Tras una acalorada discusión, una mayoría de 26 diputados rechazó una moción que pretendía trasladar al Ministerio de Educación Pública (MEP) 2.000 plazas de cocineras que trabajan en comedores escolares.
En medio de la aprobación del presupuesto ordinario 2021, la oposición acordó incluir en la megamoción de recorte un traslado de ¢8.447 millones a las juntas de educación para garantizar los salarios de estas 2.000 cocineras.
La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), con el apoyo del frenteamplista José María Villalta, los socialcristianos Shirley Díaz y Óscar Cascante, más el independiente Dragos Dolanescu pretendía que esas plazas fueran al MEP.
Esta divergencia de criterios generó que el Congreso se enfrascara en una discusión donde un grupo defendía el deseo de las cocineras para ingresar al MEP y otros insistían en que no es el rol del Estado estar contratando personal.
GARANTÍAS
Villalta y las oficialistas Paola Vega y Nielsen Pérez enfatizaron en que las trabajadoras quieren ir al MEP porque ahí tendrían estabilidad laboral, a pesar de aceptar una reducción de sus salarios al pasar de ¢444 mil al mes a ¢286 mil.
Mientras que las liberacionistas Paola Valladares, Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández señalaron que no hay seguridad de que el MEP contrate a las cocineras, ya que todas deberían ir al Servicio Civil y entrar a un concurso.
Mientras esto ocurría, un grupo de estas mujeres se encontraba afuera del edificio legislativo donde asistió por varios días pidiendo que las plazas fueran al Ministerio y no a las juntas.
“Ese riesgo (llegar al MEP) es menor a la situación de precariedad en la que viven ahora, y han ponderado y analizado porque no son tontas, saben que es peor la precariedad que viven ahora, porque si la junta se desarma, ellas son ad honorem, van a pasar meses sin salario. Algunas no están aseguradas, no reciben aguinaldo, entonces a pesar del riesgo con un concurso en el Servicio Civil piden que el cambio se apruebe”, comentó Villalta.
“Ellas saben lo que quieren, es una lucha que traen hace años y quedó plasmada en la convención colectiva del 2013, ellas no son tontas, son autónomas y saben lo que están pidiendo. No hay certeza de que sean contratadas el próximo año, tienen claro que hay que hacer un concurso, pero el Servicio Civil deberá definir la metodología y tomar en cuenta la experiencia”, adujo la oficialista Pérez.
NO ES LABOR DEL ESTADO
“Estamos hablando de un Estado abotagado y lo único que saben es sumar y sumar al gasto”, dijo la liberacionista Delgado.
“Se les olvida dónde se negociaron estas 2.000 plazas, en una convención a las espaldas del pueblo (en referencia a la convención colectiva del MEP que negoció el gobierno) y el próximo año serán 2.000 más”, agregó.
También la independiente Ivonne Acuña se pronunció y reclamó que el MEP debe dar respuestas por la incapacidad que ha mostrado.
“Este Parlamento no está cercenando los derechos de ninguna cocinera y saben quién si, el MEP, por eso tuvieron que hacer la convención colectiva a la espalda del pueblo. Aquí nadie está despidiendo cocineras”, enfatizó.
“Emplear trabajadores no es el propósito del Estado, pero sí garantizar el derecho de los ciudadanos y esta discusión denota la falla del Estado. La solución ante esto no es incorporar a más personas en planilla. Se puede aprovechar la eficiencia en el servicio y costos más bajos de las subcontrataciones y exigir que las señoras obtengan sus derechos. Garantizar que eso suceda. Hacer los cambios para que eso suceda. Bajo modelos de subcontratación similares funcionan muchos servicios en centros educativos privados, empresas y urbanizaciones. Si el argumento es que el Estado no puede hacer lo mismo, entonces ahí está el problema. Hay mucho estatismo y populismo barato en esta discusión por parte del PAC”, mencionó la liberacionista Hernández.
Luego se conoció otra moción de la socialcristiana Díaz que tenía el mismo fin, pero tras otra discusión fue rechazada.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 25 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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