El proyecto de ley que busca obligar al Ministerio de Hacienda a implementar un mecanismo de trazabilidad para controlar la comercialización de bebidas alcohólicas tiene luz verde para ser aprobado en segundo debate.
Esto porque la Sala IV rechazó la consulta de constitucionalidad que plantearon algunos legisladores, debido a que tres de ellos retiraron su firma.
“En virtud de lo expuesto y dado que de los 10 diputados originales que plantearon la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, han desistido la diputada Flora María Segreda Sagot, el diputado Pablo Abarca Mora y la diputada Aracelly Salas Eduarte (el 25 de noviembre pasado) la presente consulta resulta inadmisible, por no cumplir con las condiciones dispuestas por el artículo 96, inciso b), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por consiguiente, se debe denegar el trámite a la gestión”, resolvió el órgano constitucional.
En el caso del magistrado Paul Rueda, este se separó del criterio de rechazo y procedió a resolver por su cuenta la consulta indicando que no existen vicios de constitucionalidad.
“Al respecto, las diputadas y los diputados consultantes se limitan a efectuar un abordaje superficial del principio a la libertad de empresa. En ese sentido, no explican de forma sustentada en qué consisten las dudas u objeciones de constitucionalidad en cuanto a tal postulado. Por ello, a priori no me es posible llevar a cabo algún análisis sobre este punto”, indicó.
“En adición, aun cuando también se hace referencia a la posible violación de instrumentos internacionales, no menos cierto es que la parte consultante no argumentó razonablemente la violación a algún derecho fundamental o principio constitucional. Resulta insuficiente enumerar posibles contradicciones entre un proyecto de ley y un instrumento internacional (con mucha más razón si se trata de acuerdos de carácter comercial, cuya materia principal no es propiamente de derechos humanos), sino que para su eventual control en esta jurisdicción debe motivarse necesariamente alguna transgresión al Derecho de la Constitución, lo que no se aprecia en el sub exánime”, agregó el magistrado.
¿QUÉ BUSCA LA LEY?
El proyecto fue votado en primer debate el 19 de noviembre anterior con el voto a favor de 35 congresistas.
La propuesta haría que Hacienda haga un estudio para determinar qué tipo de herramienta tecnológica debe aplicar a los productos con el fin de que el usuario tenga seguridad de consumir lo que compra, pero además le daría al Ministerio un control cruzado fiscal.
También, incluye a la Policía Municipal de los diferentes cantones para que coopere con la fiscal para los operativos contra la confección y venta de licores adulterados, que han causado más de 40 muertes en el último año.
La ley no ha dejado de tener gran polémica en el plenario luego de que varios legisladores acusaron el lobby de empresas cerveceras que finalmente lograron sacar a la birra del proyecto.
El liberacionista Daniel Ulate, principal impulsor de la propuesta, calificó como una victoria contra el contrabando el avance de esta iniciativa.
“Espero que el gobierno convoque esta propuesta cuanto antes para que sea aprobada en segundo debate y que el Ministerio de Hacienda tenga una herramienta útil para combatir la evasión fiscal de estos licores que ronda los $95 millones anuales”, adujo.
A ese llamado se sumó la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
“Por medio de un acuerdo de su asamblea general tomado en noviembre del 2020, solicita al señor presidente de la República, Carlos Alvarado, y a la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, la convocatoria de dicho proyecto de ley para darle su segundo debate”, dijo Jonathan Espinoza, director ejecutivo de ANAI.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 14 Enero, 2021
HORA: 12:00 AM
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