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Nacionales

Presidencia manda jerarcas a llorar por presupuestos

Despacho del ministro Marcelo Prieto emitió directriz

Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, ordenó emitir las comunicaciones

 

 

 

Una avalancha de comunicados de prensa de las instituciones gubernamentales suplicando que no les rebajaran el presupuesto para 2021 inundó los correos de los medios de comunicación, así como los perfiles en redes sociales de cada entidad.
Se trata de una maniobra orquestada por el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, quien desde el domingo en la noche dio la directriz de emitir las comunicaciones.
Específicamente pedía reacciones para oponerse a las mociones de reducción del gasto público que plantean los diputados de oposición en el presupuesto nacional 2021.
Desde el despacho de Prieto advirtieron que este lunes la Comisión de Asuntos Hacendarios conocería las 180 mociones del presupuesto, de ellas 150 son de oposición y 30 del Partido Acción Ciudadana.
“Importante además hacer gestión fuerte con sectores y comunicación según el grado de afectaciones”, señalaba el mensaje.
El ministro incluso envió un enlace para que cada institución pudiera conocer las mociones de recorte al gasto y diera las razones sobre la afectación de forma clara y como respuesta específica a cada moción.
“Para mañana (lunes) antes de las 7:30 a.m. deberían de estar remitiendo observaciones por cada moción que les cause afectación a ustedes a José Daniel Córdoba (asesor de la diputada Laura Guido) y a mi persona.
Es importante hacer la individualización de alerta por moción y con detalles concretos. Si nosotros no damos los insumos, la fracción no podrá defenderlo”, cita el mensaje enviado por Prieto a las instituciones, el cual aseguran buscaba dar a los diputados oficialistas los insumos para defender el presupuesto.
DIARIO EXTRA llamó a Prieto para pedir explicaciones sobre la directriz que emitió. Pese a que atendió amablemente la llamada, cuando le cuestionamos sobre el mensaje cambió el tono de voz a uno apresurado e indicó que estaba en una reunión, en la que debía intervenir en ese momento.
Posteriormente dijo que nos devolvería la llamada, lo cual nunca ocurrió.
De igual manera pedimos una explicación al correo formal de consultas de la prensa designado por Presidencia, pero al cierre de edición no habían dado ni siquiera el acuse de recibo de la gestión solicitada.

 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

En el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) informaron que el recorte afectaría los recursos dirigidos a niños y niñas en riesgo atendidos por el Patronato Nacional de la Infancia, programas de conectividad para el proceso educativo, personas en situación de discapacidad beneficiarias del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), programas de prevención para nuestros jóvenes, servicios del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), beneficios para jóvenes en riesgo de trabajo infantil y personas en desempleo a ser atendidas por el Programa Nacional de Empleo (Pronae) y el componente Empléate, entre otros.

 

PODER JUDICIAL

Proponen una reducción que asciende a ¢1.233 millones en subpartidas de transporte y viáticos en el país y en el extranjero, lo cual aseguran repercutiría en el cumplimiento de las funciones asignadas al personal en general. También impactaría los recursos que se utilizan para la asistencia social de personas que forman parte de los procesos.
La disminución en tiempo extraordinario y suplencias generaría riesgos en los servicios ordinarios y esenciales del Poder Judicial. Las propuestas para rebajos de partidas de materiales y suministros, alquileres de locales comerciales, de maquinaria y equipo de cómputo, entre otros, incidirían directamente en funciones como el cierre técnico de oficinas por falta de recursos para el cumplimiento de contratos existentes.

 

REGISTRO NACIONAL

En la institución informan que tendrían un cierre técnico porque no podrán brindar los servicios de emisión de certificaciones digitales en línea, recibir y tramitar escrituras públicas a través de la Ventanilla Digital, mantener la sostenibilidad de la plataforma digital para la presentación de solicitudes de marcas y otros signos distintivos, atender y cumplir con la calificación de documentos en el plazo de ley, que son 8 días naturales, y brindar la consulta en línea del Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) para los profesionales en topografía.

 

MIGRACIÓN

En la institución afirman que el recorte tendría como consecuencia un cierre técnico y añaden que los obligarían a suspender o cerrar muchos servicios dentro y fuera del territorio nacional.
También dijeron que la Policía Profesional de Migración no podrá realizar deportaciones, la deducción en viáticos y transporte al exterior y la reducción al Fondo Especial; no podrá hacer operativos ni desplazarse a lo largo y ancho del país.
En el rubro de alquileres que corresponde a Oficinas Regionales, Oficinas de la Policía y el Datacenter dicen que lo presupuestado cubre los contratos, por lo que se cerrarían puestos de control migratorio y la afectación en los sistemas con filas en aeropuertos, afectación al turismo y repercusión en temas de seguridad nacional.

