La empresa Pedregal alega desconocimiento sobre las denuncias municipales publicadas en DIARIO EXTRA en relación con la construcción de 19 obras sin permisos y de 10 denuncias de carácter ambiental.
El pronunciamiento se da tras el informe DTO-151-2020 elaborado por la Municipalidad de Belén.
Boris Molina, abogado de Pedregal, indicó que aún no tienen conocimiento del informe al que hace referencia la publicación de El Periódico de Más Venta en Costa Rica de este lunes.
Molina comentó que se trata de un documento emitido por una comisión municipal y que supuestamente habría sido visto por el concejo municipal y no aprobado, sino postergado, para proceder a una nueva revisión.
El abogado afirmó que están a la espera de un estudio integral de la situación por parte del ayuntamiento municipal, así como de la Unidad de Desarrollo Urbano, que está en análisis sobre los casos abiertos de Pedregal y Monte Potrerillos.
“Claramente, sea lo que sea no hemos sido notificados de la situación, no se ha cumplido el debido proceso y, por lo tanto, no solo es injusto, sino inconstitucional, que se achaque cualquier tipo de responsabilidad a quien ni siquiera conoce de qué se le acusa.
En todo caso, ninguna de las empresas de mis clientes actúa fuera de la ley, mucho menos en este caso que, por ejemplo, para las denuncias presentadas con relación a la Quebrada Sin Nombre y a los ríos Virilla y Bermúdez, mediante resolución Nº233-13-TAA de fecha 13 de marzo de 2013, el Tribunal Ambiental Administrativo resuelve homologar el acuerdo conciliatorio propuestos por el alcalde de Belén, el presidente ejecutivo del Sinac y el director de Aguas”, apuntó Molina.
El defensor argumentó que desde entonces no recibieron ninguna otra denuncia que se relacione con esos temas, por lo cual, se debería ser consecuente y respetuoso del principio de inocencia que consagra nuestra Constitución y no asumir como cierto lo que aún no se prueba.
Señaló a los regidores del partido Unión Belemita y dijo estar sorprendido por afirmaciones precisas de supuestos expedientes administrativos que deberían ser privados y dársele el tratamiento en ese sentido de privacidad.
“No tiene sentido y sería absolutamente ilegal que, por ejemplo, un regidor conozca antes y lo haga público acerca de una supuesta denuncia en contra de un administrado que no ha sido notificado.
Lo que raya claramente con el deber de probidad al que están sometidos los funcionarios públicos conforme al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y cuya sanción máxima podría significar la pérdida de credenciales”, advirtió el abogado.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Martes 27 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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