La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa dio aval al expediente 21.290, una propuesta de ley que busca otorgar apoyo a mujeres de las zonas rurales para que puedan desarrollar sus proyectos y emprendimientos.
Se trata de una iniciativa de las diputadas Carmen Chan y Nidia Céspedes del bloque Nueva República, donde se propone crear el Programa Nacional de Créditos y Tasas Preferenciales para la Mujer Rural (CRETA-MUJER).
La propuesta de ley busca que las mujeres que residen en zonas rurales, preferentemente las que sean jefas de hogar, tengan al menos una persona a su cargo o bajo su cuido y responsabilidad, sea esta menor de edad, persona adulta mayor, persona con discapacidad o persona estudiante, puedan optar por créditos a tasas bajas para que desarrollen emprendimientos.
El texto explica que se podrán financiar actividades de personas físicas o jurídicas de micro, mediana y pequeña empresa, en proyectos sobre agricultura, acuicultura, ganadería, pesca, producción artesanal, adquisición de terreno para producción, infraestructura menor para comercio formal e informal, servicios y otras que se encuentren dentro de las competencias del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
¿CÓMO SE FINANCIA?
Para funcionar CRETA-MUJER se apoya con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y en los fondos del Inder, así como en todo el resto de instituciones del Estado.
El Inamu haría un aporte inicial y por una única vez de ¢1.000 millones.
“El aporte de un 12% del monto total reportado como superávit anual de cada institución pública, durante los primeros cuatro años después de la entrada en vigencia de esta Ley. Posteriormente, cada institución proporcionará un 1% de su superávit anual, en los siguientes seis años”, agrega el texto.
También el 1% de las utilidades anuales que aportarán los bancos del Estado por un periodo de diez años, desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Según se explica en el texto del Inder, la Unidad de Crédito Rural será el ente encargado de la administración del 70% de los fondos de CRETA-MUJER.
La distribución de este 70% será: un 50% para los créditos a la mujer rural, un 40% como aval para quienes no tengan garantías para préstamo y el restante 10% para las gestiones de funcionamiento interno, sin perjuicio de las competencias y funciones de este ente.
Pero, además, esta nueva unidad especializada de crédito se ubicaría en el Inamu y estará integrada por personal “con aptitud y actitud sensibles al género”, que aporta el Instituto, y también el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Inder, el Consejo Nacional de la Producción (CNP) y el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).
FUNCIONES
El Inamu tendría además las funciones de “gestionar los enlaces interinstitucionales para abarcar la asistencia técnica, que requieran las mujeres”.
“Coordinar capacitaciones relacionadas a la empleabilidad de la mujer rural. Brindar informes anuales del programa, para la Contraloría, las comisiones de la Mujer y de Ingreso y Gasto Público del Congreso y coordinar y gestionar con bancos del Estado, la fijación de tasas preferencias de crédito de un 8%, y otras entidades autorizadas para el desarrollo de los proyectos indicados en esta ley”.
OPOSICIÓN
El Inamu en la consulta que se le hizo del proyecto manifestó su oposición.
“Consideramos que esta propuesta si bien se enfoca en una población específica de mujeres que requiere fortalecimiento en la atención por parte de las instituciones, es duplicar lo ya dispuesto en la Ley de Inder, que incluye en sus programas crediticios a las mujeres jefas de hogar y organizadas, pero no excluye a otras mujeres habitantes de las zonas rurales en su diversidad ni restringe a esta población específica de otras condiciones que requiere para el acceso a los recursos como sujetas de derechos. La Ley 9036 incluye a todas las mujeres como sujetas de derecho en su diversidad, estableciendo un conjunto de principios y enfoques orientadores del desarrollo rural: la integralidad, la participación, la multisectorialidad, la sostenibilidad y otros como el desarrollo humano”, señalaron.
En el caso del Inder, su respuesta indicó las trabas sobre la colocación de los recursos: “el problema de acceso al crédito no es por falta de recursos institucionales, sino que en primera instancia es motivado porque las mujeres no cuentan con las condiciones materiales para el cumplimiento de requisitos de las entidades financieras, especialmente de garantías para poder acceder a los créditos y en segunda instancia por la capacidad de gestión institucional y capital humano, por lo que se recomienda valorar y orientar el proyecto de ley en esas perspectivas para el beneficio de las mujeres.”
Otras entidades como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Junta de Protección Social (JPS) mostraron preocupación sobre el porcentaje que se les quitaría del superávit para el fondo de estos créditos.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 02 Diciembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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