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Nacionales

Gobierno toma represalias contra DIARIO EXTRA

Ordena eliminar suscripción tras serias denuncias

  • Iary Gómez Gerente general del Grupo Extra

Las incesantes denuncias que por más de dos años ha realizado DIARIO EXTRA trajeron este inicio de año una fuerte represalia, varias instituciones cancelaron la suscripción anual de este medio. 

Tal situación era de esperarse porque El Diario del Pueblo no ha quitado un solo día el dedo del renglón y denuncia sin temor alguno los malos manejos de fondos públicos, nombramientos ilegales y pagos excesivos en contrataciones, situación que indispone a esta administración. 

Los periodistas no paran de pedir explicaciones a los jerarcas sobre temas trascendentales como la pandemia del Covid-19, las compras multimillonarias en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), proyectos como la Ley Marco de Empleo Público y los planes ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), acciones que a todas luces le incomodan. 

Se evidencian en cuadros rojos en cada publicación los desaires de los funcionarios pagados por el pueblo y la resistencia a dar explicaciones por pésimas y arbitrarias tomas de decisión.

El silencio es otra de las armas de los gobernantes para castigar no solo a este medio de comunicación, sino también a los ciudadanos que piden cuentas claras. 

DIARIO EXTRA no claudica un solo instante en busca de los puntos de vista de todos los sectores afectados en un país que sucumbe a la crisis y tampoco cierra las puertas a las opiniones de los habitantes, sin distingo de actividad social, política o económica, que se sienten muy golpeados.

Eso le repugna tanto al gobierno que ordenó cancelar una vez más la compra de los ejemplares.

 

PRESIDENCIA Y DIS

 

La Presidencia de la República fue la primera en informar en el oficio DG-DSG-2020-00654 del 18 de diciembre de 2021 que disminuiría a solo 3 ejemplares el contrato que por años mantuvo con El Diario del Pueblo, sin mayores explicaciones. 

La misiva la envió y autorizó Joselyn Samantha Fonseca Mora, jefe del Departamento de Servicios Generales con oficina en Zapote. 

El Ministerio de la Presidencia hizo lo mismo, curiosamente redujo a 3 la cantidad de ejemplares. Así lo informaron a la empresa en el oficio DG-DSG-2020-00655 del 18 de diciembre anterior bajo la misma autorización. 

Mientras que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) con sus oficinas en La Sabana indicó mediante el oficio SSGOFI0010021 que renovaría las condiciones contractuales y solo recibiría este año 3 ejemplares.

Al presidente Carlos Alvarado y sus colaboradores se les ha enfrentado de manera reiterativa por ocultar y manipular información. Así se hizo saber en un recurso de amparo interpuesto en su contra y del ministro de Comunicación, Agustín Castro, quien brilla por su ausencia cuando de dar respuestas se trata.

El Periódico de más Venta en Costa Rica los acusa de secuestrar datos públicos, censurar la libertad de prensa y violentar el derecho de los costarricenses a estar debidamente informados, eso es suficiente para tomar represalias.

 

COSEVI EN LA MIRA 

 

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) informó el 9 de diciembre de 2020 en el oficio No.CSV-DL-DSG-UAC-0130-2020 que tampoco mantenía el contrato para la compra de ediciones impresas, autorizado por el jefe de Servicios Generales, José Humberto Leal Alvarado.

Este medio ha puesto en la palestra pública informaciones importantes acontecidas en esta dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), desde las críticas por los miles de millones que se ganan mes a mes con una restricción vehicular sanitaria ejecutada sin fundamentos técnicos ni jurídicos, hasta el choque entre Cosevi y Hacienda por ¢28.000 millones para el proyecto de cámaras de vigilancia en carreteras. 

También se dieron a conocer las fuertes críticas hacia Cosevi por parte de los importadores de autos.

 

ICE, IAFA Y CORREOS

 

En el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comienzan las represalias. En el Edificio Manuel Dengo, en La Sabana, también se canceló de forma parcial la compra del diario alegando no tener dinero, pero contradictoriamente este medio dio a conocer que esta entidad paga más de ¢260 millones a sus jefaturas y ¢113 millones a más de 40 abogados.

A lo anterior debe sumarse que están planificando una gran y costosa reestructuración, así como el pago de ¢198 millones a asesores y choferes.

Lo mismo hizo el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Por medio de un correo electrónico de dos párrafos canceló la suscripción para este periodo, no sin antes indicar que no tiene presupuesto asignado para tales compras.

