En agosto de 2018, la Sala Constitucional ordenó al Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) hacer estudios sobre la pesca de arrastre para demostrar o descartar qué tan viable era la actividad. Sin embargo, dos años después la Administración reconoce que no se hicieron como debían.
Así consta en el oficio DP-P-099-2020, que está firmado por el presidente Carlos Alvarado, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, y Andrea Meza, jerarca de Ambiente.
Del documento se desprende que: “Un posible estudio de esa magnitud (duración, requerimientos, análisis, procesamiento, entre otros) amerita la inversión aproximada de ¢3.000 millones; además, tal investigación debe ser realizada conjuntamente por el Incopesca, el Minae de la mano con la academia, a efectos de cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional en las diversas sentencias sobre el tema”.
Añaden que el presupuesto demandado para realizar la investigación indicada en el Decreto Ejecutivo número 9909 obligaría al menos al Incopesca a seguir el trámite correspondiente para la respectiva aprobación presupuestaria, con apego a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Argumentan que el Estado costarricense no cuenta con embarcaciones para realizar la investigación, y que sería necesario efectuar una licitación pública para contratar el recurso material y humano adecuado para desarrollar tal estudio.
Serían los resultados de esta investigación científica los que servirían como base para eventualmente emitir la regulación técnica pertinente para la implementación de esa práctica pesquera, así como la cantidad de licencias, indica el veto.
Posteriormente agregan que el estudio que se llevó a cabo, entre octubre y diciembre de 2018, resultó insuficiente. El objetivo principal era evaluar los porcentajes de exclusión de fauna de acompañamiento, conocido como FACA, en la pesquería de las especies de camarón pinky (Penaeus brevirostris) y Fidel (Solenocera agassizii).
“Si bien esta acción representa un avance en la generación de la información necesaria, lo preciso es que como fue señalado por el mismo Incopesca, tal investigación es aún insuficiente y no es sostenible asumir que con tal estudio se tiene un elemento consolidado para avanzar con la reinstauración de tal práctica”, establece el documento del veto presidencial.
Según el Gobierno, para poder declarar la viabilidad de la pesca sostenible del camarón, se necesitan varios años de estudios.
En contraposición, Emanuel González del Valle, vicepresidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores y director técnico de la Pesca de Camarón, externó que el Gobierno no tiene estudios que garanticen la sostenibilidad ambiental de ninguna de las actividades pesqueras que se realizan en el país.
Asegura que esto fue ratificado en un oficio del propio Incopesca emitido el año anterior. En este sentido, considera que el trato que ha hecho la Administración hacia los camaroneros es desigual con respecto al resto de pesquerías.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 21 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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