Diario Extra - Auditor de CCSS canta nueva adjudicación a Miren Martínez

El auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) envió al Ministerio Público un legajo de pruebas para que se investigue una tercera compra de mascarillas que hizo la institución por presuntos incumplimientos de los requisitos exigidos en el cartel de licitación, lo que llama la atención es que es un proceso ganado por MR Comunicaciones Políticas.
Así lo reveló ante los diputados miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en la comparecencia por la compra de mascarillas a las empresas MR Comunicación Política, propiedad de la periodista española Miren Martínez, y a la del contador David Landergreen.
La compra que el auditor interno Olger Sánchez Carrillo envió al Ministerio Público no se relaciona con las dos que se cuestionaron desde hace varias semanas, sino que es una nueva licitación para adquirir 570 mil unidades.
Sánchez Carillo dijo a los legisladores que remitió el caso ante la Fiscalía el 22 de setiembre anterior, tras realizar una investigación interna.
“Encontramos elementos de mérito que hacen presumir la existencia de hechos con relevancia en sede administrativa y penal”, señaló ante los congresistas, recalcando que remitió la denuncia con todo el legajo de pruebas halladas en su investigación.
Expediente al Ministerio Público
Tras esta declaración, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides cuestionó al funcionario para que brindara mayores detalles sobre este tercer caso.
No obstante, solo mencionó que se trata de la adquisición de 570 mil unidades del equipo de protección personal, cuyo proceso asciende a $1,3 millones, que al tipo de cambio actual supera los ¢785,3 millones.
Pese a que se pidió mayor información, Sánchez Carrillo evitó ampliar o dar mayores detalles del caso, argumentando que se trata de un tema que ya se investiga en sede judicial.
El auditor interno mencionó que tampoco podía dar mayores detalles del caso de las compras a MR Comunicaciones Políticas y a David Landergreen, pues con anterioridad la Fiscalía de Probidad le hizo una prevención sobre el secreto de la información.
“En lo personal y también como funcionario de auditoría lanzan las prohibiciones que las regulaciones y el deber de confidencialidad y de secreto establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, en virtud de que esta es información que se considera una investigación privada por la fase en que en este momento se encuentra, por lo tanto, voy a referirme en términos generales”, justificó.
No obstante, sí aclaró que le pareció incorrecto que se quite una comisión ad hoc con experiencia para nombrar una completamente nueva y que tampoco vio con buenos ojos que eliminaran como requisito fundamental la experiencia del proveedor.
CCSS se quita el tiro
La compra realizada y analizada técnicamente corresponde al procedimiento de compra 2020CD-000062-5101 con la empresa MR Comunicaciones Políticas, que ganó la licitación por 570 mil unidades de respiradores KN95, por un valor de $1.299.000 (un millón doscientos noventa y nueve mil dólares).
El equipo técnico de Salud Ocupacional de la CCSS concluyó que el producto entregado por el proveedor “no cumple, ni es el mismo que se pidió, ni técnica ni administrativamente”, esto se traduce en un incumplimiento contractual.
Pero la CCSS también identificó una segunda compra que corresponde al procedimiento 2020CD-000047-5101 con la empresa Bioplus Care por un total de 300 mil unidades de respiradores KN95 por un valor total de $1.140.000, que al tipo de cambio actual asciende a ¢688,6 millones.
En este caso las instancias técnicas determinaron que las certificaciones aportadas y las pruebas de desempeño a las que hacen alusión corresponden al estándar EN-14683:2014 mascarillas quirúrgicas, las cuales no concuerdan con el producto adquirido.
Pero, además, su porcentaje de eficacia de filtración de partículas no es el requerido para la protección contra gotas y aerosoles respiratorios.