Las 7.000 plazas de empleo público que el gobierno propone suprimir como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que forman parte de la movilidad laboral, son consideradas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) como despidos.
Esto debido a que la administración de cada entidad de manera unilateral y vertical determinará cuáles puestos de trabajo son prescindibles, lo que generará un enfrentamiento en las instituciones.
"La injusta medida, impregnada de una fuerte carga ideológica antiobrera, castigará, fundamentalmente, a las entidades del Poder Ejecutivo, básicamente los ministerios y los entes adscritos a los mismos.
Medida más que injusta, pues en este tipo de instituciones se devengan los salarios más bajos y precarizados de la Administración Pública costarricense, considerando que es el sistema de Servicio Civil que rige en las entidades del Poder Ejecutivo", indicaron Albino Vargas y Walter Quesada, secretario general y secretario general adjunto de ANEP.
Para los líderes sindicales estás 7.000 personas, así como sus familias, resultarían víctimas inocentes al perder sus trabajos por la carga de la deuda pública.
En ANEP consideran que los exorbitantes montos que asfixian las finanzas del Estado no son equivalentes al salario anual de esos 7.000 puestos de trabajo.
En el sindicato aseguran que cálculos hechos por el Ministerio de Hacienda revelan que sin esas plazas recaudarían al cabo de cuatro años ¢390.000 millones; es decir, apenas ¢97.500 millones por año.
Mientras que solo en intereses de la deuda pública se habla de un 5% del PIB al año, o sea ¢1.875.000.000.000.
Para Vargas y Quesada "la economía fiscal es proporcional al desastre social de las 7.000 familias más agregadas a la brutal tasa de desempleo e informalidad".
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Sábado 19 Septiembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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