIB y el primario en un 3,4%.
Las declaraciones las dio este viernes, como parte de una conferencia de prensa conjunta con la economista Manuela Goretti, jefa de la misión del FMI para Costa Rica.
La pregunta obligatoria es: ¿Cómo logrará el gobierno ese ajuste del 5% del PIB?
Durante la última intervención del equipo económico se habló de un ajuste del 4% del PIB, de modo que está por verse de dónde saldrá el 1% restante (¢361.000 millones).
El ministro de Hacienda, Elián Villegas, explicó a DIARIO EXTRA que para llegar a cero se ocupa un 4% de ajuste, pero prevén que sobre algo para tener un poco de plata en caja y usar dinero propio para pagar deuda e intereses. “Entonces ese es el 1% adicional”, manifestó.
Villegas dejó claro que no vienen impuestos a las transacciones financieras, a bienes inmuebles ni alzas en el impuesto al valor agregado (IVA).

TRES PILARES

Goretti citó tres pilares de esta propuesta. Habló de una consolidación fiscal que parte de una combinación equilibrada de medidas para racionalizar el gasto en función de la regla fiscal y la generación de ingresos de forma equitativa.
Calificó el programa de reforma fiscal presentado por las autoridades como progresivo y enfocado en reducir la desigualdad en los ingresos.
El segundo pilar parte de la política monetaria del Banco Central, que según la jefe de la misión del FMI sigue siendo expansiva y debe continuar por el mismo sendero.
Un tercer pilar consiste en una reforma macroestructural, a través de proyectos para promover el crecimiento inclusivo y sostenible, abordando la desigualdad.
Esto requerirá mejorar la educación, la innovación, reducir trámites burocráticos, apostar por la digitalización y promover la formalización, y la participación de la mujer en la fuerza laboral mediante una licencia parental.
A eso se suman los esfuerzos en el combate al cambio climático y la descarbonización. Además de seguir la hoja de ruta trazada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

¿QUÉ SE ACORDÓ?

1. Se establecen restricciones en partidas de compras de bienes y servicios y salarios, especialmente en el Poder Ejecutivo.
2. Las entidades no podrán gastar en bienes y servicios más del 67,5% de lo que ejecutaron en el 2020.
3. El Poder Ejecutivo estableció que para el 2025 las transferencias de dinero que las instituciones hagan a otras entidades no podrán superar en más del 2,53% de lo que hicieron en el 2020.
4. Aplicación de la regla fiscal en salarios públicos que no recibirán ajuste por costo de vida de manera indefinida mientras la deuda no baje del 60% del PIB.
5. Congelamiento de pensiones con cargo al presupuesto nacional superiores a los ¢462 mil mensuales. No aplica para el IVM o régimen de la CCSS.
6. Prohibición de reponer plazas que queden vacantes en el gobierno hasta el 2025, con excepciones.
7. Proyecto Ley de Empleo Público, con esquema de salario global sin pluses, con ahorro promedio del 1,4% del PIB.
8. Reducción de exoneraciones (incluye gravar salario escolar superior a ¢840 mil).
9. Aumento del 15% el impuesto a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y planes de ahorro abiertos en esas organizaciones.
10. Elevar por dos años del 15% al 16,5% el impuesto a las ganancias y rentas de capital.
11. Aumentar en 5 puntos los impuestos a remesas de forma permanente.
12. Renta global (para que paguen más lo que más tienen) se suman todos los ingresos de las personas para conocer sus ingresos brutos.
13. Impuesto del 25% a los premios de lotería superiores a ¢225 mil.
14. Impuesto del 0,5% a las casas de lujo con valor igual o superior a ¢150 millones.
15. Mejorar la recaudación de impuestos de las mercancías que ingresen al país.
16. La venta de la cartera de clientes de Conape, no implica vender la institución ni despedir personal.
Para que el gobierno logre el préstamo de $1.750 millones se necesita que los diputados aprueben estos proyectos de ley y para eso hay un plazo al primer semestre de 2021, de lo contrario el acuerdo se cae.
En cuanto a reformas estructurales, Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, descartó la venta de activos o privatización de empresas públicas.