Uno de los siete acusados de colocar explosivos en varios sitios de San José, identificado como Manfred Sandoval Alvarado, alzó la voz y mediante un documento enviado a DIARIO EXTRA asegura que existe una filtración sobre datos sensibles del expediente que lo está perjudicando.
Los miembros del grupo tenían chats en la red social WhatsApp donde destacaban los nombres con los cuales se denominaban, tales como Terroristas Criollos, Terroristas Patrióticos y Resistencia Costarricense.
El primero hecho que se les atribuye ocurrió el 26 de junio de 2019 en la Asamblea Legislativa, cuando lanzaron una bomba casera en la oficina de la diputada Zoila Rosa Volio del Partido Integración Nacional (PIN).
El segundo evento se produjo el 27 de julio, cuando dejaron un dispositivo en La Sabana, para el cual usaron un extintor al que le agregaron pólvora negra y nitrato de potasio, además, tenía un temporizador que determinaba el momento en que explotaría.
El tercer atentado pudo frustrarse con la detención de un hombre en un bus de El Guarco el 14 de setiembre, quien transportaba dos aparatos explosivos, los cuales estaban activados y con un temporizador.
Tras una serie de allanamientos, Sandoval, quien es conocido como Macuá, fue detenido y actualmente permanece recluido en el ámbito A1 de la cárcel de San Sebastián. De acuerdo con las autoridades judiciales, este hombre se encargó de la fabricación de las bombas, pues cuenta con 18 años de experiencia en aires acondicionados.
“Se denota que no hay transparencia ni justicia competente en el OIJ y en tres meses montaron una persecución política para que en un megaoperativo con fuerzas especiales allanaran a seis patriotas trabajadores. Qué pretexto o mampara encontrarán para tapar y esquivar los futuros cuestionamientos, siempre encuentran el pretexto perfecto, es la constante en este totalitario gobierno PAC”, detalló Sandoval.
Macuá agregó que sus familiares fueron encañonados y hasta esposaron a un niño de 3 años.
“En 3 meses derribaron a fuertes opositores de Alvarado Quesada, chuzados por la UPAD, pero en 12 meses se ve la gran corruptela para no tocar ninguno de su hogar, los suyos son inmunes. Es difícil archivar, denunciar, que manden a rendir cuentas por delitos informáticos, ya que de encontrar el culpable pondría en riesgo la credibilidad del Poder Judicial permitiendo que algunos de sus funcionarios manchen la institución, mediante tráfico de influencias”, recalcó.
CASO ESCANDALOSO
El acusado de terrorismo menciona que la Fiscalía, mediante prórrogas, tiene en una oreja a los políticos y en la otra a los medios de prensa.
“Presionan para tratar de encontrar de alguna manera la forma de condenarnos a la fuerza, ya que una futura absolutoria sería catastrófica para Alvarado Quesada, porque se le viene abajo todo el show político y mediático que armó.
Somos presos políticos del gobierno perverso del PAC, sin embargo, quiero agradecer el apoyo de mi familia, compañeros de trabajo, metaleros y amigos en general, que me han apoyado con encomiendas, llamadas telefónicas y en sus oraciones”, acotó.
