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Nacionales

Acusan alcalde ante la Procuraduría de la Ética

Muni vuelve a contratar empresa integrada por exsíndica

  • El acto de adjudicación se dio el 16 de junio de 2020.

  • José Manuel Ulate, alcalde de Heredia.

José Manuel Ulate, alcalde de Heredia, fue denunciado ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) de la Procuraduría General de la República (PGR) por contratar servicios municipales presuntamente de forma ilegal. 

El denunciante cuestiona el proceso de adjudicación en la licitación pública No. 2020LN-000001-0021700001 en favor de la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A.

El gobierno local buscó la contratación de servicios de corta, chapea y otros mantenimientos de zonas verdes municipales en los distritos centrales de Heredia. 

La adjudicación se efectuó por ¢196.014.449, correspondiente al precio total anual por 19 visitas y un valor unitario por metro cuadrado de ¢20,66. 

El motivo por el cual la empresa contaba prohibición, según señala la denuncia, obedecía a que Laura Miranda Quirós, una de las directivas, fue síndica suplente por el distrito de San Francisco de Heredia. 

La resolución Nº 7386-M-2019 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que indica la renuncia de Laura Miranda Quirós, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 4 de noviembre de 2019. 

Según el artículo 23 de la Ley de Contratación Administrativa, en el apartado “levantamiento de la incompatibilidad”, se detalla que “cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde que la participación social del pariente afectado fue cedida o traspasada o de que este renunció al puesto o cargo de representación. 

Mediante el trámite que se indicará reglamentariamente, la Contraloría General de la República acordará levantar la incompatibilidad”. 

De acuerdo con la denuncia en poder de DIARIO EXTRA, la fecha límite de recepción de ofertas para este concurso se fijó para las 10:00 a.m. del 30 de abril de 2020. 

Resume el documento que la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. contaba con una prohibición para contratar con la Municipalidad de Heredia. 

Dicha prohibición de contratar regía hasta el 4 de mayo, y al momento en que se dio la apertura para concursar y la presentación de las ofertas, la compañía no podía participar. 

La Comisión de Contratación de la Municipalidad de Heredia recomendó la adjudicación a la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo Sociedad Anónima el 16 de junio anterior.

La denuncia sostiene que resulta inadmisible que los funcionarios municipales que pertenecen a la Comisión de Contratación Administrativa, así como el alcalde Ulate, recomendaran adjudicar una licitación pública a una empresa incursa. 

El denunciante argumenta que el gobierno local se encuentra violentando las normas legales de orden público y las imperativas, lo cual merece una investigación. 

Con respecto a la petitoria, se está solicitando la apertura de un procedimiento administrativo de investigación de la adjudicación en favor de la compañía. 

También se insta la destitución sin responsabilidad patronal de los funcionarios municipales que participaron en el proceso de recomendación y el acto de adjudicación presuntamente irregular. 

Por último, se solicitó la nulidad de dicha adjudicación por la violación a las normas legales. 

El 13 de abril de 2020 la proveeduría municipal envió un oficio al ayuntamiento cuyo asunto se trata de la descalificación de la oferta de Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. 

Enio Joaquín Vargas, proveedor municipal, envió un documento señalando que Laura Miranda Quirós fungió como vicepresidente de la empresa, fue síndica suplente y no habían transcurrido seis meses desde que se publicó la cancelación de credenciales, lo correcto era descalificar la oferta. 

José Manuel Ulate, alcalde herediano, dijo a DIARIO EXTRA que esa situación no es nueva, que la funcionaria renunció a la sindicatura y que ya hubo una denuncia ante la Contraloría General de la República. 

Ulate argumentó que existe una comisión con 3 funcionarios y los cuales procedieron a efectuar las acciones. 

“Esa denuncia había sido presentada antes de la campaña política porque la Contraloría había dado un dictamen en 2012 que no había una prohibición, en 2017 cambia criterio. Eso es lo que pasó, hubo que suspenderla en aquel momento”, resaltó el jerarca.

PERIODISTA: Greivin Granados

EMAIL: [email protected]

Sábado 19 Septiembre, 2020

HORA: 12:00 AM

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