Correos de Costa Rica en un correo electrónico informal a nombre de Lorena Espinal Ríos solicitó el retiro de los ejemplares que llegaban a sus instalaciones al informar que el pago de esas suscripciones no se autorizó para este nuevo periodo. 

 

ECONOMÍA, SUPEN Y METEOROLÓGICO

 

Otro caso de suspensión de contratos se registró en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), donde se ordenó que a partir del 1 de enero de 2021 no requerían el servicio informativo.

Justamente DIARIO EXTRA dio a conocer varias noticias que evidenciaban el desorden en esa cartera, comenzando por el interés de desregular el precio del arroz, provocando que este se disparara y resultara imposible de comprar por los más desposeídos.

Los azucareros también se enfrentaron con la ministra Victoria Hernández al indicar que esta se apartó del criterio técnico a la hora de imponer un nuevo arancel del 34,27%, lo cual generó gran controversia en el sector. 

El Diario del Pueblo denunció además que el MEIC quería obligar al Banco Central de Costa Rica (BCCR) a hacer deducciones de planillas, pese a que este ente adujo que era inviable, ajeno a las funciones típicas de un banco central, inconveniente y contrario al interés público.

Rocío Aguilar, superintendente de Pensiones y ministra del hueco fiscal, premiada por tal proeza con un salario millonario en la Supen y la Sugef, también ordenó cancelar la compra de ejemplares de este medio desde el 1 de enero de este año. La notificación se hizo de manera informal. 

Sobre la Superintendencia y su jerarca DIARIO EXTRA informó no solo que su nombramiento se cocinaba desde meses atrás por intereses del gobierno con la intención de darle poderes absolutos como una única mega superintendente, sino que además denunció que llevó a Nogui Acosta para darle un puesto bien pagado, pese a que renunció a su cargo por evadir el pago de impuestos.

 

GOLPE A LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Con estas cancelaciones el Poder Ejecutivo nuevamente violenta la libertad de expresión, limita que El Diario del Pueblo llegue a los ciudadanos que laboran en las oficinas gubernamentales y por ende a que conozcan la información que se deriva de las actuaciones de los funcionarios públicos. 

La libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan, sin por ello ser hostigadas.

Este derecho está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reza: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

Pero este tipo de ataques no son nuevos, comenzaron de forma descarada el año anterior en el Ministerio de Trabajo, cuando la ahora ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, tras verse emplazada por los datos del bono Proteger dictó que nunca más pagarían por ejemplares del DIARIO EXTRA. 

En aquel momento adujo que eran problemas presupuestarios, pero no era así, sino un intento por acallarnos ante las denuncias de dineros mal entregados, filtros escasos y excesos dentro de la estructura creada para los bonos. Todo eso lo evidenció un reciente informe de la Contraloría General de la República.

A los ataques se suma el intento de censura velada de Yamileth Astorga, expresidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuando dijo de forma directa que no podían dar información a El Diario del Pueblo. 

Este es el gobierno con más recursos de amparo interpuestos en su contra por violación a la libertad de prensa y expresión, así como por limitar información pública.

 

Iary Gómez

Gerente general del Grupo Extra

 

Se nota que este gobierno no es tan transparente como se vendió y además que tiene una epidermis tan pero tan delicada que no soporta ni reconoce sus debilidades y fallos en la administración pública. Ha sido tan poco transparente y ha negado a este medio en particular que sus representantes como ministros y presidentes ejecutivos hablen con mi personal, ya que no acepta que investiguemos su actuar en las diferentes instancias.

No entendemos cuál es el fin del gobierno contra este medio de comunicación al desaparecer las suscripciones en sus entidades públicas. ¿Será que no quiere que sus subalternos lean sobre las anomalías o el acontecer nacional para que nadie a lo interno crea que toman decisiones a veces malas? ¿Será que lo que quiere es desaparecer a este medio porque no se alió, como otros, a las peticiones de este gobierno?

El Grupo Extra es independiente y además nació con el fin de permitir a todos los estratos sociales expresarse, pese a estos atentados seguiremos adelante. No nos dejaremos intimidar por las acciones tomadas por estos jerarcas. Sabemos que el pueblo de Costa Rica nos apoyó y nos apoyará siempre porque decimos la verdad sin pelos en la lengua.

 

PERIODISTA: Marco Antonio González

EMAIL: [email protected]

Jueves 14 Enero, 2021

HORA: 12:00 AM

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