 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

El recorte propuesto para la cartera es de hasta ¢6.400 millones, lo cual llevaría a cierres técnicos a diversas instituciones y programas o comprometer los mandatos de ley ante la falta de recursos económicos para atender las obligaciones.
Añaden que tendrían un ajuste en el presupuesto de algunos órganos desconcentrados que llegaría a decrecer cerca del 40%, generando en algunos casos un déficit para asumir el pago de los costos fijos necesarios para operar, tales como agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, servicios de seguridad y limpieza, así como mantenimientos mínimos, entre otros.

 

MINISTERIO DE SALUD

El ministro Daniel Salas aprovechó la conferencia Covid-19 para referirse a la disminución de los recursos e instó a los diputados a no recortar el presupuesto de la entidad que dirige porque repercutiría en la atención de la pandemia y otras responsabilidades sanitarias, tales como la prevención del dengue y el cumplimiento de la ley antitabaco.
Los recortes que se plantean en partidas como tiempo extraordinario, agua, electricidad, telecomunicaciones, pago de marchamos de flotilla vehicular, seguros de los vehículos y combustibles, entre otras, asegura van en detrimento de las funciones que deben realizar los funcionarios diariamente y en la disponibilidad de recursos humanos y económicos para el trabajo.

 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Las universidades públicas se oponen a la moción que pretende recortar aproximadamente ¢53.000 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2021.
La moción supone un rebajo de ¢49.000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como ¢3.000 millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.
Varios mensajes de las autoridades universitarias señalan que de aprobarse el recorte al monto afectaría radicalmente las actividades de las instituciones, lo que implicaría la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año.

 

COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS

Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), explicó que la reducción solicitada por los diputados asciende a ¢1.323 millones y añadió que, de aplicarse los recortes, tendrían afectaciones en el uso de equipo de comunicación y tecnologías de la información, limitando la conectividad a los territorios víctimas de un desastre natural.
También señala que se haría un recorte en un programa de textiles que imposibilita la compra de colchonetas y cobijas usadas en albergues. También se presentan recortes en partidas relacionadas con proyectos de investigación y generación de información sobre amenazas y riesgos.

 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

En la cartera informaron que la moción 113 incluye una rebaja de más de ¢4.000 millones que afectaría compras en equipos de transporte, comunicación, armas, chalecos, uniformes, alimentación, combustible, seguros, equipo de cómputo y licencias para monitoreo de redes, entre otros.
La moción 114 presentaría una rebaja de más de ¢3.000 millones que afectaría el gasto operativo de todos los cuerpos policiales, pues aseguran son gastos ineludibles, a saber servicios de telecomunicaciones (servicio de telefonía, internet y radiotroncalizado), seguros, otras prestaciones e indemnizaciones.
También afectaría los contratos vigentes en la subpartida de alquileres de edificios, locales y terrenos que albergan las delegaciones policiales de todo el país, entre otros.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA

En la cartera señalan que también tendrían un cierre técnico y un fallo sistémico. De aprobarse el recorte deberían eliminar fondos para la alimentación de las personas privadas de libertad, se afectaría la provisión de meriendas para estudiantes de escuelas y colegios, así como otros actores locales que participan en las capacitaciones de los procesos de paz, resolución alterna de conflictos y prevención de la violencia que lleva a cabo el Viceministerio de Paz.
En la subpartida de bienes intangibles del programa de atención penitenciaria impedirían darles mantenimiento a los sistemas que utiliza la Policía Penitenciaria para el control, seguimiento y atención de las personas privadas de libertad, con los que se realiza el control de las penas, traslados, visitas, encomiendas y atenciones médicas, entre otros.

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

En el Ministerio de Educación Pública (MEP) la reducción sería de ¢190.000 millones, lo cual aseguran pone en peligro la continuidad del servicio educativo.
Indican que entre las mayores afectaciones están las correspondientes al programa relacionado con la Tecnología a la educación, donde también la reducción a la Fundación Omar Dengo dejaría sin conectividad de internet a 721.947 estudiantes en 2.120 centros educativos que están incluidos en la Red Educativa del Bicentenario, cuyo contrato está en proceso de adjudicación.
El rebajo en tecnología también imposibilitaría la compra de equipo para los colegios técnicos, tales como simuladores para la enseñanza en línea, de enseñanza industrial, para la enseñanza de labores agropecuarias y equipo de simulación del proceso de control de máquinas de control numérico computarizado, entre otras afectaciones.

 

 

 

PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano

EMAIL: [email protected]

Martes 20 Octubre, 2020

HORA: 12:00 AM

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